El Gobierno moviliza al Ejército para reforzar el trabajo de la Guardia Civil ante la que amenaza con convertirse en la peor crisis migratoriaafrontada por Ceuta. Una medida que adoptó este jueves tras haber rechazado declarar la emergencia nacional en la ciudad autónoma, como llevaba horas pidiéndola su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), por considerar que la normativa no incluye entre sus supuestos una situación de estas características.

Sin embargo, dada la evolución de la crisis, pasadas las 22:00 horas tuvo que cerrar el puesto fronterizo de Beni Enzar entre Melilla y Marruecos ante el riesgo de un grupo masivo de ciudadanos de ese país intentase entrar sin autorización alguna., acción que también pretendían realizar desde la zona del Dique Sur. La Delegación del Gobierno no ha concretado cuánto tiempo se va a mantener dicha clausura, aunque sí pidió a los vecinos que no acudiesen a las zonas cercanas para facilitar las labores de seguridad de los agentes.

En cuanto al despliegue militar, cerca de 60 efectivos los que prestarán apoyo a los agentes que ya trabajan sobre el terreno para tratar de controlar la sostenida y continuada llegada de inmigrantes, que podría rondar las 20.000 personas, según fuentes policiales. Además, la Unión Europea (UE) ofreció apoyo «financiero» y «operativo» por medio de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, volvió a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez – con el que habló por teléfono – medidas urgentes para afrontar la crisis migratoria que, desde hace semanas, encara la ciudad autónoma y que está tomando tintes dramáticos con, al menos, una quincena de víctimas que se sepa. El dirigente regional defendió que su Administración está «movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible». Pero, al mismo tiempo, reclamó que declarase la «emergencia nacional» después de que el miércoles se registrasen cerca de 800 intentos de entrada de personas procedentes, en su mayoría, de Marruecos y Argelia. Sumando la cifra de este jueves, ya son 1.700 las que han llegado, gran parte de entre 18 y 30 años, además de muchos menores.

Pese a la llamada de alerta y al despliegue del Ejército, el Gobierno descarta aplicar la figura de la emergencia nacional, que supone que Interior asume el mando como ocurrió hace una semana con los megaincendios de la Comunidad de Madrid y Ávila, dado que esa declaración excepcional «no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil». El Ejecutivo se escuda en que las únicas motivaciones que la normativa contempla para su activación son de carácter natural y tecnológico.

Pese a ello, fuentes gubernamentales incidieron que están «en permanente contacto» con las autoridades ceutíes y que los distintos ministerios implicados en la gestión de esta nueva crisis migratoria llevan desde el principio trabajando para dar una respuesta que garantice tanto la «seguridad y el control migratorio» como «la atención humanitaria necesaria» a fin de evitar que se puedan poner en peligro más vidas.

De hecho, la primera de las medidas que el Gobierno puso en marcha fue el despliegue del Ejército, como ya ocurrió en la crisis de hace cinco años, que actuará en coordinación con el mando de operaciones de la Guardia Civil. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de forma permanente a la vigilancia fronteriza, se sumó un pelotón de 20 efectivos y, está previsto que a lo largo de la noche y de la madurgada del viernes lleguen dos más con 40 agentes más. Asimismo, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta incorporará otros 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía y la región recibirá a dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores especializados, para reforzar las labores de vigilancia y rescate en el entorno marítimo.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá junto al ministro de Interior, Fernando Grande – Marlaska, este viernes a la ciudad autónoma para seguir «la evolución de la situación y mantener encuentros con las autoridades» locales. Un anuncio que el Gobierno hacía después de que se cifrase en algo más de 1.700 personas —en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años y numerosos menores, la mayoría de origen marroquí y argelino— las llegadas en los últimos días, con un goteo incesante de llegadas a nado que bordean el espigón del Tarajal, que separa Marruecos de Ceuta.

Aunque las cifras generales de entradas irregulares a nivel general en España mostraron contención en la primera mitad del año, sobre todo como consecuencia del descenso vivido en la vía hacia Canarias, la ruta terrestre y a nado hacia Ceuta se ha disparado un 149,4 % en lo que va de año respecto al ejercicio anterior, con más de 2.800 accesos contabilizados, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, referentes al periodo comprendido entre el 1 de enero y 15 de julio de este año. También han crecido notablemente el número de decesos, que la organización Caminando Fronteras cifraba en cerca de más de un centenar en los primeros meses del año, un 11% más que en 2025.

Vivas justifica su solicitud de la «emergencia nacional» en que el enorme volumen de llegadas que se están registrando en el territorio desborda por completo la capacidad asistencial de la ciudad, lo que requeriría una intervención estatal inmediata. Además, volvió a insistir en la necesidad de articular un «mando único» que unifique la gestión entre el Gobierno central, la ciudad autónoma y las distintas carteras ministeriales implicadas.

Asimismo, el presidente ceutí volvió a situar en el centro de sus demandas la modificación urgente de la ley de extranjería, al considerar que la devolución inmediata actúa como un elemento disuasorio que no solo alivia la carga sobre los servicios de acogida, sino que evita que cientos de jóvenes sigan arriesgando sus vidas cruzando a nado el mar. Por ello, hizo un llamamiento directo a las fuerzas políticas del Congreso para aparcar las diferencias partidistas y alcanzar un consenso parlamentario.

En el plano asistencial y de seguridad, Vivas calificó la coyuntura de «absoluta emergencia humanitaria y social», haciendo especial hincapié en que el sistema de protección de menores está superado. Sus centros acumulan una sobreocupación del 1.600 %: acogen a 472 jóvenes frente a las 29 plazas que estableció la actualización del decreto que el año pasado aprobó el Gobierno con el objetivo de poder aliviar la situación en la que, en aquel momento, era la comunidad más tensionada a nivel migratorio, Canarias. Ante esta saturación, el presidente ceutí reclamó la activación inmediata de los fondos de contingencia estatales y la puesta en marcha de un plan de derivaciones ágil hacia la Península tanto para adultos como para menores.

El mandatario ceutí no es el único que, pese a la negativa del Gobierno, insiste en la declaración de «emergencia nacional». Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de al ciudad autónoma, entre los que están incluido el PSOE, reclamaron esta medida ante el «salto cualitativo» de crisis migratoria dado que los intentos de entrada no solo se están produciendo a nado, sino que también se han detectado centenares de llegadas a pie a través del espigón del Tarajal. Además, pidieron al Ejecutivo de Sánchez que ponga en marcha, de acuerdo a las reclamaciones ya expresadas por Vivas en los últimos días, un refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para «garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana». Y el cierre de la frontera del Tarajal.

El Gobierno marroquí señaló este jueves a «organizaciones criminales» como las causantes de la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta desde hace unas semanas, debido a que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida. Frente a las acusaciones de que las autoridades del país no están colaborando y omiten las llamadas de auxilio, tanto el Ejecutivo del país como el de Pedro Sánchez han defendido la «colaboración activa» entre ambas administraciones. De hecho, fuentes del Ministerio del Interior señalan que «la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes está deteniendo la llegada de numerosas personas».