Ceuta sigue desbordada. Cinco días después de la entrada masiva de 72.000 personas desde Marruecos, según los últimos datos de Interior, la ciudad autónoma afronta una nueva crisis al límite de sus recursos: la atención a los cientos de menores que cruzaron a España sin ningún familiar y cuya tutela y acogida le corresponde legalmente. Las autoridades ceutíes buscan recursos hasta debajo de las piedras para atender al millar aproximadamente de menores no acompañados en un sistema que reconocen está totalmente «colapsado» mientras reclaman una respuesta urgente del Estado para aliviar la presión migratoria y más recursos económicos.

Cuando se reformó, hace año y medio, la Ley de Extranjería para redistribuir entre las comunidades a menores inmigrantes sin amparo familiar se estableció un número de plazas de acogida con las que debía contar cada territorio, en función de su población. Para Ceuta se fijó en 29 camas. «Estamos hablando de una sobreocupación de casi el 3.000%», denunció este lunes el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán. Unos datos que podrían empeorar, reconoció el dirigente ceutí, porque aún quedan decenas de jóvenes en la calle sin identificar.

El Gobierno central ha activado ya el reparto entre las comunidades, que se realizará en un plazo máximo de 15 días naturales como viene recogido en el Real Decreto aprobado en julio de 2025 con el que se regulan las medidas a adoptar en estas situaciones para proteger el interés superior del menor. Desde entonces, recuerdan en el Ministerio de Juventud e Infancia, la ciudad autónoma se encuentra en «situación de contingencia migratoria extraordinaria». En estos doce meses, se han trasladado 652 menores a otras comunidades, en virtud del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Es el territorio, según estas mismas fuentes, que más rápido ha tramitado expedientes para que las derivaciones se puedan realizar.

El Ejecutivo de Sánchez, que aprobará una partida extraordinaria de 25 millones para que las autoridades ceutíes puedan atender a los menores migrantes, hizo un llamamiento este martes al PP, que gobierna en la mayoría de comunidades, para que ponga de su parte en la solución a la dedicada situación vivida en la ciudad autónoma cuyos centros de internamiento están saturados. «Apelo al sentido común de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, para darles atención», señaló la portavoz gubernamental, Elma Sáiz.

Pero la aplicación del mecanismo de solidaridad entre comunidades anticipa un nuevo choque con los gobiernos autonómicos que avisan de que sus centros de acogida están «prácticamente colapsados». La Comunidad de Madrid ha avanzado, incluso, que no puede absorber nuevas derivaciones porque el sistema regional de protección de menores se encuentra «tensionado» desde hace más de dos años. «Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos», escribió en redes sociales la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En el PP han optado hasta ahora por la ambigüedad para referirse a esta cuestión e insisten en que el bienestar de estos menores debe ser «responsabilidad» exclusiva del Gobierno central, al que culpan de la grave «crisis para la seguridad nacional» que se ha producido en Ceuta. «El que ha generado el problema es el que tiene que responderlo», señaló su secretario general, Miguel Tellado, durante una visita a Vitoria.

En la dirección nacional del PP tratan de desviar el foco de sus ejecutivos autonómicos, donde el nuevo reparto de menores inmigrantes amenaza con poner a prueba sus recientes pactos con Vox y situarlo en el Ejecutivo de Sánchez quien, en su opinión, es el que tiene que «garantizar la seguridad de la ciudad autónoma y que aquellos que entraron de forma ilegal, vuelvan por donde han venido». Los populares gobiernan con la derecha radical en cuatro regiones y en tres de ellas – Extremadura, Aragón y Castilla y León – las competencias sobre menores recaen sobre los de Abascal, contrarios a la política de traslados. Vox, de hecho, abandonó en el verano de 2024 los ejecutivos que compartían con los de Feijóo precisamente con la excusa de que éstos habían aceptado la distribución no obligatoria de jóvenes no acompañados.

En su pacto sellado en Castilla y León, los de Abascal incluso dejaban por escrito la oposición frontal a la política migratoria del Ejecutivo central y avanzaban la intención de la Junta de trabajar activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Los servicios jurídicos del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco se encuentran elaborando un recurso ante la decisión del Ejecutivo de Sánchez de enviar 833 nuevos menores no acompañados a la región, cinco veces por encima de la capacidad de su sistema de protección. «Los falsos menas, deportados; y los niños, a casa con sus padres», reclamó este martes Vox en su cuenta de X.

En la cúpula del PP reivindican que es el Ejecutivo central y no las comunidades el que debe hacerse «responsable de la crisis» y denuncian que el Ministerio de Juventud e Infancia no haya ofrecido aún datos concretos de cuántos de los jóvenes tutelados por las autoridades ceutíes tendrían que ser realojados en otras comunidades. «El Gobierno al completo tiene que volver de vacaciones», señaló la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien dejó claro que, pese a las críticas, los gobiernos autonómicos del PP «siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes». Ezcurra también precisó que su partido no está dispuesto a «aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad» del Ejecutivo de Sánchez.