Hay asuntos que Europa solo afronta cuando llaman a la puerta. La inmigración es uno de ellos. Mientras permanece lejos de las fronteras, prevalecen los principios; cuando llega a las costas o salta una valla, mandan los intereses nacionales. Ceuta ha vuelto a demostrar que la política migratoria europea sigue siendo una suma de contradicciones antes que una estrategia compartida. La crisis ha estallado en las manos al Gobierno de Pedro Sánchez, enfrentándole con otros socios de la UE en relación con la política migratoria y revelando un rompecabezas en la que se entremezclan factores humanitarios, jurídicos y geopolíticos. El desenlace rápido de la crisis ha apaciguado el conflicto. Pero el centenar de muertos es demoledor desde todos los puntos de vista.

El conflicto ha abierto en canal y de forma dramática una de las mayores paradojas de la Unión Europea: la dificultad de conciliar el discurso humanitario con una política migratoria capaz de responder a una presión creciente sobre las fronteras. Es un debate que atraviesa todo el continente y que ya no admite simplificaciones ideológicas. La ultraderecha capitaliza la situación pero sería un error limitar el asunto a una batalla moral por los principios frente al extremismo.

Resulta tentador atribuir el endurecimiento de las políticas migratorias al auge de la ultraderecha. La Italia de Meloni parece confirmar ese diagnóstico con su agresividad demagógica. Pero sería una explicación demasiado cómoda. También Dinamarca, gobernada por los socialdemócratas, ha impulsado algunas de las políticas más restrictivas del continente y ha cuestionado pilares que parecían intocables, como la libre circulación dentro del espacio Schengen. La inmigración ha dejado de ser un asunto que enfrente a la izquierda con la derecha. Hoy divide incluso a quienes comparten una misma tradición política porque es un banderín explosivo para la lucha política. En este momento se ha convertido en un estandarte para desgastar a Sánchez. Y la derecha europea más radical golpea sin piedad cuando huele a sangre.

En realidad, el gran cambio de los últimos años es otro. Ha desaparecido el tabú. Lo que hace una década era patrimonio casi exclusivo de los partidos nacionalistas o de la derecha radical ha terminado instalándose, con distintos matices, en el centro del debate político europeo. No porque hayan cambiado los valores proclamados por la Unión, sino porque la realidad migratoria ha acabado imponiendo una discusión que durante demasiado tiempo se intentó resolver con consignas más que con políticas.

España busca una unidad en la UE ante una presión que Marruecos dosifica en función de sus intereses. Esa estrategia única es sencillamente inviable, aun cuando lo lógico es intentarlo. Ceuta es la frontera europea del sur. El presidente defiende las cifras de empleo, regularizaciones y aportación económica de la inmigración. Los datos son relevantes, pero en política las percepciones suelen imponerse a las estadísticas. Y las imágenes de Ceuta pesan mucho más que cualquier cuadro comparativo.

El foco se ha desplazado hacia otro escenario de carga emocional para la política española: Marruecos. Las imágenes hablan por sí solas: el Ejército desplegado en las calles, menores vagando sin rumbo, cadáveres en la playa, una frontera convertida en símbolo de un fracaso colectivo. Sobre ese escenario irrumpe la política de siempre. El PP recurre a una oposición de trazo grueso. Vox explota el miedo con un populismo atroz. Que venga la Legión, les falta decir. Entre unos y otros apenas queda espacio para una reflexión seria sobre un fenómeno estructural que Europa lleva demasiado tiempo intentando gestionar a golpe de improvisación. La inmigración exige algo más que consignas morales. Exige un cambio de chip colectivo. Ningún país puede resolver en solitario un desafío de esta magnitud. Ceuta no ha provocado el debate europeo sobre la inmigración. Simplemente ha impedido seguir disimulándolo.