La Fiscalía General del Estado estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, cuyo titular es el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y líder regional de Vox, Alejandro Nolasco, por la retirada de la retribución semanal a menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad.

Según ha avanzado Eldiario.es y han confirmado fuentes fiscales, desde la Fiscalía General se ha remitido un oficio a través de la Fiscalía de Menores de Zaragoza a la Consejería para que confirme si ya ha aprobado la resolución.

Además, también pide información sobre si la medida afectará solo a menores extranjeros y solicita que justifique los motivos de su aprobación.

La Fiscalía General, según precisan estas fuentes, ha trasladado la información a la Fiscalía de Odio para que valore si podría haber un delito de odio y, si lo considera, presente una denuncia en el ámbito contencioso-administrativo.

Cabe recordar que Nolasco ordenó suprimir estas ayudas este lunes, una partida que se venía pagando con cargo al Presupuesto de la comunidad autónoma.

Se trata de unas pagas que, según justificaron desde el Departamento de Desregulación, no contaban con soporte legal, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menores acogidos en centros del Gobierno de Aragón.

Fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menores que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central.

Estas asignaciones ascendían a 17 euros semanales para cada joven, de forma fija. Nolasco ha valorado que “estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar ‘propinas’ a los menores equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias”.

Tras conocerse esta medida, el Ministerio de Juventud e Infancia, que lidera Sira Rego, se dirigió a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para poner en su conocimiento la decisión del Gobierno autonómico.

Igualdad advierte que puede ser un delito penal
El Ministerio de Igualdad ha advertido a la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de que la decisión del Gobierno de Aragón de retirar el ‘dinero de bolsillo’ a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados podría constituir un delito penal de denegación discriminatoria de una prestación pública por razón de origen o nacionalidad.

En una carta firmada por la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo, del Ministerio de Igualdad, se advierte de que la retirada de la asignación económica periódica podría ser delito “si se apreciara que la medida adoptada comporta una lesión de la dignidad del colectivo afectado mediante su estigmatización o descrédito”.

Denuncia así la decisión de la Consejería, que horas más tarde revocó parcialmente la medida para limitar su aplicación a tres centros residenciales concretos. La decisión se justificaba a una supuesta conflictividad por la que fueron condenados dos menores residentes en uno de estos centros por la comisión de un ilícito penal.

Para Igualdad resulta “profundamente preocupante” la asociación generalizada entre migrante menor no acompañado y delincuencia, ya que “atribuye implícitamente a un colectivo, especialmente vulnerable, la responsabilidad de unos hechos aislados cometidos por dos personas concretas, estableciendo un tratamiento diferenciado basado exclusivamente en su origen y nacionalidad”.

La decisión del Gobierno de Aragón no solo “carece de una justificación objetiva, razonable y proporcionada, sino que contribuye a reforzar estereotipos y prejuicios que pueden derivar en situaciones de rechazo y discriminación hacia estos menores”, precisa Carrillo.