Por ahora, solo buenas palabras y una declaración de intenciones sin fecha. El Gobierno trata de buscar contra el reloj una salida con las autoridades de Rabat a la grave crisis migratoria (y diplomática) desatada en Ceuta con la llegada a nado o violentando los pasos fronterizos de cientos de inmigrantes irregulares, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, a la ciudad autónoma. Y todo ello, ante la pasividad de las fuerzas policiales y militares del país vecino. La intención del Ejecutivo español es que el régimen de Mohamed VI acepte cuanto antes la devolución inmediata de los recién llegados, pero ni existe un pacto cerrado y firme entre ambos países ni se conoce qué fórmula podría emplearse para esas repatriaciones exprés, habida cuenta del reciente veto del Tribunal Supremo español a este tipo de devoluciones administrativas cuando se trata de entradas por mar.

Sea como fuere, el Ministerio del Interior arrancó un primer gesto del Gobierno marroquí. Ambos países acordaron este jueves «reforzar la coordinación» y agilizar los trámites para devolver cuanto antes a las personas que han entrado irregularmente en Ceuta durante los últimos días. Ese principio de pacto, todavía sin detalles, llegó en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma, donde entre 1.500 y 2.000 personas han alcanzado territorio español en apenas diez días y los recursos de acogida quedaron desbordados.

Según informó Interior, Fernando Grande – Marlaska permaneció este jueves en «contacto permanente» con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, para abordar la situación. Ambos países se comprometieron a «revisar e implementar medidas» que permitan la entrega, «lo antes posible», de «todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta».

El comunicado oficial de Interior no precisó qué cambios concretos aplicarán los dos países ni los plazos previstos para efectuar las devoluciones. A pesar de esa falta de concreción, el departamento se esmeró en presentar el acuerdo como un refuerzo de la cooperación bilateral ante unos flujos migratorios que han colocado a Ceuta en una situación límite. Solo este jueves entraron miles de personas, muchas de ellas a nado o bordeando el espigón del Tarajal, mientras se saturaba el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Fuentes de la seguridad del Estado vinculan, sin embargo, el actual episodio migratoria a una forma de protesta del Gobierno de Rabat por la visita de Pedro Sánchez a Argelia, el gran enemigo histórico de Marruecos, el pasado 20 de julio. El Gobierno español niega de plano esa relación y sostiene que los vínculos con Marruecos son «excelentes», pero estas fuentes insisten en que se está repitiendo la misma fórmula empleada en anteriores crisis diplomáticas: la presión sobre la frontera mediante grupos de nadadores, en su mayoría jóvenes residentes en Castillejos y otros marroquíes de la zona.

El precedente más grave se registró entre el 17 y el 19 de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas bordeando a nado o a pie los espigones del Tarajal y Benzú. Entre ellas había unos 1.500 menores. Aquella oleada, la más multitudinaria registrada hasta entonces en las costas ceutíes, se produjo después de que las autoridades marroquíes relajaran repentinamente el control fronterizo en pleno choque diplomático por la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Grande – Marlaska y su equipo fueron especialmente cuidadosos este jueves a la hora de no incomodar a las autoridades del país norteafricano. Ni un reproche al insuficiente control desde el otro lado de la frontera. Ni una crítica a la no actuación de las fuerzas policiales y militares marroquíes. Todo lo contrario. El ministro aprovechó el anuncio para destacar la «ejemplar colaboración» entre España y Marruecos «en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria». También agradeció a las autoridades marroquíes «los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad» y aseguró que su actuación ha «impedido miles de intentos de migración irregular».

La defensa cerrada del papel de Rabat se produjo, no obstante, mientras las imágenes mostraban a centenares de jóvenes alcanzando Ceuta por mar, atravesando el espigón fronterizo y dispersándose por las playas y las calles próximas al Tarajal. Interior insistió, pese a la magnitud de las entradas, en que el Gobierno marroquí coopera «de manera leal y permanente con España» y colabora «estrechamente» para afrontar la crisis.

Según la versión oficial, la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes está «deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí». El Ministerio de Asuntos Exteriores también trató de desvincular lo ocurrido de cualquier fricción diplomática tras el viaje de Pedro Sánchez a Argelia del pasado 20 de julio. La relación con Marruecos, defendieron fuentes del departamento, es «excelente» y la coordinación migratoria es «muy intensa».

Interior atribuyó el incremento de las llegadas a las redes de tráfico de personas, a las que acusó de estar «instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes». El ministerio aludió así al reciente fallo del Tribunal Supremo que impide aplicar el rechazo inmediato en frontera a las personas interceptadas cuando tratan de entrar en Ceuta o Melilla a nado.

La sentencia establece que estos casos no pueden equipararse al salto de una valla o a la superación de otro elemento físico de contención. Las personas que alcanzan territorio español por mar deben someterse al procedimiento ordinario de devolución, con identificación, asistencia jurídica y las garantías previstas en la legislación de extranjería. Interior considera que las redes han utilizado el conocimiento de esa resolución para animar nuevas salidas desde las costas marroquíes.

La magnitud de la crisis llevó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a reclamar por la mañana al Gobierno que declarara la «emergencia nacional» y asumiera un «mando único» para coordinar la respuesta. «La presión migratoria sobre Ceuta es una constante», advirtió, antes de señalar que en los últimos días se habían registrado «picos de especial intensidad».

El Gobierno rechazó, sin embargo, la petición de declarar la emergencia de interés nacional. Interior alegó que la normativa estatal de protección civil «no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil» ni establece planes especiales o instrumentos específicos para afrontar estas situaciones.

«No es posible, por lo tanto, la activación de este mecanismo», respondió el ministerio. La Ley de Protección Civil reserva esa figura para inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas y riesgos nucleares, radiológicos o tecnológicos.

El Ejecutivo ceutí replicó que su petición no se apoyaba en esa norma, sino en la Ley de Seguridad Nacional, que permite declarar una situación de interés para la seguridad nacional. El Gobierno central descartó también, por el momento, recurrir a esa vía.

Interior aseguró que «el Estado ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias» y garantizando la seguridad en todo el territorio ceutí. El Gobierno, añadió, trabaja con «más recursos, medios y efectivos», reforzados durante la última semana, para asegurar «la seguridad y el control migratorio» y prestar la atención humanitaria necesaria sin poner «en peligro ninguna vida humana en el mar».

Grande – Marlaska habló durante la mañana con Vivas y anunció que se desplazará este viernes, a primera hora, a Ceuta. El ministro mantendrá reuniones con las autoridades de la ciudad autónoma, la Delegación del Gobierno y los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.