El Gobierno Vasco no cierra la puerta a la llegada a Euskadi de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta, pero tampoco oculta su malestar por la forma en la que se está planteando el reparto entre comunidades autónomas, sin una estrategia de planificación y sobre la base de los ‘hechos consumados’. La disposición a colaborar llega acompañada de una advertencia: Euskadi ya acoge más menores de los que, a juicio del Ejecutivo vasco, le corresponderían y no quiere que una situación excepcional termine convirtiéndose en una fórmula habitual de gestión que abre una carrera de agravios territoriales. En determinadas fuentes se habla de hasta 1.100 menores no acompañados, la mayoría instalados en la playa del Tarajal.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa del Ejecutivo de Imanol Pradales, ha fijado este miércoles la posición vasca: voluntad de participar en la respuesta, pero con condiciones. Lo hizo en pleno arranque de las fiestas de La Blanca en Vitoria. Su mensaje ha sido claro: antes de plantear traslados a cientos o miles de kilómetros de distancia deben agotarse todas las vías para conocer la situación de cada menor, localizar a sus familias cuando sea posible y valorar procesos de reunificación si existen garantías para ello.

El Gobierno Vasco cuestiona así que la primera respuesta ante una emergencia migratoria sea redistribuir menores por el territorio estatal. Melgosa ha alertado del riesgo de «normalizar lo excepcional» ante la actual situación de emergencia y colapso en la ciudad autónoma.

La posición de Euskadi adquiere especial relevancia porque, por ahora, junto a Navarra, figura entre las pocas comunidades que han mostrado disposición a asumir nuevos acogimientos. Una respuesta que la sitúa en una posición incómoda: mantiene su compromiso con la protección de la infancia migrante, pero reclama que la solidaridad territorial no se articule mediante decisiones ya cerradas ni sin conocer previamente las condiciones del traslado ni unos criterios de planificación. El Gobierno Vasco recuerda que «su sistema de protección ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria».

De hecho, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha expresado este miércoles en Vitoria su preocupación por la gestión de los traslados entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados que la semana pasada llegaron a Ceuta desde Marruecos. Melgosa ha advertido del riesgo de «normalizar lo excepcional». A su juicio, no resulta razonable que la primera respuesta ante esta situación sea trasladar a niños, niñas y adolescentes a más de mil kilómetros de distancia, a lugares donde carecen de cualquier arraigo».

Melgosa ha defendido que, antes de plantear cualquier derivación, las administraciones deben acreditar pide han agotado todas las vías para localizar a las familias de los menores, valorar una posible reunificación cuando esta sea viable y garantizar que cada decisión responda al interés superior del menor. En este sentido, ha sostenido que la primera obligación del Estado «no es repartir menores», sino asumir plenamente sus responsabilidades y explorar todas las opciones para que puedan regresar con sus familias cuando ello sea posible.

La consejera también ha reivindicado la trayectoria de Euskadi en materia de protección de la infancia y gestión migratoria. Según ha señalado, el País Vasco lleva años demostrando «con hechos» su compromiso con una migración «ordenada, regular y humana», al considerar que es la forma más justa de abordar este fenómeno.

No obstante, ha recordado que el sistema vasco de protección de menores trabaja desde hace tiempo por encima de su capacidad ordinaria, una realidad que, en su opinión, no puede ser ignorada en el diseño de las políticas de acogida.

Melgosa ha insistido en que la cooperación entre administraciones debe sustentarse en la lealtad institucional, la planificación y el respeto a las competencias de cada institución. Por ello, ha rechazado la posibilidad de que se adopten decisiones unilaterales o hechos consumados y ha defendido que cualquier traslado de menores debe acordarse con el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, responsables de ejercer su tutela.

Asimismo, ha reclamado que las derivaciones se realicen con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales necesarias para asegurar una atención adecuada a los menores.

La consejera ha concluido reafirmando el compromiso de Euskadi con la protección de la infancia y ha vinculado esa responsabilidad con la necesidad de que la comunidad autónoma disponga de nuevas capacidades políticas para gestionar una realidad migratoria que ha calificado de cada vez más compleja.

Más allá de que se pone de nuevo a prueba la solidaridad entre territorios, Ceuta pide una respuesta urgente y el Gobierno central busca articular una redistribución, varias comunidades justifican sus cautelas en la falta de información recibida sobre los menores, el procedimiento de traslado y los recursos que acompañarían la acogida.

En Navarra, el mensaje es de compromiso, pero también de exigencia al pedir «una respuesta coordinada entre las comunidades autónomas».