La decisión del Ayuntamiento de Donostia de prohibir las cenas solidarias a personas sin techo que han venido organizándose en los últimos años en diversos puntos de la ciudad ha desatado una ola de reacciones. Tal y como adelantó ayer este periódico, el consistorio ha decidido vetar estos repartos que se realizaban en distintos puntos de la capital – la plaza Gipuzkoa, la plaza de la Constitución y el paseo de Anoeta – , como ya hizo en octubre de 2024 en Egia. Igual que en aquella ocasión, el Ayuntamiento alega razones de «seguridad». El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti (PNV), subrayó ayer que los delitos en dichas zonas «se han duplicado». Las intervenciones policiales por motivos de seguridad en la plaza de la Constitución han pasado de 50 a 99 desde 2023. En el último año, el incremento ha sido de un 70%, cifra similar a la registrada en la plaza Gipuzkoa, según se extrae de un informe elaborado por la Guardia Municipal de Donostia al que ha tenido acceso este periódico.

En el plano político, EH Bildu y Ezker Anitza han criticado con firmeza la decisión mientras que PNV, PSE y PP la respaldan. Entretanto, los voluntarios de Kaleko Afari Solidarioak – grupo que organizaba los repartos – subrayan la «gravedad» de la situación y exigen la puesta en marcha de «comedores sociales». Lo hicieron ayer en el exterior del edificio consistorial después de que el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, compareciera tras la Junta de Gobierno Local para ofrecer detalles sobre la alternativa que se aportará a las personas que acudían a estas citas.

El documento de la Guardia Municipal en el que se ha apoyado el consistorio donostiarra para tomar esta decisión muestra la evolución de la actividad policial en los tres puntos donde se han organizado las cenas solidarias en Donostia desde que en octubre de 2024 se prohibiera esta actividad en el barrio de Egia. Lo primero que se destaca es que, pasado un año desde el veto, la tasa delincuencial en dicho barrio «ha dismunuido un 19,34%». Acto seguido, se exponen una serie de datos referentes a las tres zonas de reparto de cenas.

En el caso de la plaza Gipuzkoa se establece una comparación de la actividad policial 20 meses antes y 20 meses después del inicio del reparto de cenas, a principios de noviembre de 2024, en un horario de referencia de 18.00 a 22.00 horas – las cenas se daban a las 20.30 – . En el periodo anterior a que se empezaran a organizar en los soportales del edificio de la Diputación se registraron «173 intervenciones por motivos de seguridad» por parte de la Guardia Municipal. En la etapa posterior al inicio de reparto de cenas y hasta el 30 de junio de este año se contabilizaron hasta «296 actuaciones» del mismo tipo. Un incremento del 71% que desde el consistorio relacionan con el «empeoramiento de la situación de convivencia» en las zonas mencionadas, según aseguró el propio Insausti en la rueda de prensa ofrecida ayer.

En el informe se ofrecen también las cifras de intervenciones policiales por motivos de seguridad en la plaza de la Constitución y en el paseo de Anoeta desde 2023 hasta el pasado 30 de junio, apreciándose «un aumento progresivo año tras año». En la primera se pasó de 59 a 99 actuaciones en el último año natural (un 67% más), mientras que el incremento fue menos acusado en la zona del barrio de Amara.

La Guardia Municipal concluye en su análisis que «esta situación sostenida en el tiempo ha generado una percepción de inseguridad y miedo en los vecinos, viandantes y usuarios de las tres zonas en las que se reparten las cenas, aumentando el número de quejas ciudadanas por problemas de seguridad» y, por lo tanto, se propone la «eliminación total» de las cenas solidarias «en todo espacio público de la ciudad».

La dirección de la Guardia Municipal señala directamente «comportamientos incívicos» que se habrían desarrollado en torno a las cenas solidarias. «Peleas entre los propios beneficiarios, a menudo con utilización de armas blancas u objetos peligrosos, además de una proliferación de hurtos, robos, consumo de estupefacientes, amenazas e insultos a vecinos y viandantes, los cuales se han tornado más agresivos con el paso de los meses», se remarca en el informe.

Estas observaciones sobre la presunta falta de seguridad, junto con otros factores como que la actividad «nunca ha sido autorizada» pese a llevar años en funcionamiento, han motivado que el consistorio donostiarra suspenda permanentemente las cenas solidarias.

Para tratar de contrarrestar su ausencia, Insausti anunció ayer que el Ayuntamiento reforzará, a través de una subvención del Gobierno Vasco, el programa Otorduak – ya existente – . Destinará 500.000 euros más a este modelo, llegando a los dos millones de desembolso, que permitirán repartir 100 comida más al día a personas en situación de exclusión social. Con este refuerzo, Otorduak pasará de dar 316 platos diarios a ofrecer 416. El regidor donostiarra aclaró que las personas que accedan a estas ayudas tendrán que estar empadronadas en Donostia o certificar su arraigo con una estancia mínima de tres meses en la ciudad. «Quienes quieran acceder a estas comidas tendrán que demostrar una voluntad de inclusión social y laboral, una intención de aportar en la convivencia», apostilló Insausti.

Las reacciones de los diversos partidos políticos con representación municipal no se hicieron esperar. El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Juan Karlos Izagirre, aseguró ayer que es «injustificable e inhumano prohibir a unas personas dar de forma voluntaria una comida caliente al día a quien no tiene qué comer». Por su parte, la portavoz de Ezker Anitza – IU Arantza González, manifestó que detrás de esta decisión hay «razones racistas» y denunció que se deja a «300 personas sin alternativa para alimentarse en condiciones».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Borja Corominas, aplaudió por su parte que el Gobierno municipal haya decidido «poner fin a las cenas solidarias en la vía pública porque incumplen la normativa y generan problemas de convivencia y seguridad». Añadió que la decisión convierte en «política municipal» una medida que su grupo «lleva años reclamando» en el consistorio. Ane Oyarbide, portavoz del PSE en el consistorio, señaló que la medida responde a «criterios técnicos, sustentados en informes de la Guardia Municipal, Salud Pública y la Unidad de Uso del Espacio Público».