El Gobierno de Marruecos ha negado este lunes haber actuado bajo «presiones ni chantaje» durante la crisis migratoria registrada el pasado jueves en Ceuta, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera hacia la ciudad autónoma. Fuentes diplomáticas marroquíes han defendido que Rabat es un «actor responsable y soberano» y un «aliado fiable» de España, al tiempo que han rechazado las acusaciones de haber relajado los controles fronterizos.

Las autoridades marroquíes sostienen que la gestión de los flujos migratorios debe abordarse desde una «responsabilidad compartida» entre los países implicados y han reivindicado los esfuerzos realizados en los últimos años. Según sus datos, entre 2024 y 2025 frustraron más de 160.000 intentos de migración irregular y desmantelaron 632 redes dedicadas al tráfico de personas. Además, insisten en que cualquier migrante que cruce irregularmente la frontera «será devuelto» y que Marruecos seguirá aceptando esos retornos, como viene haciendo desde hace años.

Rabat también ha señalado a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las denominadas devoluciones en caliente como uno de los factores que, a su juicio, ha favorecido el aumento de las llegadas. Las fuentes consultadas consideran que el fallo ha eliminado el principal elemento disuasorio del sistema español, una interpretación que, aseguran, ha sido aprovechada por las mafias y difundida a través de las redes sociales para generar un «efecto llamada». En este sentido, sostienen que no correspondía a Marruecos anticiparse a las consecuencias de esa decisión judicial.

Pese a la tensión generada por los acontecimientos de Ceuta, el Gobierno marroquí ha defendido que la cooperación con España en materia migratoria atraviesa «su mejor momento» y constituye un modelo para Europa. No obstante, ha mostrado su «decepción» por las declaraciones de algunos responsables políticos españoles y europeos, aunque ha precisado que no se refiere al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según Rabat, parte de esos discursos responden a intereses electorales, tienen un trasfondo «racista» y suponen una «instrumentalización» de la crisis migratoria que «da vergüenza».