Cinco años después de la grave crisis migratoria de 2021, Ceuta se encuentra de nuevo al límite. La llegada en los últimos días de al menos 1.500 inmigrantes a nado ha situado a la ciudad autónoma en un escenario de colapso, con sus servicios de atención saturados y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) sobrepasado. La gestión de la emergencia excede a la administración ceutí. Es el Gobierno de España quien se está demostrando incapaz de contener una crisis que atañe al conjunto del país.

Las imágenes de jóvenes arrojándose al mar para alcanzar territorio español, en algunos casos con resultado de muerte, expresan en primer lugar un inmenso drama humano. Pero, del mismo modo que el Estado debe hacer lo posible por proteger esas vidas, está obligado a controlar de forma efectiva sus fronteras, que en el caso de Ceuta también es frontera sur de la Unión Europea. La ciudad autónoma no puede afrontar este fenómeno en solitario: compete al Gobierno reforzar los medios policiales, de salvamento y asistenciales, así como garantizar una respuesta ordenada a quienes llegan.

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Los especialistas señalan como detonante la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera. El tribunal ha establecido que la Ley de Extranjería para Ceuta y Melilla no ampara la llamada devolución en caliente de quienes son interceptados cuando tratan de acceder a España nadando. Obviamente, la sentencia debe cumplirse, pero corresponde al legislador analizar si el marco jurídico vigente otorga instrumentos suficientes para gestionar una realidad migratoria que ha cambiado y para garantizar, desde el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales, la eficacia del control fronterizo.

El Gobierno no puede limitarse a administrar la emergencia hasta que disminuyan las llegadas mientras insiste en la cooperación leal de Marruecos. Una política migratoria responsable es incompatible con que escenas como las de estos días se conviertan en una normalidad asumida.