Acatarán la ley pero también pondrán todos los palos en las ruedas posibles para que la reubicación en la Península de los aproximadamente mil menores no acompañados que han quedado en Ceuta se materialice. Aunque aún no ha habido ninguna comunicación oficial, las comunidades del PP, cuatro de ellas en coalición con Vox, estudian ya las vías para tratar de frenar el reparto en cuanto el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego active oficialmente los mecanismos de acogida. Insisten en su mayoría en que no pueden asumir «más presión migratoria» porque sus recursos y capacidad de atención están «al límite» y ya hay quien promete, como es el caso de Aragón o Castilla y León, una respuesta judicial ante la posible operación por parte del Gobierno central.

La batalla viene de lejos. Los populares se han mostrado desde el inicio profundamente reticentes a los criterios que el Gobierno de Pedro Sánchez estableció en la última reforma de la Ley de Extranjería para redistribuir entre las comunidades a menores inmigrantes sin amparo familiar en caso de emergencia humanitaria o si lo pedían otros territorios. Una modificación de la norma, concretamente de su artículo 35, que se llevó a cabo a través de un decreto ley hace año y medio sin el respaldo del PP –tampoco de Vox – , que gobernaba en solitario en once comunidades, y que sirvió para aliviar la enorme presión de Canarias y Ceuta, donde se hacinaban hasta 4.000 niños.

Las comunidades comandadas por el PP y Castilla – La Mancha recurrieron al Constitucional el decreto gubernamental y cargaron contra la distribución de estos niños y adolescentes que estableció el Gobierno central y que dejó fuera al País Vasco y prácticamente a Cataluña. El argumento que esgrimió Moncloa para hacerlo fue que eran dos territorios que hacían un sobreesfuerzo de acogida obviando el acuerdo al que llegó con Junts para recabar su apoyo en el Congreso y que la reforma viese la luz verde tras un primer intento fallido a cambio de limitar a una treintena los traslados a Cataluña.

Las gobiernos del PP cargaron entonces contra el Ejecutivo por imponer sus criterios sin consenso y primando satisfacer los intereses de su socio independentista. Las cifras oficiales desmontaron además la tesis de Moncloa sobre el acogimiento porque a la Comunidad de Madrid se le otorgaban inicialmente 700 de menores – finalmente fueron 800 – frente a los 30 de Cataluña cuando en 2024 había atendido en sus centros a más chavales.

El temor a que la historia se repita está ahí. Más si cabe tras el último aviso de la formación de Carles Puigdemont que ya ha dejado claro al Gobierno de que no le dará «ni un voto» si no se deja «fuera a Cataluña del reparto». La posición según hizo saber este miércoles al Ejecutivo la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, es innegociable. El Gobierno vasco, por su parte, sostiene que el primer objetivo debe ser «agotar todas las vías administrativas» para que los menores vuelvan con sus familias y no «repatirlos» por las comunidades y avisa de que Euskadi tiene «más menores de los que debería tener».

La misma razón que esgrimen las comunidades del PP para rechazar un nuevo reparto. Insisten en que están «desbordadas» y que su sistema de protección lleva tiempo «tensionado» y trabajando por encima de sus capacidades. «No podemos permitir que el Gobierno de España juegue con la vida de las personas migrantes para generar confrontación y repartir su irresponsabilidad, su fracaso y su inoperancia a las comunidades autónomas», arguyó este miércoles la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ya ha dejado claro que retomará la batalla legal si el Gobierno central vuelve a imponer la distribución de los menores llegados al enclave africano. El presidente popular irá de la mano de sus socios de Vox y «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad» como recoge el acuerdo de coalición firmado el pasado abril. Un compromiso adquirido también en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, donde ambas formaciones gobiernan en coalición y donde ya han acudido a los tribunales contra resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Ceuta sobre reubicación y traslado de menores extranjeros no acompañados a sus territorios.

El Ministerio de Juventud e Infancia está a la espera de que la ciudad autónoma realice la filiación de todos los menores que están en su territorio para tomar decisiones de manera individualizada sobre su futuro. Se devolverán a Marruecos con sus familias a los que sea posible, y el resto se tratará como al resto de menores tutelados. «Lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro al resto de España. Solos no podemos», insistió este miércoles el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Una llamada de auxilio al resto de comunidades, en su mayoría gobernadas por sus compañeros del PP. Navarra y Castilla La Mancha ya han mostrado su predisposición a «arrimar el codo», aunque en el caso del Gobierno de Emiliano García – Page, esperan que esta vez la colaboración se realice «por igual».

En la dirección nacional insisten en que sus comunidades estarán al lado de los ceutíes y «cumplirán la ley». Pero defienden que la solución debe encontrarse dentro del marco legal. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, defendió que la normativa ya contempla instrumentos para afrontar este tipo de situaciones, entre ellos la reunificación de los menores con sus familias o su devolución a los servicios sociales de sus países de origen. «Creemos que hay que seguir los pasos, creemos que hay que cumplir la ley y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis», zanjó.