Hazte Oír ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional para que se investigue la posible responsabilidad de autoridades marroquíes y de la cadena de mando del Gobierno español en la entrada masiva de supuestos migrantes registrada en Ceuta entre el 27 de julio y el 2 de agosto, que se saldó con el ingreso irregular en territorio nacional de entre 50.000 y 60.000 personas. La asociación, que califica lo ocurrido de «invasión», reclama que el escrito se acumule a las diligencias previas abiertas este lunes por la jueza María Tardón y pide personarse como acusación popular.

La nueva iniciativa judicial llega apenas 24 horas después de que Tardón incoara diligencias a raíz de una denuncia de Iustitia Europa. Tardón ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un informe para determinar si la llegada de decenas de miles de personas fue una «acción concertada o dirigida» por alguna organización criminal. La magistrada quiere aclarar ese extremo antes de decidir si los hechos corresponden a la Audiencia Nacional.

La querella de Hazte Oír eleva el tiro. El escrito se dirige contra cuatro escalones de presunta responsabilidad: supuestos agentes de inteligencia marroquíes infiltrados en Ceuta, mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares, organizadores de la operación y autoridades españolas que pudieran haber ordenado o ejecutado una eventual falta de intervención. La asociación señala además a Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, como supuesto responsable de la maniobra, una acusación que por ahora no ha sido avalada judicialmente.

El escrito plantea delitos contra la independencia del Estado, organización criminal, prevaricación y favorecimiento de la inmigración ilegal

Hazte Oír sostiene que sus abogados detectaron junto al Tarajal un vehículo cuyos ocupantes asistían a determinados ciudadanos marroquíes que acababan de cruzar la frontera y evitaban ser grabados. La querella aporta imágenes y solicita identificar a esas personas y comprobar si mantenían vínculos con los servicios marroquíes. También pide preservar las grabaciones de videovigilancia, las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos durante los días de la crisis.

El escrito apunta a posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración ilegal, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave. Se trata, de momento, de una relación de hipótesis delictivas planteadas por la querellante, no de una imputación acordada por el tribunal.

La crisis, además de la entrada irregular de decenas de miles de inmigrantes, dejó un balance de muertos todavía provisional de 88 personas, según el Gobierno de Ceuta, y más de 860 menores no acompañados registrados. El Gobierno reforzó en un 10% los efectivos policiales, desplegó a las Fuerzas Armadas y aceleró los retornos, mientras Pedro Sánchez condenó el ataque a la integridad territorial pero defendió la cooperación de Marruecos.