De repente, el motor se paró. Se hizo el silencio en medio del mar Egeo y la embarcación neumática dejó de avanzar. A bordo iban unas 20 personas hacinadas, entre ellas dos hermanas sirias, Yusra y Sara Mardini, que habían abandonado Damasco en 2015 por la guerra en Siria con el sueño de encontrar un lugar donde pudieran vivir sin miedo.

Tras cruzar Líbano y Turquía, habían acabado en esa lancha que ahora se encontraba a la deriva. Cuando el motor se averió, ellas y otras dos personas que sabían nadar se lanzaron al agua. Durante más de tres horas empujaron y guiaron la embarcación hasta la costa griega, evitando que se hundiera con todos los que iban a bordo. “Cada minuto parecía una eternidad”, explica Yusra Mardini (Damasco, 28 años) por correo electrónico.

“A veces la gente pregunta por qué asumimos ese riesgo, pero la realidad es que nadie elige un viaje tan peligroso a menos que las alternativas sean aún más peligrosas”. Llegar a Grecia fue solo el comienzo de un periplo que continuó hasta llegar a Alemania, donde se establecieron y obtuvieron el estatuto de refugiadas. Años después, Yusra volvió a lanzarse al agua, esta vez como nadadora olímpica y miembro del Equipo Olímpico de Refugiados.

La embajadora de buena voluntad del Acnur, Yusra Mardini, visita la piscina de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Tishreen, en Damasco, durante su primera visita a Siria en diez años.
Youssef Badawi
Wenyen Gabriel (Jartum, 29 años) nació en la capital de Sudán, hijo de unos padres que habían huido del sur del país a causa de la guerra civil. Cuando era apenas un bebé, la familia tuvo que escapar de nuevo, esta vez a El Cairo. “Mis padres intentaban encontrar la manera de alimentar a la familia. Éramos cuatro hijos, y tanto mi madre como mi padre eran muy jóvenes. Mi padre buscaba trabajo, pero era muy difícil mantenernos”, explica por videollamada.

Finalmente, cuando él tenía dos años, lograron ser reasentados como refugiados en Estados Unidos. Gracias a una beca de baloncesto, Wenyen logró llegar a la NBA y representar en 2024 a Sudán del Sur en los Juegos Olímpicos de París.

Aunque proceden de lugares distintos y huyeron de conflictos diferentes, Yusra Mardini y Wenyen Gabriel comparten una experiencia que marcó sus vidas mucho antes de convertirse en deportistas de élite: ambos fueron personas refugiadas. Sus historias, que ahora cuentan como Embajadores de Buena Voluntad de Acnur, son el reflejo de un sistema de protección internacional que permitió a sus familias empezar de nuevo.

Una promesa que cumple 75 años
El 28 de julio de 1951, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados nació bajo una premisa simple: toda persona que huye de la violencia, de un conflicto o de la persecución tiene derecho a buscar un lugar seguro.

75 años después, en medio de un mundo con un récord de conflictos y 117,8 millones de desplazados en 2025, esta promesa se enfrenta a diversos desafíos: desde la desinformación, los recortes de fondos, las presiones en los Estados de acogida o políticas que ponen a prueba un sistema creado tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar que nadie fuera devuelto al país en el que corriese grave peligro. “El sistema internacional de protección ha salvado millones de vidas, pero hoy está sometido a una enorme presión. Demasiadas personas refugiadas siguen enfrentándose a viajes peligrosos, largos procedimientos de asilo, oportunidades limitadas y años de incertidumbre”, dice Mardini.

Nos preocupan prácticas que restringen el acceso al asilo, como las devoluciones inmediatas, la denegación de acceso al territorio o los retornos forzosos
Elizabeth Tan, Directora de Protección Internacional y Soluciones de Acnur
El principio de no devolución, conocido como non-refoulement y recogido en el artículo 33 de la Convención, constituye la piedra angular de este sistema. Ninguna persona debe ser devuelta a un país donde su vida o su libertad corran peligro. En los últimos años, el endurecimiento del clima político y el auge de los discursos antiinmigración han provocado un giro en las políticas de varios países y mayores trabas para los solicitantes de asilo. “Nos preocupan prácticas que restringen el acceso al asilo, como las devoluciones inmediatas, la denegación de acceso al territorio o los retornos forzosos”, declaró Elizabeth Tan, Directora de Protección Internacional y Soluciones de Acnur, en una rueda de prensa en Ginebra.

La presión en los Estados de acogida provocó el año pasado que millones de personas retornasen a sus países de origen, pese a que la situación allí siguiera siendo inestable. Por ejemplo, 2,9 millones de afganos regresaron en 2025 a Afganistán, y de estos, 1,9 millones eran refugiados. Volvieron principalmente desde países como Irán y Pakistán mediante ultimátums, retirada de permisos y amenazas de deportación.

“Yo señalaría que la crisis del asilo está principalmente en el Norte Global, que es, además, el conjunto de países que menos solicitantes de asilo reciben. Y al final, la gran problemática y cómo se tambalea la propia Convención está precisamente allí”, explica Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España, en una entrevista por videollamada. Un ejemplo es el de la Unión Europea, donde acaba de entrar en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con más controles y expulsiones aceleradas de quienes no obtengan protección. Mientras tanto, avanza la creación fuera de Europa de centros de deportación en terceros países.

“Estamos desarrollando todo eso que hace 20 años hacía que la gente se llevara las manos a la cabeza, que son las políticas de externalización“, dice Álvarez. ”Creo que ahí se está vulnerando el principio de no devolución constantemente, porque se están alcanzando acuerdos con países donde no existe ningún tipo de control sobre si se van a vulnerar o no los derechos humanos de esas personas”, resume.

“Respetamos el derecho de los Estados a controlar sus fronteras y a aplicar sus procedimientos conforme a su legislación nacional. Pero también debemos tener presente la Convención que firmaron: quienes realmente necesitan protección internacional y cuya vida correría peligro si fueran devueltos no deben ser devueltos”, añade Eujin Byun, portavoz global de Acnur, en una entrevista con este diario.

Wenyen Gabriel, nuevo Embajador de Buena Voluntad de Acnur, durante una visita en el campo de refugiados de Doro, en Maban, Sudán del Sur, el 14 de julio.
ACNUR
La portavoz cita otro desafío: la responsabilidad de acoger a las personas refugiadas recae de forma desproporcionada sobre los países vecinos y, con frecuencia, sobre Estados que ya afrontan considerables presiones económicas y sociales. Según Acnur, el 65% de las personas refugiadas permanecen en un país vecino. Una realidad que Yusra Mardini también pone de relieve: “Estos países y comunidades necesitan un apoyo internacional mucho más sólido y predecible”, dice Mardini.

Recortes de fondos
Otra amenaza para las personas refugiadas son los recortes en la financiación de la ayuda al desarrollo, que se han acelerado durante 2025, aunque desde Acnur observan desde hace años una “reducción progresiva de los recursos destinados a las crisis de desplazamiento prolongadas”, especialmente en África. Esto ha obligado a cancelar muchos programas para concentrarse en las actividades que salvan vidas, dice la portavoz. A finales de junio, la agencia solo había recibido el 31% de los fondos necesarios para sus operaciones.

Hay menos atención sanitaria, menos refugios, menos educación y, muchas veces, agencias de la ONU ya no pueden seguir proporcionando alimentos, que son el apoyo humanitario más básico que deberían tener", explica. “Las consecuencias son dramáticas, de vida o muerte para los refugiados”, resume Byun.

En el este de Chad todavía hay unas 8.500 familias sin refugio y alrededor de 30.000 personas permanecen en la frontera porque no disponemos de capacidad para trasladarlas a lugares más seguros, a pesar de que sabemos que permanecer allí supone un riesgo
Eujin Byun, portavoz global de Acnur
“En el este de Chad todavía hay unas 8.500 familias sin refugio y alrededor de 30.000 personas permanecen en la frontera porque no disponemos de capacidad para trasladarlas a lugares más seguros, a pesar de que sabemos que permanecer allí supone un riesgo”, ejemplifica. “En Sudán, que actualmente atraviesa la mayor crisis de desplazamiento del mundo, seguimos recibiendo en zonas como Darfur y El Obeid a niños con desnutrición severa y embarazadas también desnutridas”, asevera Byun.

El precio de la desinformación
A pesar de un debate político cada vez más polarizado, el apoyo social al derecho de asilo continúa siendo mayoritario. Según una encuesta reciente de Ipsos en 29 países, el 66% de los encuestados respalda el derecho de quienes huyen de la guerra o la persecución a buscar refugio. Sin embargo, el 61% duda de que todas las personas que solicitan protección internacional tengan realmente motivos para hacerlo y no lo hagan motivadas por oportunidades económicas o el acceso a prestaciones sociales.

“Creo que los políticos y también los medios de comunicación, por el tratamiento que han dado al fenómeno migratorio durante años, han contribuido a ello. Se está presentando como una avalancha y de una manera que ensalza la violencia. Se está creando un imaginario de peligro donde las personas, por un lado, entienden que ellas también huirían de vulneraciones de derechos humanos, pero, por otro, están recibiendo unos mensajes de desinformación muy importantes”, opina Álvarez.

“La gente sigue creyendo que las personas refugiadas necesitan protección internacional. Pero, al mismo tiempo, lo que ponen en duda es si el sistema de asilo está funcionando en su país, si estamos dando esa protección a las personas que realmente necesitan protección internacional”, reconoce Byun. “Pero cuando uno habla con las personas refugiadas, descubre que lo único que desean es regresar a su hogar. No quieren arriesgar su vida ni la de sus hijos cruzando la ruta atlántica hacia España o la ruta del Mediterráneo hacia Italia o Grecia”.

“Creo que la idea equivocada más extendida es pensar que ayudar a las personas refugiadas es una carga. Yo lo veo como una inversión de futuro. Son personas con muchísimas ganas de salir adelante. Trabajan muy duro y valoran profundamente cualquier oportunidad que reciben”, reflexiona Gabriel. “Cuando llegamos a EE UU, mis padres tenían dos o incluso tres empleos. No se quedaban en casa esperando recibir ayuda”, explica.

Una mirada al futuro
A pesar de los desafíos, los entrevistados coinciden en que la Convención sigue siendo una herramienta fundamental para proteger a quienes se ven obligados a huir. “Todo es mejorable, pero que la comunidad internacional fuese capaz hace 75 años de ponerse de acuerdo en que había que proteger a un colectivo fue un mensaje importante que deberíamos rescatar, tener en nuestra memoria y mantener en la actualidad”, opina Álvarez.

Mardini cree que ahora el reto pasa por mejorar el funcionamiento del sistema: “Debe ser más rápido, más justo y estar más orientado a soluciones a largo plazo. Las personas refugiadas necesitan ayuda de emergencia, pero también acceso a la educación, al empleo y la posibilidad de reconstruir su futuro”. “[A los políticos] les pediría que recordaran que cada decisión política afecta a personas reales. Las personas que esperan en las fronteras o viven en campamentos no son números”, finaliza.