No eran simples avisos sobre movimientos migratorios masivos ni documentos sobre supuestas ofensivas de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno ha venido ignorando al menos veinte informes y alertas oficiales que, desde 2021, han advertido de manera insistente de que Marruecos pretendía usar falsas avalanchas migratorias como ariete en su «guerra híbrida» contra España. Dosieres y notas de diferente naturaleza que, desde hace un lustro, dibujaban en Melilla y, sobre todo en Ceuta, un escenario como el que se desató la pasada semana en esta última ciudad autónoma.

Son cinco documentos de Seguridad Nacional, dos análisis militares de Defensa, seis pronunciamientos europeos y sociales y siete avisos operativos de 2026. A ellos se suman «varios avisos» del CNI. Y es que fuentes de los servicios de Información han confirmado a este periódico que, desde la pasada primavera, aumentaron las alertas sobre la posibilidad de que Marruecos volviera a utilizar la presión migratoria como herramienta de «guerra híbrida» contra España.

Es cierto. Ningún organismo fijó el día ni anticipó que entre 50.000 y 60.000 personas cruzarían en tan solo 48 horas. Y mucho menos que los muertos del órdago del régimen de Mohamed VI se aproximaran al centenar según las últimas estimaciones. Pero los documentos llevaban cinco años esbozando un escenario muy cercano a lo que finalmente ha ocurrido: Ceuta como punto vulnerable, el aumento de los nadadores, la dependencia del control marroquí y el riesgo de que un tercer Estado instrumentalizara los flujos. Aun así, Pedro Sánchez y los ministros del Interior y de Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, todavía siguen argumentando que la avalancha fue una crisis migratoria alentada por mafias que habrían explotado una sentencia del Supremo contraria a las devoluciones inmediatas de quienes entran a nado.

La primera alarma estructural llegó en diciembre de 2021, siete meses después de que Marruecos relajara la vigilancia por la acogida en España, por motivos humanitarios, de Brahim Ghali, líder del Polisario, y después de que, en mayo de ese año, 10.000 nadadores asaltaran Ceuta. La Estrategia de Seguridad Nacional dejó escrito que Ceuta y Melilla «requieren de una especial atención» por su ubicación y por constituir frontera exterior española y europea. El documento ordenó «elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla» y contempló sistemas de alerta temprana, planes de respuesta y la incorporación de ambas ciudades a la gestión nacional de crisis.

El plan nunca llegó. En junio de 2022 se constituyó un grupo interministerial. En abril de 2025, el Ejecutivo admitía que continuaba «en proceso de elaboración». En mayo de 2026 reconoció ante el Congreso que solo existían avances sobre un texto base y que «actualmente no hay definida una fecha para la finalización del Plan». Ceuta afrontó así la mayor entrada de su historia sin el instrumento ordenado cuatro años y medio antes.

Defensa alertó en 2025 de que Rabat había convertido la inmigración en «moneda de cambio» diplomática frente a España
El siguiente aviso oficial llegó en abril de 2022. El Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2021 analizó las estrategias híbridas y citó expresamente «la inmigración […] como elemento de presión». Su mapa de riesgos situó los flujos irregulares entre las amenazas con mayor probabilidad de materializarse durante los cinco años siguientes.

La cadena continuó. El informe de 2023, aprobado en marzo de 2024, reclamó «especial atención» después de que las entradas irregulares crecieran un 95%. Dos meses después, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima afirmó que «las estrategias híbridas ocupan el centro conceptual del mapa de riesgos» y advirtió de que podían explotar vulnerabilidades mediante «desestabilización política», «coerción económica» e «inmigración irregular».

De nuevo, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 constató que la presión sobre Ceuta y Melilla se había incrementado «notablemente», sobre todo por los nadadores. Explicaba que los intentos masivos por las vallas habían sido contenidos gracias al «gran despliegue perimetral» de la Gendarmería Real y las Fuerzas Armadas marroquíes, que mantenían un control «bastante riguroso». El Gobierno reconocía que la estabilidad del perímetro descansaba en la voluntad de Rabat de mantenerlo cerrado.

Al examinar los riesgos asociados a los movimientos irregulares, alertó de su posible «instrumentalización» por «terceros Estados». No mencionó a Marruecos, pero sí describió la herramienta empleada cuando un país permite, fomenta o aprovecha desplazamientos humanos para coaccionar a otro.

La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas denunció la «falta de preparación» y las respuestas «a menudo tardías o débiles» ante Marruecos

Defensa también había puesto el foco sobre la amenaza. En julio de 2025, un estudio de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas sobre la disuasión frente a Marruecos, al que ha tenido acceso este periódico, habló de «falta de preparación», de respuestas «a menudo tardías o débiles» y de una capacidad de disuasión «baja o insuficiente» ante acciones híbridas. En noviembre, otro trabajo publicado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) sostuvo que Rabat había aprendido a «activar o desactivar» el flujo humano según sus intereses y a convertirlo en «moneda de cambio» diplomática. Eran análisis de sus autores, no doctrina oficial.

Las advertencias tampoco procedieron solo del Estado. En junio de 2021, el Parlamento Europeo condenó que Marruecos utilizara los controles fronterizos, la migración y los menores «como medio para ejercer presión política contra España». Amnistía Internacional acusó a Rabat de emplear personas como «peones» y denunció que estaba «jugando con la vida» de sus ciudadanos. El Cidob, uno de los centros de análisis globales más reputados, resumió el patrón: «Cuando hay buena relación, las fronteras se controlan; cuando la relación se tensa, se utiliza la carta migratoria para ejercer presión sobre España».

El reglamento europeo sobre crisis de 2024 definió la instrumentalización como el supuesto en el que un tercer país fomenta o facilita el movimiento de personas hacia una frontera para desestabilizar a un Estado miembro. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE dedicó en 2025 un documento a este fenómeno y pidió dirigir la respuesta contra quienes lo promueven, no contra las personas utilizadas.

Luces de alerta
Durante este 2026, las estadísticas encendieron el resto de las luces. El 6 de febrero, Interior contabilizaba 426 entradas irregulares en Ceuta frente a 89 en el mismo periodo de 2025. El 5 de marzo eran ya 1.257 frente a 157. El 17 de abril ascendían a 1.968, un 350% más. Mientras la inmigración irregular descendía en España, Ceuta evolucionaba en sentido contrario.

Después, las alarmas operativas llegaron casi por semanas. El 11 de mayo, AUGC llevó al Parlamento Europeo la «situación límite» de los guardias civiles, describió Ceuta como el territorio con «la mayor presión migratoria del país» y reclamó 200 agentes más. El 12 de junio, unos 80 nadadores marroquíes alcanzaron las playas sin que Rabat los contuviera y fuentes policiales advirtieron de un «verano caliente». El 24 de julio, Independientes de la Guardia Civil denunció que las plantillas y los medios eran «claramente insuficientes».

Amnistía denunció que Rabat utilizaba a sus ciudadanos como «peones» y estaba «jugando con la vida» de las personas

Fuentes de los servicios de Información aseguran que las alertas internas se habían intensificado desde la primavera. No señalaban una fecha, pero sí la posibilidad de que Marruecos aprovechara un deterioro diplomático para relajar la vigilancia y someter a Ceuta a otra operación de presión. El CNI sostiene que trasladó «varios avisos» a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva. El departamento de Marlaska niega haber recibido alertas formales, aunque admite que detectó el aumento de los flujos desde mediados de julio.

El último aviso público llegó el 27 de julio, tres días antes del colapso. La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma hablaron de «emergencia migratoria» después de más de mil entradas en una semana, del colapso del sistema de protección de menores y de la saturación del CETI. Ambas administraciones reclamaron una «respuesta extraordinaria e inmediata» y elevaron la alarma al máximo nivel institucional. El 30 de julio comenzó la avalancha que el Gobierno sigue alegando que fue de carácter migratorio y que le pilló por sorpresa.