La escena ocurrió en una oficina de empleo alemana, no en una comisaría. Una mujer con estudios, experiencia y una biografía profesional construida en otro país acudió en busca de trabajo, pero al otro lado de la mesa alguien pareció verla antes como migrante que como candidata. María, que no se llama así y llegó hace años desde México, contó al informativo “Tagesschau” de la televisión pública alemana que su formación nunca fue reconocida por las autoridades y que, cuando se inscribió como demandante de empleo,

llegó a escuchar que quizá habrá algo “para gente como tú”.

La frase no necesitó insultos para hacer daño. Bastó con colocarla en el lugar de los no cualificados. Ese es precisamente el cambio que introduce la InRa – Studie, la investigación sobre instituciones y racismo financiada por el Ministerio del Interior alemán y convertida en los últimos días en parte del debate político y social. Durante años,

en Alemania la discusión sobre racismo institucional estuvo asociada sobre todo a la policía

o a casos como el del grupo terrorista neonazi NSU, cuyos asesinatos dejaron al descubierto graves fallos de las fuerzas de seguridad.

El informe desplaza ahora el foco hacia lugares mucho más cotidianos del Estado como

la ventanilla de extranjería, la oficina de empleo, un expediente sanitario o una decisión de los servicios sociales.

La conclusión es incómoda porque obliga a

mirar el racismo no solo como una desviación individual

, sino como un problema que también puede estar inscrito en el funcionamiento normal de las instituciones.

El estudio no sostiene que los funcionarios alemanes sean, en bloque, más racistas que el conjunto de la población. De hecho, una encuesta entre empleados públicos no detectó un nivel uniforme y claramente superior de actitudes discriminatorias. El problema está en otra parte, más difícil de señalar y por eso más resistente: en rutinas, estereotipos, procedimientos opacos o formas de tratar una biografía migrante como si valiera menos antes incluso de leerla. No siempre hay una frase brutal. A veces basta con un formulario incomprensible,

una cita que nunca llega o una sospecha que aparece antes que la escucha.

La propia historia de la investigación explica el momento político. El encargo nació a finales de 2020, todavía con Angela Merkel en la Cancillería, después de los asesinatos racistas de Hanau, el atentado de Halle y el asesinato del político conservador Walter Lübcke. El Estado alemán quería mirarse y destinó seis millones de euros a una investigación en la que participaron diez centros científicos durante varios años.

El resultado ocupa cerca de 250 páginas que el Ministerio del Interior – ya bajo el actual ministro Alexander Dobrindt – , lo publicó sin rueda de prensa ni comunicado a los medios, solo como una breve nota en su página web. Ese silencio dio al informe una segunda vida. El partido de izquierda Die Linke llevó el asunto al Bundestag y acusó al Gobierno de dejar la investigación en un cajón porque sus conclusiones no encajan con el discurso oficial.

Por su parte, Los Verdes reclamaron que las recomendaciones no se entiendan como un ataque a los empleados públicos, sino como una forma de recuperar confianza en el Estado y la Unión conservadora respondió desde el otro lado: una cosa es la autocrítica y otra, dijeron,

la “descalificación global” de la administración.

El Ministerio del Interior insiste en que la mayoría de los empleados cumple su trabajo con profesionalidad y que la discriminación sigue siendo una excepción absoluta.

El choque está ahí. El Gobierno acepta que puede haber casos de discriminación y promete mejorar algunos mecanismos internos, pero evita dar el paso político de asumir que el problema pueda formar parte de la propia estructura administrativa. Los investigadores y las organizaciones antidiscriminatorias ven en esa prudencia el límite de la respuesta oficial. Mientras todo se explique como una suma de errores aislados, nada obliga al Estado a revisar su funcionamiento cotidiano. Por eso la InRa – Studie pide decisiones administrativas más claras y vías independientes para presentar quejas.

El informe señala además una laguna legal importante.

En Alemania, la principal ley contra la discriminación protege en muchos ámbitos de la vida cotidiana,

pero no sirve de la misma manera cuando una persona se siente discriminada por una autoridad pública. Algunos organismos han empezado a reaccionar. Un Jobcenter de Hesse asegura que reforzará la comunicación, simplificará documentos y facilitará solicitudes digitales en varias lenguas. Es un gesto pequeño, pero muestra por dónde pasa una parte del debate.

No se trata solo de castigar a un funcionario que insulta, sino de preguntarse por qué determinadas personas salen una y otra vez de una oficina pública con la sensación de haber sido tratadas como sospechosas o ignorantes. Alemania ha investigado durante años el racismo que entra en sus instituciones por la puerta de la violencia. La InRa – Studie obliga ahora a mirar hacia un terreno menos visible, el de los trámites cotidianos en los que una decisión administrativa puede cambiar una vida sin hacer ruido. No hay una imagen brutal ni una escena fácil de fotografiar.

Queda una pregunta incómoda para el Estado alemán: cuánta desigualdad puede esconderse en su funcionamiento normal.