Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante las instituciones europeas para solicitar que se investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y la respuesta de las instituciones comunitarias y de varios Estados miembros, al considerar que España fue víctima de una “agresión híbrida” ejecutada por Marruecos.

La formación, que ejerce de acusación popular en los casos judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez, pide así a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo que se analicen las “posibles responsabilidades derivadas de la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión contra un Estado miembro y la respuesta ofrecida por las instituciones europeas y los distintos gobiernos nacionales”.

El objetivo de la denuncia, según explica en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es que “ninguna frontera exterior de la Unión pueda volver a ser utilizada como herramienta de coerción política contra uno de sus Estados miembros”.

El presidente de la formación, Luis María Pardo, considera, además, que la apertura de diligencias de la Audiencia Nacional “pone de manifiesto que nos encontramos ante unos hechos de extraordinaria gravedad”. La magistrada María Tardón ha ordenado, de hecho, a la Policía la elaboración de un informe que determine si se trató de una actuación “concertada” por una organización criminal, al apreciar indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado.

Iustitia Europa sostiene que la llegada de cerca de 70.000 personas a la ciudad autónoma en un corto periodo de tiempo no puede considerarse un fenómeno migratorio “espontáneo”, sino una actuación organizada que comprometió la seguridad de una frontera exterior de la Unión Europea. Según el escrito, la magnitud de los hechos hace difícil sostener que se produjeran sin el conocimiento o la intervención de las autoridades marroquíes.

“Marruecos controla sus carreteras, sus accesos, sus fuerzas policiales y su frontera. También controla los movimientos de grandes concentraciones humanas en una zona de especial sensibilidad estratégica. La desaparición repentina de esos controles permitió la entrada masiva en Ceuta. Marruecos utilizó a su población como instrumento de presión contra España”, detalla en el escrito.

En este sentido, argumenta que la carta remitida por los gobiernos reconoce expresamente que los acontecimientos producidos en Ceuta constituyeron un “ataque” y que, por tanto, estos eran conocedores de la verdadera “naturaleza” de lo ocurrido.

También reprochan que Italia ha optado por imponer restricciones a España en lugar de exigir responsabilidades al Reino de Marruecos y que estas decisiones contradicen el principio de solidaridad europea, al considerar que es el Estado que sufrió la presión migratoria el que termina soportando las consecuencias políticas y económicas de la crisis.

“En lugar de penalizar al país que ha sufrido los hechos, la respuesta europea debería dirigirse a esclarecer responsabilidades y a reforzar la protección efectiva de las fronteras exteriores de la Unión […]. La postura de Italia es desleal, injustificada y políticamente espuria”, explica.

La formación también reprocha que “cualquier gobierno europeo que utilice la conducta de Pedro Sánchez para justificar medidas contra España está confundiendo deliberadamente al Gobierno con el Estado” al considerar que “ninguna decisión del Gobierno español autoriza a Marruecos a abrir sus controles y utilizar población civil contra territorio español”. “Pedro Sánchez es la excusa. El perjuicio recae sobre España”, asegura.

En su escrito, Iustitia Europa también carga contra la actuación de las instituciones europeas, a las que acusa de aplicar un “doble rasero” con España. Según el partido, la Unión Europea exige a los Estados miembros cesiones de soberanía y el cumplimiento de numerosas obligaciones, pero no responde con firmeza cuando uno de ellos ve comprometida su integridad territorial.

“Legisla sobre la vida diaria de los europeos con una intensidad creciente, pero fracasa cuando debe cumplir la primera obligación de cualquier estructura política: proteger a sus ciudadanos, sus fronteras y su seguridad”, espeta.