El Gobierno de Aragón ha decidido suprimir las “pagas semanales” que aportaba a los menores extranjeros no acompañados que tiene bajo su tutela. Es una decisión adoptada por la consejería de Desregularización, liderada por el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), y sustentada en que dichos pagos “no contaban con un soporte reglado”.

Según las auditorías internas de gasto que está realizando esta consejería, se cifra en 180.000 euros el desembolso efectuado de forma anual por la aplicación de esta medida, “a tenor del número de menas que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central”.

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“Estas propinas ascendían a 17 euros semanales para cada mena, de forma fija. Estos 180.000 euros de gasto anual, que hasta ahora se utilizaban para dar propinas a los menas, equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias”, ha señalado Nolasco a través de un comunicado.

Se trata de una nueva acción ejecutada por Vox en su guerra particular contra la integración de la población inmigrante en el territorio aragonés, centrada especialmente en la gestión de los centros de menores no acompañados instalados en la comunidad. Nolasco ya anunció que contrataría equipos de seguridad privada para ejercer un mayor control sobre lo que sucede en el interior de los mismos, así como ha presentado varias denuncias ante la Fiscalía por agresiones a las trabajadoras sociales por parte de los residentes.

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La eliminación de la asignación económica semanal a los niños y adolescentes migrantes alojados en los centros de protección de la Comunidad, ha provocado la presentación de una denuncia por parte del Ministerio de Juventud. La titular de la cartera, Sira Rego, ha señalado que la medida adoptada por Nolasco “es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años” y considera que se trata de una acción “racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos”.

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En ese sentido, Rego, en un comunicado difundido en redes sociales, ha añadido que se trata de “la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox” y ha advertido de que el único objetivo de estas políticas es “crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma”.

Con todo, el Ministerio considera que “los hechos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor”. Por ello, ha trasladado la información a la Fiscalía de Menores para que de inicio a una investigación si lo considera pertinente.