CARLA FIBLA – NUAKCHOTT
Moderadamente optimistas, las autoridades mauritanas comprueban estos días cómo la salida de la inmigración clandestina hacia Europa se desplaza cada vez más hacia el sur del continente africano, a Senegal y a Guinea-Bissau. Nuadibú, la ciudad portuaria al norte del país, ha pasado de recibir una media de 200 subsaharianos diarios con intención de embarcarse en un cayuco con destino a las islas Canarias, a unos 17, la mayoría senegaleses y malienses.

Mohamed Abdelai Uld Zeidan, consejero técnico de inmigración del Ministerio de Interior, lee las últimas cifras sobre inmigración clandestina. Apenas hace comentarios sobre los resultados que cada mes son actualizados y analizados por su departamento para uso interno del Ejecutivo. “Hemos pasado de la detención y repatriación de 2.638 personas el año pasado a 7.418 en lo que llevamos del 2006”, explicó ayer a La Vanguardia.

Durante las últimas semanas la ruta de Nuadibú no es tan frecuentada por los que buscan una salida hacia Europa, aunque desde el Ministerio de Interior no se atreven a reducir la cifra, estimada en marzo, cuando comenzó la crisis de los cayucos, de entre 15.000 y 20.000 potenciales inmigrantes clandestinos en las calles de Nuadibú. Hasta el pasado 30 de agosto, se ha detenido este país a 61 personas vinculadas a grupos mafiosos dedicados al tráfico de personas a Europa.

Con la relativa inactividad en la ruta de salida de Nuadibú, las autoridades mauritanas se enfrentan sobre todo a un problema humano por el aumento de los naufragios en la zona. “En lo que llevamos de año hemos recuperado 165 cadáveres y por los testimonios de los supervivientes estimamos que hay 500 desaparecidos”, añadieron las mismas fuentes de Interior.

Mauritania aceptó el último vuelo desde España con inmigrantes subsaharianos en junio. Desde entonces realiza desplazamientos en autobuses en pequeños grupos hacia la frontera de Mali y Senegal, mientras el Gobierno español repatría directamente desde Canarias a Saint-Louis (Senegal) o Bamako (Mali). Tras la aprobación, el pasado marzo, del Plan de Estrategia Nacional de Lucha contra la Inmigración Clandestina, el Gobierno mauritano prevé destinar en los presupuestos del 2007 un total de 655.750 euros para empezar a controlar los más de 5.000 kilómetros de frontera para combatir los flujos ilegales de inmigrantes en su territorio. Pero Mauritania insiste en que depende de la ayuda europea (pide a España 17.000 euros al mes para mantener los centros de acogida) y de ONG para empezar a paliar los trágicos efectos de este fenómeno.

“En Nuadibú son los senegaleses los que se dedican a la pesca. Nosotros no podemos controlar quién sale a faenar dos días y luego no vuelve. No somos responsables de que al no tener visado para ir a Europa decidan emigrar de forma clandestina”, concluyo Zeidan.