Uno de cada cuatro trabajadores en España (el 23%) ha nacido fuera de ella. En Alemania y EE.UU., países con una inmigración históricamente puntera, son el 19%. Ahora mismo, España es uno de los países occidentales con más trabajadores extranjeros.

¿Es un éxito? ¿Una promesa? ¿Una amenaza? Hasta ahora el consenso entre los economistas era que inmigración, cuanta más mejor, porque siempre acababa generando crecimiento económico y, en fin, prosperidad para los países que la acogían. Ese era el mantra más allá de pequeños inconvenientes que no afectaban a la clase alta y media de empresarios y profesionales, como los académicos que lo defendían.

Esa elite, en cambio, sí se beneficiaba de la oferta de mano de obra extranjera a precio más asequible que la local sin que le afectara la competencia en salarios, vivienda, educación y sanidad públicas que sí consideraban como tal los trabajadores locales menos cualificados. Esas clases bajas, en cambio, debían competir con la inmigración por los mismos puestos de trabajo con el consecuente freno a sus sueldos, o el inevitable encarecimiento del coste habitacional.

Mientras, los empresarios, sobre todo de sectores como la agricultura, la ganadería o la hostelería, donde se requería mano de obra no cualificada como la que proporciona esa inmigración, coincidían en ese consenso con los políticos de izquierdas, que mantenían así un perfil buenista acorde con la idea irrenunciable de compartir el progreso con los países menos favorecidos.

La alternativa de invertir en esos países de origen de los trabajadores inmigrantes para crear allí puestos de trabajo no parecía ser tan atractiva y mucho menos a largo plazo, como importarlos. Aceptar millones de inmigrantes lo hicieron Alemania y Suiza, por ejemplo, con miles de españoles en los 60, parecía ser un signo incuestionable de crecimiento y prosperidad y el modo menos costoso para las elites de compartirlo en apariencia y a corto plazo.

Aquellos españoles, conviene recordarlo, solo esperaban ahorrar lo suficiente para volver a España a invertirlo, y en contadas ocasiones querían y se les permitía, reagruparse con sus familias en sus destinos temporales de trabajo. Su emigración generó prosperidad compartida para los países de origen y de acogida. Tal vez por eso, esta línea de pensamiento ha sido incuestionable tanto en la UE como en EE.UU. hasta nuestros días en que el consenso progresista entre empresarios y políticos de izquierda empieza a agrietarse.

Al mismo tiempo, las clases bajas nativas votan a la ultraderecha en número creciente por su rechazo a esa competencia que enriquece a las elites; pero empeora su acceso a vivienda asequible, salarios dignos y los servicios públicos de educación, sanidad y transporte, que financiaron durante décadas con sus aportaciones.

Al mismo tiempo, el consenso de los economistas empieza a hacer frente a nuevas dudas sobre el efecto beneficioso de esa inmigración laboral masiva. Objetan que al proporcionar mano de obra barata sin límite reduce los incentivos para mejorar la productividad en la industria y el sector servicios.

¿Para qué mejorar la organización, eficiencia y creación de valor de cualquier negocio si podemos ahorrarnos la inversión en tecnología y know – how de profesionales más preparados simplemente importando más de los que lo están menos?

El nobel de Economía Daron Acemoglu y su equipo señala en sus últimos trabajos que la tecnología ahorra mano de obra ante la escasez de trabajadores jóvenes. Pero el incentivo para emplearla desciende si disponemos siempre de trabajadores extranjeros de bajo salario.

Y es que históricamente la menor disponibilidad de mano de obra impulsó la innovación tecnológica y la inversión, lo que permitió que la economía se mantuviera estable y, al aumentar la productividad y los salarios, mejoró las condiciones laborales de los trabajadores.

China es el ejemplo más visible de que cuando faltan jóvenes empleados, hay que invertir en jóvenes tecnologías para suplirlos y aumentar así la productividad que beneficiará a todos. En 1979 impuso la política del hijo único ante el desmesurado incremento demográfico. Desde entonces hemos visto cómo ha estabilizado su población y en la última década al reducir su demografía ha ido incrementando su nivel de vida.

Hemos pasado de ver cómo hace 40 años los chinos se desplazaban masivamente en bicicleta y trabajaban en una industria precaria, obsoleta y contaminante, a convertirse en una gran potencia cuya tecnología está ocupando los mercados. Y lo han conseguido con más inversión en tecnología y sin importar mano de obra.

Los países más avanzados con mayor nivel de bienestar y competitivos tienen poca población: Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Islandia… Según el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, existe una función inversa entre el nivel de bienestar y la dimensión de la población. Los 10 países con mayor bienestar no alcanzan los 10 millones de habitantes: Finlandia (5,6 millones), Islandia (400.000), Dinamarca (5,9 millones), Suiza (8,9 millones) …España con casi 50 millones ocupa el puesto 41 en bienestar.

Menos habitantes significa mayor bienestar porque es más fácil financiar y distribuir servicios de salud, educación y transporte; mayor confianza institucional; y más homogeneidad y consensos cuando las brechas económicas y culturales son menos extremas.

Ana María Gil Lafuente

es Académica de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Barcelona