El Ministerio de Juventud e Infancia ha elevado a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores la decisión anunciada este lunes por el Gobierno de Aragón de suprimir la asignación económica semanal que percibían los menores extranjeros no acompañados. Se trata de una medida impulsada Vox, a través del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. El Ejecutivo autonómico dirigido por el popular Jorge Azcón justifica dentro de su política de «prioridad nacional». El área encabezada por Sira Rego (Sumar) argumenta que la decisión podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia y constituir un trato discriminatorio por razón de origen.

La consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha ordenado eliminar las pagas semanales que hasta ahora recibían estos jóvenes que se encuentran dentro del sistema de acogida autonómico. Según el Ejecutivo regional, estas asignaciones carecían de un soporte reglado, se abonaban de forma fija —17 euros semanales por menor— y suponían un coste anual de unos 180.000 euros con cargo al Presupuesto.

La medida forma parte de las auditorías internas de gasto que está realizando el departamento de Nolasco y, según defienden desde la consejería, responde al principio de «prioridad nacional», al destinar esos recursos a atender primero las necesidades de los ciudadanos españoles. En este sentido, el vicepresidente aragonés ha defendido que los 180.000 euros que hasta ahora se empleaban en estas asignaciones «equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias».

La decisión ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a remitir un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que valore si los hechos pueden constituir una vulneración de los derechos fundamentales de los menores tutelados. El departamento de Rego sostiene que la medida establece una diferencia de trato entre menores bajo la tutela de la misma Administración en función de su origen, al retirarse la asignación a los menores migrantes mientras se mantiene para aquellos con nacionalidad española.

«Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años», ha afirmado la ministra, que ha calificado la decisión de «racista» y «miserable». Rego ha asegurado además que se trata de «la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox» y ha advertido de que estas políticas buscan «crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma».

En el escrito remitido a la Fiscalía, el Ministerio considera que la actuación podría vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento o raza, así como el artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia. Asimismo, recuerda que las administraciones responsables de menores tutelados deben garantizar la cobertura de sus necesidades cotidianas y favorecer su integración sin discriminación.