Manos Limpias ha reclamado este domingo al Partido Popular y a Vox que soliciten de manera urgente la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para abordar

la entrada masiva de inmigrantes en

Ceuta

, al considerar que existen responsabilidades políticas e incluso penales tanto del Gobierno de España como de las autoridades marroquíes.

En un comunicado difundido, la organización sostiene que la Cámara Baja debería exigir explicaciones al Ejecutivo para que aclare si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo conocimiento previo de

la llegada de los más de 50.000 inmigrantes

que entraron en Ceuta y, en ese caso, qué actuaciones se llevaron a cabo. Asimismo, plantea que España reclame responsabilidades a Marruecos, al que atribuye haber sido el “inductor” de la entrada masiva, y al Ejecutivo español por una supuesta “omisión dolosa o imprudencia grave del deber de perseguir delitos”.

La organización afirma que resulta “difícil creer” que los servicios de inteligencia españoles desconocieran los preparativos de la llegada de inmigrantes. En ese sentido, sostiene que, si el

CNI

no tuvo conocimiento de los hechos, deberían cesar la directora del organismo, a

la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska. Si, por el contrario, el CNI alertó al Gobierno y este no adoptó medidas para impedir la entrada, considera que ambos ministros habrían incurrido en una eventual responsabilidad penal.

Manos Limpias rechaza además la explicación ofrecida por el Ejecutivo, que atribuye la convocatoria de la entrada a través de redes sociales y a mafias, al entender que se trata de un argumento “falaz”.

El sindicato sostiene que el rey de Marruecos conocía y alentó la operación

y añade que el Gobierno español también era conocedor de la situación y no actuó para evitarla.

Por ello, invoca el artículo 10 del Código Penal, relativo a las acciones u omisiones dolosas o imprudentes, y el artículo 408, sobre la omisión del deber de perseguir delitos, para sostener que podrían haberse cometido ilícitos penales. También afirma que

la supuesta inacción del Ejecutivo habría puesto “en grave riesgo la integridad y la independencia de España”.