El Ministerio del Interior ha ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil aplicar el rechazo en frontera a los migrantes que intenten acceder a las ciudades españolas en África después de superar los nuevos elementos de contención que ya se han instalado que Ceuta y que se van a desplegar también en Melilla, según se detalla en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad firmada el 1 de agosto y a la que ha tenido acceso este periódico. Ese documento del departamento que dirige Fernando Grande – Marlaska pretende adaptar las devoluciones inmediatas al criterio fijado por el Tribunal Supremo y dar «seguridad jurídica» a los agentes que actúan en la línea fronteriza marítima.

La Instrucción 9/2026, firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo, extiende el nuevo sistema a las dos ciudades autónomas, algo que hasta ahora se desconocía pues hasta ahora el Gobierno solo había hablado de Ceuta. Su objetivo declarado es permitir el rechazo de las personas detectadas mientras tratan de superar las barreras marítimas colocadas para impedir su entrada irregular. El documento entró en vigor en el momento de su firma y ya se ha publicado en la Orden General de la Policía Nacional y en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.

La orden llega después de la entrada masiva registrada la pasada semana por el entorno del espigón del Tarajal. Decenas de miles de personas accedieron a Ceuta (72.000, según precisó este martes Fernando Grande – Marlaska) bordeando la estructura fronteriza, a nado o caminando por la costa. Ese episodio, que por el momento se ha saldado con al menos 88 muertos en el lado español, desbordó los servicios públicos de la ciudad y obligó al Gobierno a desplegar medios terrestres y marítimos, reforzar la presencia de la Guardia Civil y movilizar unidades del Ejército para colaborar en la repatriación de 70.000 de esos 72.000 recién llegados.

Interior establece ahora que, para impedir que los migrantes eludan los controles «mediante la entrada a nado o por cualquier otro medio», se instalarán elementos destinados a «impedir o dificultar» los accesos a través de la frontera marítima. La superación de cualquiera de esas barreras determinará la aplicación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula el régimen especial de rechazo en Ceuta y Melilla.

La disposición adicional décima establece que los extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención para entrar irregularmente en España podrán ser rechazados con el fin de impedir su acceso. La norma no configura, sin embargo, una devolución automática sin garantías: exige que cualquier rechazo respete la normativa internacional sobre derechos humanos y protección internacional suscrita por España. También dispone que las solicitudes de asilo deberán formalizarse en los lugares habilitados en los pasos fronterizos y tramitarse conforme a la legislación de protección internacional. La instalación de las boyas pretende, precisamente, extender al mar la existencia del obstáculo físico que la ley exige para aplicar este régimen especial.

La primera infraestructura ya se encuentra operativa junto al espigón del Tarajal. Se trata de una barrera neumática de 500 metros de longitud, reforzada por una primera línea de boyas fondeadas facilitadas por la Armada. El brazo flotante sobresale entre 30 y 70 centímetros por encima del agua y cuenta con una parte sumergida que alcanza hasta un metro de profundidad.

Entre ambas líneas se ha dejado un canal intermedio para la navegación de las embarcaciones de la Guardia Civil. Los agentes se encargarán de vigilar permanentemente el dispositivo, protegerlo y realizar las tareas de conservación y mantenimiento. La barrera funciona también como una referencia física y visual de la línea que no puede ser rebasada sin quedar sometido al rechazo fronterizo.

La instalación responde directamente a la sentencia 814/2026, dictada el 29 de junio por la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo concluyó que la disposición adicional décima no permite devolver de inmediato a todos los extranjeros que tratan de cruzar irregularmente las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla. Ese procedimiento solo puede aplicarse a quienes intenten entrar «superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas».

El tribunal examinó el caso de un migrante entregado a Marruecos después de ser interceptado cuando intentaba llegar a nado a Ceuta. Como no había superado ninguna valla ni otro obstáculo físico colocado en el mar, los magistrados consideraron que no podía aplicársele el rechazo fronterizo. Debía tramitarse el procedimiento previsto con carácter general por la legislación de extranjería.

La misma sentencia abrió, sin embargo, la vía que Interior ha utilizado ahora. El Supremo aclaró que la ley habla de elementos de contención fronteriza, sin limitar esa definición a las barreras terrestres. Por ello, señaló que nada impediría aplicar el rechazo inmediato si se instalaran obstáculos en el mar y el migrante fuera detectado mientras trataba de superarlos.

Interior mantiene en su instrucción que el propio mar, por su dificultad y peligrosidad, constituye un «elemento natural de contención». El departamento admite, no obstante, que esa interpretación puede no cumplir las exigencias establecidas por el último pronunciamiento del Supremo. De ahí la instalación de obstáculos artificiales que hagan visible y jurídicamente identificable la línea de contención.

El nuevo dispositivo no constituye una barrera completamente infranqueable. La propia instrucción habla de impedir «o dificultar» las entradas. Fuentes de la Guardia Civil advierten de que unas boyas no podrían detener por sí solas otra concentración de miles de personas como la vivida en el Tarajal. Su principal utilidad inmediata es permitir la aplicación del rechazo en frontera dentro del marco señalado por el Supremo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta ha calificado la medida de «parcheo que llega tarde» y sostiene que las barreras son vulnerables. Su portavoz, Rachid Sbihu, ha reclamado la ampliación de los espigones, una actuación que asegura que los agentes solicitan desde la tragedia de 2014 y que reiteraron tras la crisis de mayo de 2021. La asociación también cuestiona por qué Interior no adoptó antes medidas ante una controversia judicial abierta desde 2024.

La combinación de las boyas, el despliegue marítimo, la presencia del Ejército y la intervención de las fuerzas marroquíes ha reducido de forma drástica los intentos de entrada. Interior solo ha comunicado movimientos esporádicos desde que el sistema quedó operativo. El Gobierno considera que la nueva línea permite recuperar los rechazos en la frontera marítima sin contradecir el fallo judicial, siempre que los migrantes sean detectados mientras intentan superar los elementos expresamente instalados para marcarla.