Aragón ha suprimido la asignación que recibían los menores extranjeros no acompañados que residen en Aragón. Este recorte ha sido gestionado por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno regional, Alejandro Nolasco (Vox), que ha argumentado que esto “supone un ahorro de 180.000 euros al año, equivalente a 7 plazas de residencias para mayores”. Cada menor recibía 17 euros semanales de forma fija que son, a juicio del partido ultra, una “propina” que se pagaba con cargo al Presupuesto de la comunidad, que no cuenta con soporte reglado.

“Los recursos públicos deben destinarse a los españoles que más lo necesitan y a quienes han contribuido a sostener nuestro país”, ha publicado Vox en la red social X, en una publicación en la que se refieren a esta subvención como “la paguita semanal de los menas [siglas despectivas para referirse a los menores migrantes no acompañados]”. “Vox cumple”, han zanjado. Esta ayuda estaba destinada a facilitar el proceso de integración de los menores en la comunidad tanto dentro como fuera de los centros de acogida.

La decisión ha provocado la reacción del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, que ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para poner en su conocimiento la medida. En el escrito, el ministerio sostiene que esta supresión de Vox podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los menores, una discriminación por razón de nacimiento y raza, y la posible constitución de un delito de odio, además de contravenir el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por origen, y el artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.

Desde el ministerio critican que se suprima esta ayuda para “los niños, niñas y adolescentes migrantes” en los centros de protección, mientras “se mantiene para aquellos con nacionalidad española”. “Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años”, ha señalado Rego, que ha calificado la medida de “racista” y ha argumentado que supone la “aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox”. “Es una medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos”, ha concluido Rego.

En una nota de prensa recogida por Efe, el Gobierno de Aragón ha justificado que esta decisión es “fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia”. El Ejecutivo aragonés explica que “se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros” para la comunidad, y que este gasto es una “imposición del Gobierno central”.

El presidente de la comunidad, Jorge Azcón (PP), se ha desvinculado de la medida en los micrófonos de Radio 5: “Es una decisión que ha tomado el departamento [de Bienestar Social y Familia] y lo sensato es que sea el departamento quien les explique con detalle esa medida”, ha esquivado. El presidente popular ha insistido en que estas ayudas ya estaban siendo recortadas en función del comportamiento de los menores en los centros.