La directora general de Protección a la Infancia y las familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, sostiene que el Ejecutivo regional siempre ha «tendido la mano» al Estado para tratar de dilucidar de qué forma se aplicará el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Así lo trasladó tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, este viernes, en las que pedía «máximo diálogo» al Gobierno autonómico para aplicar la norma de la UE.

Y es que, como sostiene la directora general, tras más de un mes desde la entrada en vigor del pacto de la UE, el archipiélago y el resto de comunidades autónomas carecen de información sobre cómo aplicarlo. Sobre todo, preocupa que no se haya aclarado el procedimiento legal que se debe seguir en el caso de los menores, que sigue sin poder ejecutarse porque no se ha definido quién asumirá el papel de una de las figuras clave: su representante.
La Fiscalía de Menores ha intervenido en regiones como Aragón para garantizar la recepción de los chicos

Precisamente, uno de los choques entre el Estado y Canarias es determinar quién debe asumir la representación de los menores durante la primera fase de su llegada a las costas. Mientras que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, envió un requerimiento al Ejecutivo regional para que hiciera este nombramiento en un plazo de 15 días, el Ejecutivo canario sostiene que «aún se desconoce en quién recae esa responsabilidad», por lo que no entienden por qué, ahora, se les hace una «amenaza velada» para que cumplan algo que, todavía, no saben si es su competencia.

La directora general de Protección a la Infancia insiste en que Canarias no rechaza colaborar, sino que entiende que esa obligación corresponde al Estado porque el triaje se desarrolla «todavía bajo competencias estatales», antes de que el menor quede bajo tutela autonómica. «Las competencias de Infancia comienzan en el momento de la acogida y de la protección; el triaje se desarrolla en la fase previa», defiende.

Por contra, la Delegación del Gobierno en Canarias alega que esa persona que esté presente durante el triaje «no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión de ese Centro de Atención Temporal de Extranjeros», por lo que quedaría «claro» que debe ser la región la que esté presente «al tener esas competencias exclusivas», según recoge la Agencia Efe.

Este jueves, estaba previsto que en la Conferencia Sectorial de Inmigración se iba a tratar de esclarecer todos estos aspectos, si bien, se tuvo que cancelar por falta de cuórum tras el plante de las regiones del PP.

Al margen de esta controversia jurídica, la directora general asegura que el sistema de derivaciones de menores continúa funcionando, sobre todo, aquellas que implican a los menores que han llegado tras declararse la contingencia migratoria extraordinaria. «Las resoluciones están llegando con mayor rapidez al concentrarse los expedientes en la Administración del Estado, y las comunidades están colaborando», incide, aunque en algunas de ellas, como Aragón (donde gobierna el PPjunto a Vox), ha tenido que intervenir la Fiscalía de Menores debido a su negativa a acoger a más chicos.