El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha introducido nuevos cambios en el proceso de

solicitud de la “Green card”

, la tarjeta de residencia permanente que permite vivir y trabajar legalmente en el país.

La nueva norma, que entrará en vigor

el 18 de septiembre de 2026,

se traduce en una valoración “más amplia” de la situación migratoria de los solicitantes, ya que, como apunta el DHS, los funcionarios podrán rechazar solicitudes si consideran muy posible que las personas

vayan a depender de ayudas públicas

en un futuro. Su objetivo es que “los extranjeros en EE UU sean autosuficientes y no dependan de los beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”.

Esta decisión supone la derogación de la normativa de 2022

impulsada por la Administración Biden

, que redujo los motivos potenciales para denegar una tarjeta a los inmigrantes solicitantes.

¿Qué efectos prácticos tendrá y a quién afecta?

El Departamento de Seguridad Nacional apunta a que la norma se empezará a aplicar tanto a

las solicitudes de admisión

como a

las solicitudes de ajuste de estatus,

presentadas a partir del 18 de septiembre. Con ella, los funcionarios tendrán potestad para consultar

la edad, estado de salud, situación y tamaño de la unidad familiar,

ingresos, patrimonios y deudas, el historial laboral y el tipo de ayudas recibidas durante su estancia.

En relación a las prestaciones, se valorarán aspectos como su

cuantía, duración y finalidad

, así como si las circunstancias que motivaron su solicitud fueron temporales o persisten. Entre las ayudas que podrían tenerse en cuenta figuran Medicaid, los cupones de alimentos y determinados programas de asistencia para la vivienda.

Según recoge el medio estadounidense CBS News, en su propuesta de 2025, el DHS estimó que unas 588.000 personas que solicitan cada año un ajuste de estatus estarían sujetas a una “evaluación por carga pública”, aunque esta cifra no incluye a todos los solicitantes. Por otro lado, los expertos advierten de que la medida

podría tener un efecto disuasorio,

ya que algunas familias migrantes podrían renunciar a la alimentación o de vivienda por temor a que estas ayudas perjudiquen su proceso migratorio.

¿A quiénes no se aplica la “carga pública”?

La evaluación por “carga pública”

no se aplicará a todos los extranjeros

que soliciten permanecer en Estados Unidos. La legislación mantiene la protección a diversas categorías humanitarias, entre ellas los

refugiados o solicitantes de asilo,

y las personas que tramiten la residencia a través de estas vías.

También quedan exentos los solicitantes de los visados T y U, destinados respectivamente a

víctimas de trata de personas y de determinados delitos

, así como algunas víctimas de violencia doméstica acogidas a la Ley de Violencia contra las Mujeres – VAWA – y los menores con estatus especial de Inmigrante Juvenil.