La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para investigar la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Una avalancha que se saldó con la entrada de entre 50.000 y 60.000 personas y el fallecimiento de al menos 72 extranjeros, solo en la parte española del perímetro. La magistrada María Tardón ha adoptado la decisión tras apreciar indicios de una posible infracción penal en los hechos denunciados por Iustitia Europa y ha encargado a la Policía Nacional que determine si la avalancha fue una acción concertada o dirigida por terceros, ya sean organizaciones criminales u otros actores externos.

La instructora considera que los hechos presentan características que permiten presumir la posible existencia de delitos contra la paz o la independencia del Estado. la invocación de estos posibles ilícitos del Título XXIII del Código Penal apuntarían a que la jueza no descarta que Rabat o agentes ligados al Gobierno de Marruecos puedan estar vinculados con la avalancha humana de la pasada semana en la ciudad autónoma. No obstante, antes de pronunciarse definitivamente sobre la competencia de la Audiencia Nacional, ha acordado practicar las diligencias esenciales para aclarar la naturaleza de lo ocurrido, sus circunstancias y las personas que pudieron intervenir.

Tardón ha ordenado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, la Ucrif Central, que elabore un informe sobre la «entrada irregular masiva» de ciudadanos procedentes de territorio marroquí registrada durante los últimos días en Ceuta, especialmente durante las jornadas del 30 y 31 de julio.

La magistrada reclama a los agentes que esclarezcan si se trató de «una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal» y que aporten todos los elementos disponibles para identificar a quienes pudieron participar en la organización o ejecución de los hechos.

La apertura de las diligencias tiene su origen en una denuncia de Iustitia Europa. La formación pidió a la Audiencia Nacional que investigara la posible comisión de delitos contra la seguridad del Estado, organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.

La denuncia reclamaba que las pesquisas alcanzaran a las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes y estructuras estatales o paraestatales extranjeras que pudieran haber estado vinculadas con la avalancha. También solicitaba investigar a autoridades marroquíes o españolas si aparecían indicios de su intervención.

Iustitia Europa sostiene que la entrada pudo responder a una nueva «instrumentalización de los flujos migratorios como mecanismo de presión contra España». Según la formación, detrás de los hechos podría existir una estructura estable con capacidad para movilizar y coordinar a centenares de personas en un espacio de tiempo muy reducido.

Entre los elementos aportados en su denuncia figuraban la difusión de convocatorias digitales con instrucciones sobre horarios y puntos vulnerables de la frontera, así como una posible división de funciones entre quienes realizaron labores de captación, organizaron el transporte y ejecutaron finalmente los cruces.

La apertura de diligencias incorpora así una nueva vía judicial a la investigación de la crisis de Ceuta. Las pesquisas deberán determinar si la entrada fue únicamente el resultado de una movilización espontánea alentada por rumores difundidos a través de redes sociales o si, por el contrario, existió una organización previa, una dirección coordinada o la intervención de estructuras con capacidad para facilitar el paso masivo desde Marruecos.