El consejo, que no orden, de las Fuerzas de Seguridad a los ceutíes de que cerraran sus comercios, supermercados, bares, restaurantes ante los «invasores» fue determinante para que fracasara, fueran las que fueran sus intenciones, la entrada masiva de magrebíes a la ciudad autónoma. No se trataba de un acto de inhumanidad –si hubiera sido necesario nadie se habría quedad en una una situación de inanición– sino de autodefensa ante un acto ilegítimo.

Quienes promovieron –desde instancias oficiales marroquíes y españolas se acusan a las mafias–la «invasión» se encontraron con un factor con el que no habían contado. De hecho algunos de los que accedían a Ceuta lo hacían con vivas a Sánchez, por aquello de la regulación masiva de inmigrantes promovida por el actual Gobierno y que ejerce un poderoso efecto llamada, como ha quedado demostrado.

Ceuta, al igual que Melilla, son ejemplos de convivencia de distintas religiones y razas y no se puede acusar a estos ciudadanos de insolidarios; pero lo que tampoco se les puede pedir es que permanezcan de brazos cruzados ante una situación insostenible y frente a la que, al menos en las primeras horas, el Gobierno de la nación permanecía silente y la inacción de las fuerzas de seguridad marroquíes.

La autodefensa, según señalan expertos, es una defensa pasiva en la que los españoles se han demostrado maestros a lo largo de la historia.

La acción ciudadana fue fundamental porque lo que ocurrió era algo que se venía venir y se habían lanzado avisos de alerta porque la llegada de inmigrantes a nado era diaria, casi un centenar al día.

La falta de respuesta a esas alarmas y el peligro que se cernía, la reacción ciudadana fue la lógica y, a la postre, la más efectiva. De hecho, en vídeos que circulan por las redes, marroquíes afirman que se volvían a su país porque no podían comprar lo más básico.

Los mismos expertos señalan que no estaría de más que Rabat, que el día anterior difundía a través de su embajada en Madrid una nota en la que reafirmaba su colaboración con España en contra de la inmigración ilegal, investigue quienes son los responsables de la inacción que se produjo.

En la nota, recibida por LA RAZÓN, se decía que «Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las mafias las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y poniendo en grave riesgo sus vidas». Además, subrayaba, lo que confirman fuentes de la seguridad española, que «continúan desplegando importantes esfuerzos para prevenir las salidas irregulares, desmantelar las organizaciones criminales y reforzar la cooperación operativa con sus homólogas españolas y europeas. El Reino de Marruecos seguirá asumiendo plenamente sus responsabilidades y trabajando junto a España para hacer frente conjuntamente a este desafío común, en el respeto de la dignidad humana, el Estado de Derecho y los intereses compartidos». La nota era de las 20 horas del jueves y el viernes ocurría lo que ocurría. O alguien ha tomado decisiones al margen del Gobierno, impensable en Marruecos, o no se comprende la inacción del viernes, coincidiendo con la Fiesta del Trono, cuyo acto central, con presencia del rey, se celebraba a pocos kilómetros de donde se cocía la «invasión».

Y por parte de España, los servicios de Inteligencia, ¿no habían realizado informes sobre la situación que se generaba al otro lado de la frontera. Extraño. ¿Se han ignorado?

Sea como fuere, los ceutíes y quienes les aconsejaron y, sobre todo, los empresarios que se dejaron aconsejar, tomaron la decisión más sabía que forma parte, como dicen los citados expertos de la «defensa pasiva» ante situaciones como la producida ante una «invasión» de personal no armado y que, en otras circunstancias, podría haber optado por permanecer en la ciudad al amparo de la política de Pedro Sánchez de que, al final, hay regularización para todos.

La autodefensa ha servido esta vez, pero como señalan las mismas fuentes, «la respuesta del Estado no debería limitarse a la recuperación del control operativo de la frontera. Debe perseguir un objetivo más amplio: restablecer la credibilidad de la capacidad de disuasión nacional, reforzar la resiliencia institucional y transmitir que cualquier intento de instrumentalizar vulnerabilidades fronterizas para obtener ventajas estratégicas tendrá un coste político, jurídico y operativo superior a cualquier beneficio esperable».

«España se enfrenta a un escenario que exige respuestas integrales de inteligencia, seguridad, acción diplomática y comunicación estratégica. El riesgo principal no es la crisis vivida, sino que esta marque el inicio de un patrón recurrente de coerción híbrida sobre la frontera sur. Un Estado que pierde capacidad de disuasión frente a este tipo de acciones incrementa su exposición a futuras presiones; un Estado que recupera esa capacidad reduce el incentivo para que dichas operaciones vuelvan a producirse».