«No ha sido una crisis migratoria. Esto tiene mucho más que ver con una suerte de Marcha Verde blanda». Los responsables de los servicios de información en Ceuta no tienen la menor duda de que la situación extrema afrontada los últimos días, con la entrada ilegal de entre 50.000 y 60.000 personas, trasciende el desafío migratorio propiamente dicho y responde, según estas fuentes, a una operación de presión política sobre España para «explorar sus límites». Y ello a pesar de que el presidente Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior hayan exonerado de toda responsabilidad al reino de Mohamen VI del «ataque a la integridad territorial» de España y hayan cargado las culpas sobre las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, a las que han señalado por instrumentalizar a los migrantes con la sentencia del Tribunal Supremo español que veta las devoluciones ‘en caliente’ cuando los extranjeros entran a nado; es decir, sin barreras físicas en el mar. Una tesis que hasta las organizaciones humanitarias rechazan.

Según coinciden todas las fuentes consultadas, una oleada semejante, concentrada en apenas 48 horas, desborda su atribución a un movimiento migratorio clandestino convencional y apunta mucho más a una «ofensiva híbrida» de carácter geopolítico. Lo ocurrido en El Tarajal reproduce el patrón observado en anteriores crisis diplomáticas con Marruecos, constatan los responsables de las fuerzas policiales consultados por este periódico. Se trata de una «demostración de fuerza» de Rabat mediante la apertura deliberada de la frontera española, sostienen los responsables de la seguridad del Estado, mientras la versión oficial evita a toda costa señalar siquiera de soslayo el protagonismo, por acción o por omisión, del régimen de Mohamed VI.

El perfil de quienes entraron a territorio ceutí ofrece la primera pista. La inmensa mayoría eran marroquíes de Castillejos y, en menor medida, de Tetuán o de Tánger. Solo entre el 1% y el 2% serían subsaharianos, según los cálculos ‘in situ’ de los efectivos de las fuerzas de seguridad. Entre el miércoles y el viernes cruzaron hombres, mujeres, familias, niños e, incluso, personas mayores. Pero sin un solo bulto como equipaje. No fueron las columnas de jóvenes subsaharianos listos para un arriesgado asalto a las vallas, jugándose a una carta el desenlace de un viaje de meses por África.

Mandos policiales describen la avalancha como una «ofensiva híbrida» destinada a explorar los límites de España

Según los informes de las fuerzas de seguridad consultadas, los asaltantes eran en su casi en su totalidad residentes de la «propia región Tánger-Tetuán-Alhucemas»; concretamente de la prefectura de M’Diq-Fnideq que circunda Ceuta. Habían llegado a la frontera el miércoles, la víspera del patriótico puente por la Fiesta del Trono del 30 de julio, por sus propios medios o en camiones y autobuses.

La prueba más visible de que la inmigración no ha sido el detonante de esta crisis sin parangón llegó el viernes (cuya mañana no es laborable en Marruecos) tras el fin de los dos días festivos. Centenares y después miles de personas comenzaron a volver voluntariamente por el mismo lugar por el que habían entrado, a un ritmo que, en algunos momentos, superó las 150 personas por minuto. Las últimas estimaciones de Interior apuntan a que solo unos centenares de personas de la avalancha que asaltó el perímetro seguían este sábado por la tarde en Ceuta, una vez que más de 48.300 personas habían regresado el día anterior y en menos de diez horas.

La mayoría de los llegados eran vecinos de Castillejos que regresaron horas después por el mismo paso fronterizo

Retornaron a sus hogares porque, salvo un nutrido grupo de menores no acompañados y adolescentes, nunca tuvieron intención de emprender un proyecto migratorio estable ni de continuar hacia la Península. Ese tránsito de ida y vuelta no encaja con una iniciativa madurada de abandonar sus lugares de origen para tratar de asentarse en suelo europeo, insiste el Gobierno de la ciudad autónoma, comandado por el popular Juan Jesús Vivas. Es un «desafío», apostillan, mirando hacia las autoridades de Marruecos.

El coste en vida
Pero esta maniobra de «presión geopolítica» ha tenido un altísimo coste en vidas humanas. Se ha saldado con al menos 67 muertos, el último registro disponible, por ahogamiento en las playas. «Es imposible controlar los daños cuando se lanza un órdago de esta dimensión», evidencian en las altas esferas de los servicios de información. Rabat, que ha pagado ese precio sin que se haya desatado ninguna contestación social, sí que ha demostrado en otras ocasiones que puede cerrar esa frontera.

Dos semanas antes de este episodio, varias embarcaciones marroquíes interceptaron a la mayoría del medio centenar de nadadores que intentaban llegar al área de soberanía española; solo seis alcanzaron Ceuta. El jueves por la noche, en una demostración acotada de fuerza, hubo cañones de agua, gases y algunas cargas en las colinas. El flujo se cortó. Pero fue una exhibición limitada a unos minutos. Luego, la ruta costera se reabrió durante toda la madrugada hasta que, en pleno viernes festivo, miles de personas decidieron o acataron la orden de emprender el camino de vuelta tras esta demostración de la vulnerabilidad del perímetro.

La advertencia estaba escrita. El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, aprobado este abril de 2026, señalaba que la presión sobre Ceuta y Melilla se había incrementado «notablemente», en especial por los nadadores. Añadía que los intentos masivos de pasar al otro lado a través de las vallas habían sido contenidos gracias al «gran despliegue perimetral» de la Gendarmería Real y las Fuerzas Armadas marroquíes, que mantenían un control «bastante riguroso».

La conclusión resulta sencilla: la frontera aguanta mientras Marruecos quiere que aguante. El informe todavía iba más lejos. Al analizar los riesgos vinculados a los flujos irregulares, alertaba de su posible «instrumentalización» por «terceros Estados». No citaba al reino marroquí, pero describía el mecanismo visto estos días.

Junto a todo ello, el antecedente del 17 y 18 de mayo de 2021 impide presentar lo ocurrido como una anomalía espontánea. Entonces, Marruecos abrió deliberadamente la frontera después de un choque diplomático con España por la atención hospitalaria prestada, de forma secreta, a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Entraron más de 10.000 personas en Ceuta. El Parlamento Europeo condenó que Marruecos utilizara los controles fronterizos, los flujos migratorios y la vulnerabilidad de los menores para ejercer presión política sobre España.

Información reservada
La doctrina de seguridad encuadra este tipo de operaciones en la denominada «zona gris», el espacio situado entre la paz formal y el conflicto abierto en el que un Estado busca coaccionar o desestabilizar a otro sin asumir directamente la autoría. Precisamente, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya advertía del uso de acciones híbridas para explotar las fragilidades de los Estados.

Después de la crisis por la acogida de Ghali se conocieron dos informes reservados del CNI. Los servicios secretos concluyeron que Rabat había ordenado relajar la vigilancia costera, movilizar transportes y dejar pasar embarcaciones para «presionar al Gobierno de España» y lograr una posición favorable a Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Interior elogió la «ejemplar colaboración» de Rabat mientras decenas de miles de personas cruzaban hacia Ceuta

El método no nació en 2021. Su gran precedente histórico es la Marcha Verde de 1975, una movilización civil organizada desde el poder marroquí para imponer mediante presión demográfica y territorial lo que no había conseguido por otras vías. Salvando las enormes distancias históricas y políticas, la lógica es semejante: utilizar a la población para ejercer presión territorial sin recurrir a un enfrentamiento militar.

El calendario de este verano tampoco es inocuo. El 20 de julio, Sánchez viajó a Argelia y presentó al país como «socio estratégico» y «amigo». Argelia es el gran rival regional de Marruecos y el principal apoyo del Frente Polisario. Las fuentes consultadas creen que el detonante más probable de la oleada fue la respuesta de Rabat a ese acercamiento. No existe una reivindicación pública marroquí, pero tampoco la hubo al comenzar la crisis de 2021.

Aquella presión precedió al giro más profundo de la política española sobre el Sáhara. Sánchez respaldó en marzo de 2022 el plan de autonomía marroquí, rompió la posición histórica española y lo hizo sin un solo apoyo en el Congreso. La frontera volvió después a cerrarse. Dos meses después en el Barrio Chino de Melilla, las fuerzas del país vecino reprimieron con una violencia extrema el salto de la valla de 2.000 subsaharianos. Fueron decenas de muertos sin mayores explicaciones.

El caso sin aclarar del espionaje con Pegasus a Sánchez
El ‘sofware’ creado por la empresa israelí NSO Group, el que se empleó para espiar a líderes y activistas del ‘procés’ catalán, aflora en medio de las complejas relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos. En mayo de 2022, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció de urgencia para desvelar que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del de Interior, Fernando Grande-Marlaska y del de Agricultura, Luis Planas, habían sido infectados de forma ilícita con el programa de espionaje. Lo que dio lugar a una denuncia de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.

El propio Bolaños tuvo que declarar como testigo en junio de 2022 ante un juez de la Audiencia, José Luis Calama, hoy en las portadas por haber imputado al expresidente Rodríguez Zapatero. Calama se vio obligado a archivar la causa por la nula inclinación de las autoridades israelíes a cooperar con su investigación. Unas indagaciones sobre las que siempre ha planeado la sospecha de que Marruecos podía estar detrás del espionaje. En todo caso, no ha mediado más información al respecto y ningún miembro del Gobierno ha efectuado el mínimo señalamiento a las autoridades del reino alauí.