La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha vuelto a situar a los menores extranjeros no acompañados en el centro del escenario político y social, ya que las primeras estimaciones apuntan a que podrían haber llegado a la ciudad autónoma cerca de 7.000 niños. Una cifra que se vuelve aún más llamativa teniendo en cuenta que los servicios de acogida del territorio llevan en situación de contingencia desde que se aprobó la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, hace un año. Desde entonces, cerca de 700 jóvenes han sido trasladados hacia otras comunidades autónomas cuya asistencia estaba menos colapsada, pero la situación allí seguía siendo de saturación. El martes, día previo a que se produjese la avalancha de personas que habían logrado cruzar la frontera con Marruecos, la cifra de niños atendidos se situaba en las 505. En situación de normalidad, el número de plazas es de 29, según el decreto actualizado recientemente por el Gobierno.

Aunque a lo largo de este mes de julio, y más enfatizado en las últimas dos semanas, ya se había registrado un repunte importante en Ceuta en las llegadas de migrantes, tanto de adultos como de menores no acompañados, Susana Hidalgo, experta en migraciones de Unicef, califica lo sucedido en la última jornada de «absolutamente excepcional». Asegura que la entrada de cerca de 60.000 personas, según las estimaciones del Gobierno ceutí, ha terminado de hacer saltar por los aires un dispositivo de acogida que ya trabajaba al límite de su capacidad. «El sistema de protección de infancia ya estaba bastante colapsado», señala. «Ahora, el colapso es total, así que se necesitan medidas y respuestas urgentes donde todas las administraciones públicas colaboren», advierte. Subraya también la urgencia de desplegar infraestructuras temporales de emergencia para evitar que haya menores que puedan terminar durmiendo en la calle.

Ante la tentación de recurrir a retornos colectivos de menores para aliviar la presión asistencial en la ciudad autónoma, como ocurrió en la última gran crisis migratoria sufrida por Ceuta, en el año 2021, Susana Hidalgo advierte de que la legislación lo prohíbe de forma tajante. Enfatiza que «a los menores no se les aplica ninguno de los supuestos previstos para los adultos» y que ejecutarlos de forma masiva supondría una clara vulneración de derechos. «Hay que hacer evaluaciones individuales y, desde ahí, ver cuál es la mejor opción para cada niño», recalca la especialista, que recuerda además que este procedimiento no es opcional para el Estado. «No es solo un deber moral que tenemos como sociedad, también es un deber jurídico porque España ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño». Para Hidalgo, basándose en las lecciones aprendidas hace cinco años, cuando cerca de 10.000 personas lograron cruzar la frontera por vías irregulares, solo a través de este análisis pormenorizado de cada menor se puede determinar si prima el retorno garantista con sus familias o la concesión de protección internacional.

Más allá del impacto en la red asistencial, uno de los focos de preocupación de Unicef está en la extrema peligrosidad de la ruta entre Marruecos y Ceuta. A pesar de que la cercanía geográfica pueda dar la falsa ilusión de un trayecto sencillo, Hidalgo explica que, para esquivar los controles fronterizos, los migrantes se ven obligados a realizar un trazado rodeando la costa que, de media, implica entre 5 y 8 horas continuas a nado. Una travesía titánica en la que estos días se han llegado a ver a madres con niños pequeños y a bebés sobre flotadores.

La tragedia ya se ha cobrado vidas humanas. Con más de setenta cadáveres recuperados en las últimas fechas, solo en la costa de Ceuta, y la falta de un registro oficial de desaparecidos, la incertidumbre al otro lado de la frontera es sofocante. «Desde hace semanas nos escriben diariamente familias que están al otro lado de la frontera, preguntando si sabemos dónde están sus hijos», revela. «Nos preocupa muchísimo que el número de desaparecidos se multiplique a raíz de lo que sucedió el jueves». Pide que sea el propio Gobierno quien asuma el monitoreo de estas vidas para poder tener una radiografía más veraz de lo que ocurre cuando estas personas se lanzan al mar buscando una vida mejor.

Frente a la tentación de ejecutar devoluciones en grupo de los menores que llegan a España sin ningún tipo de acompañamiento adulto para aliviar la presión en la ciudad autónoma, Hidalgo enfatiza que cualquier respuesta institucional debe someterse escrupulosamente a la evaluación individualizada de cada caso, determinando si lo más conveniente es la reunificación familiar o la tramitación de protección internacional.

Para evitar errores procedimentales o decisiones precipitadas, Hidalgo subraya la necesidad de desplegar de inmediato recursos técnicos extraordinarios que blinden cada examen individual con «todas las garantías legales» y hace un llamamiento a la responsabilidad de los partidos e instituciones para desvincular la atención a los menores del tablero político. «Todo esto tiene que pasar por un sistema de evaluación serio que ponga el centro en la infancia, que no puede ser una moneda de cambio ni en la política nacional ni en la internacional», enfatiza.

A su juicio, cuando estas valoraciones se ejecutan de forma rigurosa, «no hay margen para el error», lo que permite discriminar adecuadamente qué perfil requiere el retorno seguro con sus familias y quiénes deben quedar bajo la cobertura del derecho de asilo, un mecanismo de protección internacional que ya resultó determinante para salvar a decenas de niños tras la crisis vivida en 2021.