Los jueces y fiscales progresistas consideran “graves” los acontecimientos ocurridos en Ceuta, con el trágico resultado de, al

menos, 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar.

Para Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es precisa una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos y fundamentales.

En un comunicado conjunto expresan su "dolor por la

pérdida de vidas humanas, así como nuestra solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y Melilla".

Recuerdan que el control de las fronteras constituye una competencia legitima del Estado y responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad.

JJpD y la UPF quieren advertir de que esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, “sin que ninguna finalidad, por legítima que sea, pueda anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas”.

Las situaciones de especial presión migratoria – dicen – no alteran la vigencia de los derechos fundamentales ni rebajan las exigencias propias del Estado de Derecho.

“Precisamente en los contextos de máxima dificultad es cuando las

instituciones democráticas deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas", expone el comunicado.

Por ello, reivindican que estos acontecimientos no pueden convertirse en pretexto para “alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes”.

Bajo su óptica, estos hechos ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de “avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes”.

“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles: ambos integran las obligaciones de un Estado social y democrático de Derecho”, explican en un manifiesto firmado junto a la agrupación de magistrados europeos por la democracia y libertades y la Asociación Pro Derechos Humanos.

Los jueces y fiscales progresista subrayan que solo desde ese equilibrio será posible ofrecer una “respuesta acorde con nuestros valores constitucionales y europeos”, y evitar que “una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social”.