La decisión del Gobierno municipal de prohibir el reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) ha provocado una división de opiniones entre los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Donostia. Mientras el PP celebra una medida que llevaba tiempo reclamando, el PSE apoya la decisión y aboga por reforzar la “coordinación”, EH Bildu y Ezker Anitza – IU han cargado con dureza contra el alcalde, Jon Insausti, acusándole de criminalizar la pobreza y de ceder a las presiones de la derecha.

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El portavoz del Partido Popular, Borja Corominas, ha sido el más contundente en su apoyo, celebrando que el Gobierno municipal haya decidido “poner fin a las cenas solidarias en la vía pública porque incumplen la normativa y generan problemas de convivencia y seguridad”. Corominas ha afirmado que la decisión convierte en “política municipal” una medida que su grupo “lleva años reclamando”. En este sentido, se ha mostrado muy crítico con la tardanza del ejecutivo: “Llevamos cuatro años intentando que el equipo de gobierno prohíba el reparto irregular de comidas en la calle. Siempre han votado en contra.¿Por qué lo que hace cuatro años era imposible, ahora resulta necesario?”. Para el portavoz popular, se han “perdido cuatro años de inseguridad ciudadana” y, aunque tarde, “el Gobierno ha acabado haciendo lo que el Partido Popular llevaba años reclamando: proteger la seguridad, la convivencia y garantizar una atención social digna”.

Desde el PSE – EE, socio de gobierno del PNV, su portavoz, Ane Oyarbide, ha manifestado su apoyo a la resolución, asegurando que responde a “criterios técnicos” basados en informes de la Guardia Municipal, Salud Pública y Uso del Espacio Público. Tras agradecer la labor de los voluntarios, Oyarbide ha subrayado que “la garantía de derechos y la atención a las personas más vulnerables no puede descansar en el voluntariado, sino que debe ser una responsabilidad de las administraciones públicas”. La portavoz socialista ha insistido en que los repartos generaban “incidentes, comportamientos incívicos y conflictos que afectan a la convivencia” y ha abogado por reforzar los recursos públicos y la coordinación entre instituciones, reclamando también una “mayor implicación de los municipios del entorno”.

En el lado opuesto, la portavoz de Ezker Anitza – IU, Arantza González García, ha tachado la decisión de “racista”, asegurando que el alcalde “puede vestirlo de inseguridad o problemas de convivencia pero lo que está haciendo realmente es incrementar un problema”. Para González, el gobierno PNV – PSE está “haciendo seguidismos de las políticas xenófobas de la derecha y de la ultraderecha y sucumbir a las presiones del Partido Popular”. Ha calificado de “inaceptable” que se prohíba el servicio sin ofrecer una alternativa, lo que “es dejar a muchas personas en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Por su parte, EH Bildu ha expresado su “solidaridad con los miembros de las cenas solidarias” y ha calificado la prohibición de “injustificable e inhumana”. Desde la coalición abertzale consideran que la medida es una “decisión del alcalde, que no ha compartido con nadie” y que demuestra su manera de hacer política. Acusan al PNV y a Insausti de “haber comprado el discurso del PP y la ultraderecha, confundiendo migración y seguridad”, y advierten de que “quien piense que con estas medidas se soluciona nada, está muy confundido”. Por todo ello, EH Bildu ha hecho una petición directa al alcalde: “que suspenda esta resolución y que convoque una mesa como se hizo entonces para buscar soluciones efectivas, sin prohibiciones y sin estas medidas inhumanas”.