El Ministerio del Interior obvia en sus informes sobre inmigración irregular los extranjeros que han llegado a España buscando burlar los controles del proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en enero. La Policía Nacional ha detectado distintos flujos de inmigrantes traídos por las mafias, engañados bajo la premisa de que podrían optar a tener sus papeles en regla en nuestro país. Sin embargo, no aparecen en el conteo oficial

El departamento de Fernando Grande – Marlaska publica cada 15 días un balance de inmigración en el que recapitula las entradas irregulares por vía terrestre y marítima. La estadística compara los datos con el mismo periodo del año anterior. El documento habla de las llegadas por mar a las Islas Canarias y a las Baleares, y por tierra se centra en Ceuta y Melilla. Esto hace que las personas que han llegado por la frontera con Francia, que es el caso de quienes han cogido las nuevas rutas con motivo de la regularización, no aparezcan en los documentos del Ministerio del Interior.

Así, el último informe refleja que un total de 14.479 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, un 24,7% menos que en el mismo periodo del año anterior (con 19.222), aunque a Ceuta han subido por vía terrestre un 149%. El informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 11.488 migrantes, un 36,1% menos que en 2025, cuando se produjeron 17.976 llegadas. Este año han arribado en 448 embarcaciones, 157 menos que el año anterior. En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.991 personas han entrado este año por vía terrestre, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior

La regularización extraordinaria de extranjeros impulsada por el Gobierno se ha convertido en uno de los mayores procesos administrativos de este tipo llevados a cabo en España. El Ejecutivo cerró el plazo de presentación de solicitudes con cerca de 1,17 millones de expedientes registrados, una cifra que multiplicó las previsiones iniciales y obligó a reforzar la capacidad de tramitación de las oficinas de Extranjería y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El procedimiento, aprobado mediante real decreto, estuvo dirigido a personas extranjeras que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que cumplían los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos figuraban acreditar un periodo mínimo de permanencia continuada en territorio nacional, carecer de antecedentes penales y encontrarse en alguno de los supuestos contemplados por la regulación extraordinaria. La autorización concedida permite residir y trabajar durante un año, con la posibilidad de acceder posteriormente a las vías ordinarias de renovación previstas por la legislación.

La elevada respuesta sorprendió incluso al propio Gobierno. Durante la preparación del proceso se manejaban estimaciones que situaban el número de potenciales beneficiarios en torno al medio millón de personas. Sin embargo, la cifra final prácticamente duplicó esas previsiones, convirtiendo la iniciativa en la mayor regularización extraordinaria realizada en España desde 2005.

El grueso de las solicitudes fue presentado de forma telemática, aunque miles de personas acudieron también a oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos para completar la documentación. La colaboración de colegios profesionales, entidades sociales y organizaciones especializadas resultó decisiva para orientar a los solicitantes y evitar el colapso de los servicios administrativos.

Los primeros balances difundidos por el Ministerio reflejaron que más de la mitad de los expedientes habían sido admitidos a trámite en apenas unas semanas. Esa admisión otorgó automáticamente una autorización provisional para residir y trabajar mientras se resolvía el expediente definitivo, permitiendo a miles de personas incorporarse de inmediato al mercado laboral legal. Las primeras resoluciones favorables comenzaron a notificarse antes incluso de que concluyera el plazo de presentación de solicitudes.

El perfil de los solicitantes muestra una población mayoritariamente joven y en edad de trabajar. La mayoría tiene menos de 45 años y procede de países de América Latina, con Colombia como principal nacionalidad entre los expedientes registrados. Cataluña concentró el mayor volumen de solicitudes, seguida por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque el proceso alcanzó cifras elevadas en prácticamente todas las comunidades autónomas.

El Ejecutivo defendió la regularización como una herramienta para aflorar empleo, combatir la economía sumergida y ofrecer seguridad jurídica a personas que ya residían en España. Desde el Ministerio se insistió en que la medida no respondía a un efecto llamada –algo que sí admiten fuentes policiales–, sino a la necesidad de dar cobertura administrativa a una población ya integrada social y laboralmente en numerosos sectores económicos.

La incorporación al mercado laboral fue uno de los argumentos principales utilizados por el Gobierno. Según los primeros datos oficiales, una parte importante de las personas admitidas a trámite ya figuraba dada de alta en la Seguridad Social poco después de iniciarse el procedimiento. Hostelería, comercio, construcción y actividades administrativas concentraron buena parte de esas incorporaciones, reflejando el peso que la población migrante ya tenía en esos sectores antes incluso de obtener la autorización administrativa.

No obstante, la regularización también abrió un intenso debate político y jurídico. Diversas comunidades autónomas y partidos recurrieron el real decreto ante el Tribunal Supremo al considerar que podía entrar en conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Aunque inicialmente el alto tribunal rechazó suspender cautelarmente la medida, posteriormente abrió la puerta a estudiar con mayor profundidad la compatibilidad de la norma con la legislación comunitaria, sin paralizar mientras tanto el proceso administrativo.

La controversia no frenó la presentación de solicitudes. Durante las últimas semanas del plazo se produjo un incremento notable de expedientes, obligando a reforzar la atención administrativa para absorber la demanda. El Gobierno reiteró en varias ocasiones que los solicitantes podían continuar presentando su documentación con normalidad y trasladó un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre generada por los recursos judiciales.

Tras el cierre del plazo, el reto pasó a ser la resolución de más de un millón de expedientes en apenas tres meses, el plazo previsto por la normativa. Para ello, el Ministerio anunció refuerzos de personal y mejoras en la tramitación digital con el objetivo de evitar retrasos y garantizar que las autorizaciones definitivas llegaran dentro del calendario previsto.