Una avalancha de humanos
La avalancha humana de Ceuta demuestra la miserable vida que arrastra quien es capaz de jugársela por mejorarla. Ha quedado claro que legislar la migración es una cuestión de vida o muerte que requiere del buen hacer de los gobiernos para evitar que sus consecuencias las sufra el pueblo.

Cualquier novedad en las leyes sobre migración afecta no solo al bienestar de los ciudadanos de ese país sino a la vida de los de otros cuya miseria puede invitarlos a lanzarse al mar para conseguir los papeles que le den acceso a los beneficios de ser español. Sabíamos que gobernar un país es una misión bien remunerada y ahora saben que también es de alto riesgo. Luis Cabaneiro. Lugo.

Hemos visto como miles de personas entraron en Ceuta. Lo ocurrido suscita dos preguntas: ¿cuáles fueron las causas de la «invasión» y qué medidas cabe adoptar? La versión oficial apunta a una «crisis migratoria» alentada por las mafias dedicadas al tráfico de personas. Algunos socios comunitarios, con Italia al frente, sostienen además que la regularización masiva de inmigrantes en España pudo actuar como efecto llamada. Sin embargo, las imágenes difundidas mostraban que la inmensa mayoría de los participantes eran marroquíes y portaban escaso equipaje, lo que no parecía corresponderse con un proyecto migratorio. A mi juicio, la intención escenificar una reivindicación de soberanía sobre Ceuta, algo que difícilmente podría haberse producido sin la connivencia o, al menos, la aquiescencia de las autoridades marroquíes.

La esencia de lo ocurrido no radica en una crisis migratoria. Tampoco comparto la posición de algunos países de la UE, ya que Ceuta no forma parte del espacio Schengen. Interpreto las declaraciones de la presidenta Meloni como una represalia por las críticas del Gobierno español a los centros de retención de migrantes de Italia en Albania. Más de 60.000 personas ya habrían regresado a Marruecos, lo que refuerza la impresión de que el objetivo principal no era emigrar. En consecuencia, el régimen especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla permitiría devolver a quienes aún permanezcan en la ciudad sin necesidad de tramitar un expediente de expulsión. Pero la respuesta no puede limitarse a la actuación inmediata. Es imprescindible abrir una negociación con Marruecos para dejar claro que cualquier discusión sobre Ceuta y Melilla debe excluir acciones que pongan en riesgo vidas humanas. Enrique Rojo.

La desviación de poder viene definida como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. El vicio no reside en el procedimiento seguido, sino en el fin perseguido. A mi juicio, eso es precisamente lo que ocurre en Monte de Mero.

La Xunta podía haber desarrollado el ámbito de actuación previsto en el PGOM de A Coruña para construir vivienda pública, pero ha optado por utilizar el PIA con el fin de abaratar costes, al pagar el suelo urbanizable como si fuera rústico y expropiarlo al justiprecio. En mi opinión, en eso consiste la desviación de poder: en utilizar un instrumento jurídico con una finalidad distinta de la que justifica su existencia, buscando, simplemente, reducir el coste de la actuación.

Y ahora, en las negociaciones con los afectados, esa actuación continúa. A mi entender, se sigue incurriendo en una desviación de poder al dar prioridad a los grandes tenedores y promotores en la elección de las parcelas urbanizadas, relegando y menospreciando a los pequeños propietarios. Esa forma de proceder adquiere, además, un carácter antidemocrático y caciquil al llegar incluso a no abonar el valor de los bienes existentes en las parcelas y desoír las protestas y sugerencias de los afectados, que se encuentran indefensos frente a la Xunta de Galicia.

Que no engañen a la opinión pública poniendo en el escaparate la construcción de vivienda pública cuando, en la trastienda, lo que, a mi juicio, se está produciendo es una clara expoliación de los pequeños propietarios. Ángel Regueira. A Coruña.