En las últimas jornadas, la frontera sur de Europa ha vuelto a ser el epicentro de una crisis humanitaria. La llegada masiva de miles de personas a Ceuta desde Marruecos —un episodio trágico que, coincidiendo con el Dïa del Trono del país alauita, ha dejado al menos 19 fallecidos— ha obligado al Gobierno español a desplegar al Ejército en la zona y a cerrar el paso fronterizo.

Como reacción inmediata, diversos gobiernos internacionales de corte conservador o ultraderechista han aprovechado la coyuntura para arremeter contra la gestión migratoria de España. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, han sugerido la adopción de “medidas extraordinarias”, planteando abiertamente la suspensión del espacio Schengen con España. Tajani llegó a vincular esta crisis con los recientes procesos de regularización impulsados por Madrid. A esta postura se ha sumado la ministra  de Interior de Finlandia, Mari Rantanen (de la ultraderecha populista), quien también apoyó la exclusión española.

No han sido los únicos en pronunciarse. La crisis ha trascendido las fronteras comunitarias. Representantes de Estados Unidos y el Estado de Israel, dos de los más firmes aliados de Marruecos y con mala relación con España a cuenta de su invasión de Irán o genocidio de Palestina, han instrumentalizado la situación para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, criticando lo que han denominado “políticas de extrema izquierda”.

En respuesta a esta escalada, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tachado las declaraciones italianas de “demagogia partidista” y ha convocado al embajador de Italia en Madrid en señal de protesta.

La realidad jurídica frente al ruido político

Más allá del cruce de acusaciones, la amenaza de suspender a España del espacio Schengen por la permeabilidad de los vallados de Ceuta y Melilla choca frontalmente con la arquitectura legal del tratado. La realidad es que ninguna de las dos ciudades autónomas forma parte plena del espacio común europeo sin fronteras.

Cuando España firmó su adhesión al Acuerdo de Schengen en 1991, incluyó una excepción específica para Ceuta y Melilla. Esta medida se diseñó para preservar las relaciones bilaterales con Marruecos y facilitar el comercio local, permitiendo que los residentes de las provincias marroquíes limítrofes (Tetuán y Nador) accedieran a los enclaves españoles sin necesidad de solicitar un visado.

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En la práctica, la verdadera “frontera Schengen” no se encuentra en las vallas terrestres que separan las ciudades de Marruecos. Los controles migratorios y aduaneros estrictos para acceder al espacio europeo se realizan en los puertos y aeropuertos de Ceuta y Melilla, antes de embarcar hacia la península ibérica. En estos puntos de control se exige la documentación pertinente a todos los viajeros.

Por lo tanto, la exigencia de Italia y Finlandia de suspender la libre circulación de España para “proteger las fronteras europeas” ignora un hecho sustancial: el Estado español ya ejerce de facto un férreo control fronterizo Schengen entre sus ciudades norteafricanas y el resto del continente, funcionando como un doble filtro de contención que blinda al resto de la Unión Europea.