La crisis migratoria de Ceuta se ha trasladado a las costas andaluzas.

La Policía Nacional ha interceptado esta mañana dos embarcaciones con diecisiete inmigrantes de origen magrebí a bordo cuando se dirigían a Algeciras y a La Línea de la Concepción

, en la provincia de Cádiz. Para Vox, no se trata de un hecho aislado, sino de un cambio de eje en la presión que Marruecos ejerce sobre España, que pasa de la ciudad autónoma de Ceuta a la costa andaluza.

La inmigración ilegal a través de las costas andaluzas ha sido una constante en los últimos años, agravada recientemente por las mafias vinculadas al narcotráfico. Pero apenas 24 horas después de la entrada masiva en Ceuta, a juicio de Vox, no es casual.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, da por hecho que la crisis migratoria sufrida en Ceuta «se está trasladando ya al litoral andaluz» y lo que subyace detrás de todo esto

es «una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez»,

aseguró en declaraciones difundidas por la formación.

Gavira ha responsabilizado directamente a Marruecos y al Gobierno de España de la situación. «Aquí hay responsables. Marruecos ha utilizado la inmigración como arma de presión contra España, y Sánchez lo ha permitido con años de cesiones, efecto llamada, regularizaciones y sumisión ante Rabat», aseguró el vicepresidente de la Junta.

Para el líder de Vox en Andalucía, el presidente del Gobierno «no puede presentarse como solución, porque es parte esencial del problema». A su juicio, Sánchez «ha dejado indefensa a España y ha puesto en riesgo la soberanía nacional, la seguridad de los españoles y también la seguridad de Andalucía».

El apartado segundo del

acuerdo firmado entre el PP y Vox

que ha posibilitado la investidura de Juanma Moreno se dedica a la

inmigració

n. En él se recoge que «frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Andalucía trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen».

En el mismo, ambas formaciones se comprometen a «habilitar la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad y al refuerzo de las que actualmente se practiquen».

El problema, como asegura Gavira en su denuncia pública, es que

«las fronteras, la vigilancia del litoral, la política de extranjería y la expulsión de quienes entran ilegalmente son responsabilidad del Estado»

, motivo por el que exigió que se asuman «responsabilidades políticas, jurídicas y diplomáticas frente a Marruecos y frente al Gobierno de España».

Mientras eso sucede, Gavira ha garantizado que

la Junta «estará al lado de los ayuntamientos

, de las policías locales, de los servicios públicos y de todos los andaluces», especialmente en comarcas como el Campo de Gibraltar, que «ya soportan una presión añadida en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inmigración ilegal y saturación de recursos públicos».

Precisamente, con respecto a las embarcaciones interceptadas, el Ayuntamiento de Algeciras informó que «los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad mantienen una coordinación permanente para actuar cuando se producen este tipo de incidencias».