La actual presión migratoria en la frontera de Ceuta no es ninguna casualidad. Al menos, así lo consideran distintos mandos policiales de la Unidad de Policía Nacional de Extranjería y Fronteras consultados por este periódico. Todos ellos sostienen tanto que el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) eran conocedores de los indicios que apuntaban a un incremento de llegadas de inmigración ilegal como que es un «aviso» político de Marruecos al Gobierno de España.

Según estas fuentes, aunque es posible que no pudiera conocerse el «alcance exacto o el momento en que se produciría» la entrada masiva de migrantes en Ceuta, sí hay un «seguimiento permanente» de las dinámicas migratorias y de las zonas de salida, especialmente en Marruecos, que efectúa el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y que permiten preparar un mecanismo de actuación al respecto.

«Cuando se concentran miles de personas cerca de puntos sensibles como Castillejos, Tánger o los alrededores del Tarajal, es difícil que pase completamente inadvertido para las autoridades marroquíes y, previsiblemente, también para los mecanismos de cooperación con España», explican. Asimismo, estos mandos policiales detallan que lo ocurrido en Ceuta responde a una movilización previa promovida a través de las redes sociales.

En el ámbito policial existe además una interpretación compartida sobre el contexto político que ha precedido al episodio migratorio y la diversidad de factores comunes que han contribuido a aumentar la tensión bilateral.

El primero de ellos ha sido la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Sumar (y posteriormente negociada con el PSOE) que establece un procedimiento de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza para los saharauis nacidos bajo administración española, teniendo en cuenta que Marruecos lleva más de 50 años en un conflicto con el Sáhara Occidental. Se trata de una cuestión que ha tensado las relaciones diplomáticas.

Otro factor que, a juicio de estas fuentes, también ha provocado la actual crisis migratoria en Ceuta proviene de la visita oficial de hace dos semanas a Argelia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reforzar el suministro de gas y abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión para las empresas españolas. Hay que tener en cuenta, que esta visita oficial de Sánchez al país magrebí fue la segunda tras la realizada en octubre de 2020 y llegaba meses después de que Argelia diera por superada la crisis diplomática derivada del apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, anunciado en marzo de 2022, que supuso la ruptura de la postura tradicional de España (que apoyaba el referéndum de autodeterminación). Según detallan estas fuentes, el relanzamiento de los vínculos bilaterales y la cooperación política y económica entre España y Argelia «no ha debido sentar muy bien a Marruecos».

Aun así, también creen que tanto la recién regularización extraordinaria de inmigrantes (que aprobó el Ejecutivo de Sánchez en enero y que ahora está bajo supervisión del Tribunal Supremo) como la última sentencia del alto tribunal sobre las devoluciones «en caliente» de los migrantes que intentan llegar a nado a Ceuta han avivado también la presión migratoria.

En esa resolución judicial, publicada hace apenas dos meses, el Tribunal Supremo concluyó que el rechazo inmediato en frontera de los migrantes que llegan en situación irregular y son interceptados en alta mar no era posible porque en su travesía marítima no han superado ningún elemento de «contención», como sucede cuando intentan llegar a nuestro país saltando una valla fronteriza. «España ha creado un sistema de fácil entrada y difícil extradición. Esto provoca un efecto llamada a la inmigración ilegal», detallan.

Aunque explican que ninguna de estas circunstancias constituye por sí sola una prueba de coordinación entre decisiones políticas y movimientos migratorios, sí permite desarrollar, a juicio de estos mandos policiales, una lectura en que la migración se utiliza como un instrumento de presión diplomática y en la que el incremento de llegadas ilegales a nado responde en parte al deterioro del contexto político entre Rabat y Madrid. Para ellos, no hay duda de que la actual crisis fronteriza no es un «fenómeno aislado» y que es un «aviso» político de Marruecos al Gobierno de Pedro Sánchez.