El PP y Vox han aprobado este lunes en la comisión de Economía de Les Corts sus enmiendas parciales a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que ahondan en la “prioridad nacional” que defiende la extrema derecha, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Generalitat el pasado miércoles que introduce por primera vez el polémico principio en un texto legal en España.

Varias enmiendas aprobadas incluyen la “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda, por ejemplo. Una que establece que el desarrollo reglamentario contemple “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular”, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”.

El PP y Vox han impuesto su mayoría parlamentaria y no han aceptado las enmiendas de la oposición, el PSPV-PSOE y Compromís, a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como la ley de acompañamiento.

Esta norma se aprueba cada año junto con los presupuestos para modificar varias leyes a la vez y aplicar la política del Consell. Este lunes se ha votado en comisión y el próximo viernes deberá pasar el trámite del pleno. El PP es el grupo mayoritario con 40 escaños, pero necesita 10 escaños más para alcanzar la mayoría absoluta. Vox cuenta con 13 diputados.

Entre las enmiendas del PP, Vox solo ha votado en contra de una que pedía establecer los sistemas de turno libre y promoción interna en la selección de los funcionarios de Policía Local, mientras los populares han apoyado todas las del grupo minoritario.

Otra enmienda incluye “como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia” en establecimientos públicos a las personas que porten “prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial”, al tiempo que se establece llevar la cara descubierta como una de las obligaciones de los funcionarios y, a petición de Vox, como una obligación de los usuarios del transporte público o quienes accedan a centros sanitarios o acudan a actividades recreativas. Se establece que los agentes de los cuerpos de Policía Local deberán vigilar el cumplimiento de estos preceptos.

En declaraciones a los medios antes de la comisión, el portavoz del PP, Nando Pastor, ha rechazado hablar de “cuestiones semánticas” sobre la “prioridad nacional”, ya que ha insistido en que se basa en el “arraigo” y en el empadronamiento: “No estamos haciendo nada extraño, no estamos perjudicando absolutamente a nadie”.

También ha defendido el apoyo a las enmiendas de Vox para prohibir el acceso a establecimientos a personas con la cara tapada, que según él “atienden a una cuestión de seguridad” y de “identificación visual”. Se ha preguntado, en alusión al uso del burka y el niqab, si “no deberíamos estar en contra de que a una mujer hoy, en pleno siglo XXI, se le impusiese cómo debe vestir”.

Desde Vox, María Teresa Ramírez ha destacado “prioridad nacional, seguridad y menor presión fiscal” como pilares de las enmiendas aprobadas en la ley de acompañamiento. “Existe un requisito de acceso al registro de demandantes basado en el empadronamiento histórico acumulado: cinco años para el alquiler de vivienda pública y diez años para la compra. Una vez cumplido ese requisito, entra en funcionamiento un sistema de baremación por puntos”, ha aclarado.

El diputado socialista José Antonio Díaz, del PSPV, ha denunciado que “se entierra la poca dignidad que le quedaba al PP para desgracia de los valencianos”. “Más que ley de acompañamiento es ley de ‘te acompaño en el sentimiento”, ha ironizado. Ha acusado a los populares de comprar el discurso racista de Vox para darle rango de ley, lo que a su juicio convierte a la Comunitat en un laboratorio de las políticas más extremistas de la derecha".

Y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que el PP “se arrodille una y otra vez a los extremistas de Vox para impregnar las leyes valencianas de racismo, xenofobia y odio”. Baldoví ha defendido sus enmiendas como retirar los fondos que la Generalitat destina a la Fundación Toro de Lidia para destinarlo a los bomberos o quitar los privilegios a los expresidentes de la Generalitat “para que Carlos Mazón deje de tener coche oficial, asesor y piso a su disposición”.