El Gobierno de

Pedro Sánchez

fue advertido por su propio

Departamento de Seguridad Nacional

del repunte de la

presión migratoria sobre Ceuta

mucho antes de que se desatara la crisis que ha llevado al Gobierno de la ciudad autónoma a pedir que se declare la emergencia nacional.

El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025

, elaborado por el órgano dependiente de Presidencia del Gobierno, alertaba expresamente del «incremento notable de entradas a través del perímetro fronterizo» ceutí y atribuía ese aumento, principalmente, al fenómeno de los inmigrantes que acceden a nado bordeando el espigón fronterizo, justo como lleva varios días ocurriendo.

Esta modalidad de acceso, además de tensionar el control fronterizo, supone

«un grave riesgo» para la vida de quienes intentan entrar en España por esa vía. La referencia demuestra que el fenómeno no ha aparecido de forma repentina, sino que forma parte del diagnóstico oficial elaborado por el propio Gobierno hace meses.

El propio documento enmarca la alerta dentro de uno de los dieciséis ámbitos de riesgo y amenaza para la Seguridad Nacional, al considerar que los flujos migratorios irregulares constituyen un desafío estratégico para el Estado y para la gestión de las fronteras, especialmente en un contexto marcado por la

inestabilidad geopolítica que recorre el norte de África y el Sahel.

El propio informe subraya que su finalidad es identificar los riesgos que afectan a la seguridad de los ciudadanos y orientar la respuesta del Estado ante todo tipo de amenazas, situando expresamente los flujos migratorios irregulares entre los ámbitos objeto de seguimiento permanente.

De hecho, aunque el Ejecutivo tiene razón al alegar que la

Ley de Protección Civil

no permite declarar la emergencia nacional por un desbordamiento de la presión migratoria, lo cierto es que el Ejecutivo podría ampararse en la

Ley de Seguridad Nacional

para tomar el mando de la situación.

El artículo 23 de la citada norma delimita el marco para el proceder del Ejecutivo. «La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».

Es más, la inmigración es un elemento clave en la estrategia de seguridad nacional. Tal es así que el propio Departamento tiene un Comité Especializado de Inmigración, encargado de analizar los riesgos derivados de los flujos migratorios y asesorar al Gobierno en la adopción de medidas estratégicas.

El Ministerio del Interior ha reforzado la vigilancia policial en Ceuta de forma inmediata

debido al repunte crítico de entradas a nado. La situación en la frontera sur se ha complicado notablemente en los últimos días, provocando el caos. Pero dicho refuerzo ha sido una reacción a la crisis. No ha sido producto de una previsión pese a la advertencia del informe de Seguridad Nacional.

Más allá del debate jurídico, la decisión de no acudir a la Ley de Seguridad Nacional también tiene una clara dimensión política. La declaración de una situación de Interés para la Seguridad Nacional supondría elevar la crisis migratoria a la categoría de asunto estratégico para el Estado. Y ese marco choca con el discurso que el Ejecutivo ha sostenido durante toda la legislatura sobre la inmigración.

Desde su llegada a Moncloa,

el presidente del Gobierno ha defendido una política migratoria basada en la cooperación

con los países de origen y tránsito, el refuerzo de las vías legales de acceso y la integración de los inmigrantes en el mercado laboral. El Gobierno, que aprobó el semestre pasado una regularización masiva de migrantes, ha insistido de forma reiterada en que España necesita inmigración y ha convertido la regularización en uno de los principales proyectos políticos del tramo final de la legislatura.

Ese planteamiento parte de una premisa clara: la inmigración constituye un fenómeno estructural que debe gestionarse mediante políticas públicas, no una amenaza para la seguridad del Estado, como defienden partidos como Vox. Se trata de una guerra cultural que el Gobierno no está dispuesto a permitir enmendándose a sí mismo.

La Asamblea de Ceuta solicitó ayer a través de una declaración institucional el despliegue del Ejército y el cierre inmediato de la frontera con Marruecos. Desde Interior sostienen que «todos los ministerios implicados están actuando coordinadamente para responder».

Pero la Guardia Civil habla de «colapso».