A.F. de la Gándara
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas experimentó durante 2005 un aumento en la actividad delictiva del 8,69% con respecto a 2004, «el mayor incremento de la década», según la memoria del fiscal general del Estado. El informe concluye que la razón es, «sin lugar a dudas», el tráfico ilegal de personas y los choques de convivencia entre culturas y etnias.

Los juzgados de  instrucción penal de la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) registraron durante el año pasado 104.046 diligencias previas, 8.351 más que el año anterior, lo que supone un incremento en los índices de delincuencia del 8,69%. Según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada el lunes al rey con motivo de la apertura del año judicial, «se trata del mayor incremento producido en este ámbito en la última década» en la provincia occidental canaria.

La Fiscalía considera que entre las razones que justifican este incremento «se encuentra, sin lugar a dudas, el fenómeno de la inmigración, que en la isla de Fuerteventura ha estado presente en los últimos años con gran intensidad, y en cuyos juzgados ha sido incoado el mayor número de diligencias previas por delitos relacionado con el tráfico ilegal de personas» [el fiscal se refiere a procedimientos penales contra patrones de cayucos y pateras].

«Al mismo tiempo», expone la memoria [el fiscal general, Cándido Conde – Pumpido, se limita aquí a reproducir el informe elevado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido], «el importante incremento poblacional experimentado, con mezclas de diferentes etnias y procedencias culturales, genera problemas de convivencia que tienen su correspondiente repercusión en el incremento de las estadísticas judiciales relacionadas con la evolución de la criminalidad».

La memoria detalla que a las 104.046 diligencias previas incoadas durante 2005 hay que añadir las 1.958 reabiertas en años anterior y las 22.063 pendientes de resolución a enero de 2005, «lo que hace un total de 128.487 asuntos criminales vivos en los juzgados de Las Palmas.

De este total de diligencias, 75.088 (un 58,44%) fueron archivadas por no ser conocido el autor del delito, 16.203 (el 12,61%) se archivaron por no ser delito el hecho denunciado, 8.021 (el 6,24%) se declararon falta y 9.738 (el 7,57% fueron acumuladas o inhibidas a otros procedimientos.

A final del pasado año, sigue el informe, los juzgados penales de la provincia tenían pendientes de tramitación 15.587 diligencias previas, «lo que supuso disminuir la cifra que ya se arrastraba el año anterior en 6.876 diligencias previas».

Durante el año pasado, los representantes de la fiscalía en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura formularon 3.376 escritos de acusación, 2.914 competencia de los juzgados de lo Penal [que ven causas con peticiones de condena no superiores a seis años] y 461 competencia de la Audiencia Provincial de Las Palas [que se ocupa de juzgar los delitos más graves, en los que se piden penas superiores a seis años].

Juicios rápidos. El informe de la acusación pública presentado al rey, al que ha tenido acceso este periódico, también destaca el alto número de juicios rápidos que se resolvieron por conformidad de los imputados con el escrito de acusación del fiscal: el 43,82% de los celebrados durante el periodo estudiado en Las Palmas y el 62,20% en Santa Cruz de Tenerife. Así, explica, se cerraron 2.159 procesos mediante sentencia de conformidad en las islas orientales y 914 en las occidentales.

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