“Un disparate”.

Así califica el PSOE de Castilla y León las primeras medidas del plan de desregulación de Vox, que fueron suscritas por los vicepresidentes autonómicos de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, y que incluyen la ventanilla única, la prioridad nacional y el fin de la cita previa.

“Nos preocupa”,decía este lunes la portavoz socialista en la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de las Cortes de Castilla y León, Carmen Iglesias, que aseguraba que las medidas responden a la

“prisa” de Vox por “vender a su electorado algún logro”.

Iglesias justifica el calificativo de “disparate” que le dio a estas medidas por no haber realizado el Gobierno autonómico antes otra serie de actuaciones como la reordenación de la plantilla encargada de estas cuestiones o el desarrollo normativo de los cambios procedimentales necesarios para llevar a cabo estas medidas, informa Ical.

Además, la portavoz socialista del área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales también critica al vicepresidente primero autonómico y consejero de la materia,

Carlos Pollán,

por suspender con carácter urgente las ayudas públicas a las ONG que favorezcan la migración irregular tras la crisis migratoria en Ceuta.

“Es una orden que ha salido de Madrid y que Pollán se ha apresurado a cumplirla sin rechistar”, lamenta Iglesias, que dirige una batería de preguntas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para saber si “va a permitir este atropello político y jurídico” al tercer sector dado que “un expediente de concesión de ayudas no se puede suspender sin causa legal”.

En ese sentido, la procuradora socialista recuerda que el pacto entre PP y Vox que sustenta el gobierno autonómico “no es una causa legal para suspender ningún procedimiento” y pidió por ello que se haga público el informe jurídico que avale esta medida y la relación tanto de las ONG como de las cantidades que han quedado suspendidas.

Para Iglesias, la manera de actuar de Pollán ha sido arbitraria, “como en el Ayuntamiento de Burgos”, y supone “una amenaza al tercer sector” y una falacia dado que “acusar a una ONG de favorecer la migración irregular por atender migrantes es como decir que un hospital fomenta los accidentes de tráfico porque atiende a gente herida o a los bomberos de fomentar los incendios porque acuden a extinguirlos”.

Finalmente, la procuradora socialista ha sido especialmente crítica con la

“retórica fascista”

de la que acusa al secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados,

José María Figaredo

, por pedir la activación del Ejército para “cazar” a los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta.

“Es algo que debería escandalizar a cualquier partido político comprometido con la Constitución y la convivencia”, sentencia Carmen Iglesias, que pregunta a Mañueco y al PP si comparte este discurso, si lo toleran o si van a hacer como si no pasase nada porque necesitan a Vox para seguir gobernando.