El PP alejó este lunes cualquier posibilidad de alumbrar un acuerdo con el PSOE para reformar de forma urgente la Ley de Extranjería y evitar que la crisis de Ceuta vuelva a repetirse. Aunque ambas formaciones coinciden en que el origen que ha terminado provocando este colapso en la ciudad autónoma, con la entrada de forma ilegal de más de 60.000 migrantes, está en una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio que anula las devoluciones en caliente de los inmigrantes que accedan a España por vía marítima, la ruptura de puentes es total y no hay margen de interlocución. «Es muy difícil ponerse de acuerdo con quien se ha ido de vacaciones, con quien no respeta a su país y con quien abandona a sus ciudadanos y les deja en una situación de riesgo para su propia seguridad», señaló el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en una comparecencia en la sede nacional de Génova.

Fue el pasado viernes cuando el presidente del Gobierno en su visita a Ceuta se abrió a una modificación de la Ley de Extranjería, que requiere de mayoría absoluta, para garantizar que las repatriaciones se producen de la forma «más eficiente posible». En el primer partido de la oposición recuerdan que presentaron el pasado 16 de julio una proposición de ley en el Congreso para subsanar el vacío creado por el Supremo y «garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima» y que, desde entonces, «se han celebrado dos plenos extraordinarios y que la Mesa ni el Congreso han tenido ningún interés en debatir nuestra iniciativa».

Los de Feijóo no están dispuestos a rebajar la presión contra el Ejecutivo por su «negligencia» en una crisis que ha costado la vida a más de medio centenar de personas, según los últimos datos de Interior, y han registrado en la Cámara baja una serie de preguntas parlamentarias para que sean contestadas por escrito. En el Senado, donde tienen mayoría absoluta, los populares han presentado además una solicitud de documentación para «conocer los informes, las estadísticas de entradas de personas en situación irregular, las instrucciones del Ministerio del Interior tras la sentencia del Supremo, así como los protocolos de actuación» y no descartan sentar en su respectiva comisión al ministro Fernando Grande – Marlaska.

Como hiciera el sábado su jefe de filas, Tellado evitó señalar directamente a Marruecos por la crisis de Ceuta y centró sus críticas en Sánchez por no haber previsto la «gran invasión» y por su «pusilánime» e «irresponsable» gestión. Los populares denuncian que el Ejecutivo tenía indicios suficientes como para actuar antes de que se produjese el alud de llegadas en la ciudad autónoma no sólo a través del Centro Nacional de Inteligencia sino del propio presidente de la ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, quien el lunes pasado, tres días antes, advirtió al jefe de gabinete de Sánchez. «Como el Gobierno no se respeta a sí mismo, es muy difícil que consiga el respeto de terceros países», atizó el número dos de Feijóo, para quien es «imprescindible» esclarecer qué ha fallado en la cooperación con el reino alauí.

El propio líder del PP puso en duda este lunes que el CNI no supiera de la «ocupación premeditada» de Ceuta. «Esto ha sido una ocupación premeditada y hay una ruptura de la integridad territorial de nuestro país», sostuvo Feijóo en una entrevista grabada en Telecinco, en la que afirmó que Sánchez empieza a ser un «paria» en la Unión Europea. 

En la dirección nacional del PP se han mostrado muy críticos contra el acercamiento que ha ido tejiendo el Ejecutivo en estos últimos años con la monarquía de Mohamed VI y remarcan que «toda buena relación entre Estados exige reciprocidad». Para Feijóo y su comité ejecutivo la colaboración entre Madrid y Rabat debe ser «sólida», basada en la «cooperación y la buena vecindad» y «no puede depender de las circunstancias». «España debe cumplir con sus obligaciones pero también debe exigir que otros cumplan, Ese es el marco en el que debemos movernos», remachó Tellado.

Las críticas a Sánchez le llegaron también este lunes desde su otrora socio de Junts que registró una batería de preguntas parlamentarias para pedir cuentas al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria. Los de Carles Puigdemont reclaman explicaciones sobre la respuesta operativa desplegada, la coordinación con la UE y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), así como las actuaciones diplomáticas con Marruecos y las consecuencias del pronunciamiento del Supremo. Los posconvergentes tienen intención además de solicitar la comparecencia en el Congreso de los responsables del Ejecutivo en la gestión de esta crisis.