El 28 de julio de 1951 se suscribió en Ginebra la Convención sobre el Estatus de los Refugiados, que entonces estaba dirigida principalmente al grupo de personas que seguían desplazadas en Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que se estimaba en más de un millón. 75 años después, la protección de las personas refugiadas se ha debilitado debido a la reducción de las opciones de reubicación y de los recursos disponibles, al tiempo que la desinformación vinculada a los discursos de odio ha ido en aumento.

Esa situación ha evolucionado hasta tal punto que en la actualidad 43,7 millones de personas se encuentran bajo el mandato de Acnur, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados.

«Setenta y cinco años después, el desafío no consiste únicamente en defender la Convención, sino también en garantizar que su promesa funcione en la práctica, lo que significa tener sistemas de asilo justos y eficaces, y apoyar a los países y comunidades que acogen a la mayoría de refugiados del mundo», explica Dominique Hyde, su directora de Relaciones Exteriores.

Enumera los retrocesos que se ven en esta materia y relata para Efe una experiencia vivida en Burundi, donde visitó un campamento que acoge a 57.000 refugiados congoleses en el que se prestaba apoyo sanitario, pero «había preocupación por si habría fondos suficientes para seguir pagando a los médicos». «Tampoco había dinero suficiente para el suministro de agua. Solo se disponía de ocho litros por persona y día, cuando el estándar mínimo en situaciones de emergencia es de 15 litros. Estamos viendo esta situación en todo el mundo», sostiene.

En el contexto de la efeméride de la Convención, Acnur ha presentado los datos de un sondeo realizado en 29 países representativos de distintas regiones y niveles de desarrollo socioeconómico en los que ha preguntado a la gente su opinión sobre el derecho al asilo, el rol de los Estados y la pertinencia de este instrumento legal internacional.

SISTEMAS JUSTOS Y EFICACES
«Muchas personas apoyan el derecho a buscar protección, pero al mismo tiempo se preguntan si los sistemas de asilo son justos y eficaces y si están bien gestionados», señala una responsable de Ipsos, la compañía que colaboró con Acnur en la encuesta.

El 61% cree que detrás de muchas peticiones de protección internacional en realidad hay motivos económicos, pero al mismo tiempo una proporción aún mayor (66%) está de acuerdo con que las personas que escapan de guerras o que son víctimas de persecución deben ser recibidas como refugiados en otros países.

Uno de los aspectos más interesantes del sondeo ha sido que los encuestados han podido expresarse claramente sobre por qué creen que muchos no son auténticos refugiados: opinan que las personas que huyen disponen de recursos económicos; se preguntan por qué no se quedan en el primer país al que llegan; y mencionan ideas recibidas a través de medios de comunicación o redes sociales.

Muchos de esos mensajes difunden una narrativa contra los refugiados o crean confusión intencionadamente al equipararlos con las personas migrantes, lo que quizás explique la tendencia a la reducción de las plazas de asilo, que este año se han fijado en 120.000 como objetivo, pese a que los refugiados que las necesitan y cumplen los criterios para ello son casi 2,4 millones.

A pesar de ello, lo más probable es que ni el objetivo trazado se cumpla, si se tiene en cuenta que en 2025 se pudo reasentar a menos de 40.000 refugiados (principalmente, y por orden, en Canadá, Australia y Estado francés), una caída del 68% frente a un año antes.

De manera general, los jóvenes muestran opiniones más positivas que las generaciones mayores: casi la mitad de los encuestados de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) cree que los refugiados se integrarían con éxito, frente al 39% de los de la generación del baby boom (1946-1964).

Aun así, la preocupación por la integración, la gestión de las fronteras y la autenticidad de las solicitudes de asilo se mantuvo en cierta medida en todos los grupos de edad.