Pedro Sánchez situó ayer la crisis de Ceuta en el terreno de la soberanía nacional, como si España hubiera revivido otra Marcha Verde. El presidente del Gobierno calificó la entrada irregular de 60.000 personas desde Marruecos, según los datos de ejecutivo ceutí, como una «violación de la integridad territorial de España». El líder socialista prometió utilizar «todos los resortes del Estado» para garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad autónoma.

Su discurso transmitió la existencia de un desafío organizado contra la frontera española. Pero el jefe del Ejecutivo evitó señalar a Marruecos como colaborador o autor material de la entrada masiva de migrantes y atribuyó toda la responsabilidad a las mafias que trafican con seres humanos.

Las palabras que el líder socialista eligió no son casualidad. La integridad territorial pertenece al vocabulario de la soberanía, la defensa y la Seguridad Nacional, no al de la mera gestión de los flujos migratorios. Durante su alocución, Sánchez describió los efectos propios de una acción dirigida contra el Estado –vulneración de la frontera, concentración repentina de decenas de miles de personas y necesidad de una respuesta militar y policial–, aunque sin identificar a ningún actor estatal detrás de ella.

Ese es precisamente el elemento que distingue una crisis migratoria de una amenaza híbrida. La Unión Europea define estas últimas como el conjunto de actividades perjudiciales coordinadas y ejecutadas con intención hostil para debilitar a un Estado mediante cualquier instrumento de presión, entre ellos el flujo irregular de migrantes.

La OTAN también incluye expresamente la instrumentalización de la migración para ejercer presión política sobre las fronteras. Sin ir más lejos, en 2021, la Alianza Atlántica calificó de acción híbrida la utilización organizada de migrantes por Bielorrusia contra Polonia, Lituania y Letonia.

Sánchez, en cualquier caso, no quiso llegar a formular esa acusación formalmente. Al contrario, agradeció públicamente la colaboración de las autoridades marroquíes para detener las llegadas y acelerar las repatriaciones. Su explicación oficial es que las mafias han difundido una lectura interesada de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes entran a nado y que esa interpretación ha corrido «como la pólvora».

El presidente trató así de combinar dos mensajes difíciles de conciliar: máxima firmeza ante la vulneración de la frontera, pero máxima prudencia diplomática con Rabat, el vecino más belicoso del país.

La respuesta adoptada por el Gobierno reforzó, sin embargo, el carácter extraordinario que el propio Sánchez atribuyó al episodio. El Ejecutivo ha movilizado a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil; ha incrementado el despliegue de Policía y Guardia Civil, ha reforzado los medios marítimos y aéreos y anunció la instalación de boyas en el espigón para crear una barrera física que permita adaptar las devoluciones bajo la doctrina del Supremo.

España ha recurrido, por tanto, a instrumentos militares, policiales y materiales propios de una crisis de seguridad nacional, aunque formalmente siga presentándola como una actuación de las mafias. Como contó este diario, el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia y aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, constató el paulatino aumento de las entradas a través del perímetro de Ceuta.

El documento, que se puede consultar en Internet, advierte de que la presión sobre Ceuta y Melilla se había visto «notablemente incrementada» por los nadadores que trataban de sortear la frontera por el mar, con grave peligro para sus propias vidas.

De hecho, ese mismo informe especifica que el control de los saltos masivos depende, en gran medida, del «despliegue perimetral» de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Armadas marroquíes, cuya actuación había permitido en los últimos años mantener un control «bastante riguroso» de la frontera. El propio Sánchez dijo ayer que este nuevo episodio en Ceuta rompe una tendencia positiva en la reducción del número de entradas ilegales.

La observación resulta políticamente relevante: el propio diagnóstico oficial de la seguridad española reconoce que la contención de la presión sobre Ceuta descansa en buena medida sobre la colaboración de Marruecos. Por eso, fuentes diplomáticas consultadas por este diario admiten que ha habido «permisividad». También lo apuntan así fuentes de la inteligencia citadas por El País.

La declaración de Sánchez encierra un mensaje velado. El presidente reconoció que España ha sufrido una vulneración de su integridad territorial. Pero se detuvo antes de señalar al único Estado cuya actuación resulta decisiva para controlar el paso hacia Ceuta. El mensaje que lanzó el presidente es que existe un desafío contra España; el límite diplomático ha consistido en no atribuirle un autor. Ese silencio responde al delicado equilibrio que Moncloa intenta preservar con Rabat. Marruecos reivindica Ceuta y Melilla y la frontera funciona como termómetro de la relación bilateral.