El PP y Vox aprobarán el próximo viernes en Les Corts Valencianes la denominada

ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026

, que se convertirá en la segunda ley de España que incluye el concepto de prioridad nacional, tras haberlo incorporado esta semana en las cuentas públicas valencianas.

Ambos partidos completarán así el acuerdo que ha permitido aprobar los terceros presupuestos de la Generalitat de la legislatura – los primeros de

Juanfran Pérez Llorca

como presidente – , tras haber aceptado el PP todas las enmiendas de Vox excepto una, que pedía recortar más la partida de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La

ley de medidas fiscales

, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat de 2026, más conocida como ley de acompañamiento, pasará un primer trámite este lunes, con el debate en la comisión de Presupuestos de las enmiendas presentadas por todos los grupos, y se aprobará definitivamente el viernes en el pleno.

El PP y Vox llegan al debate de las enmiendas con

varias acordadas,

entre ellas las referidas a la prioridad nacional, que se incluirá en las leyes autonómicas de la Renta Valenciana de Inclusión y la de Servicios Sociales para primar en las prestaciones a quienes mantengan "un a

rraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana

, con el objetivo de asegurar la vinculación efectiva y estable del solicitante con el territorio".

Además, han acordado que

el Consell aprobará “las disposiciones reglamentarias”

que desarrollen las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas “inspiradas en el principio de prioridad nacional”, con “un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio” y “la exclusión del acceso a prestaciones estructurales para personas en situación administrativa irregular, salvo urgencia vital”.

Según el texto pactado, se considerará cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste el

empadronamiento

en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana un mínimo de 3 años de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, o 10 años dentro de los 30 inmediatamente anteriores de manera continuada o interrumpida.

Se endurecen así los

plazos de la actual ley de Renta Valenciana de Inclusión,

cuya actualización entró en vigor el pasado abril, que considera cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste un empadronamiento mínimo de 15 meses de manera continuada antes de la solicitud, o de 5 años dentro de los10 inmediatamente anteriores de manera continuada o interrumpida.

El PP y Vox

también han acordado modificar la ley de Función pública

para incluir la obligación para el personal funcionario de desempeñar sus funciones “manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro”.

“Deriva racista”

Los grupos de la oposición han acusado de “deriva racista y xenófoba” al PP y Vox por estas medidas, y mientras el

PSPV – PSOE

ya anunció tras la aprobación de los presupuestos que estudiaría recurrirlos al Tribunal Constitucional,

Compromís

ha avanzado que presentará recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento.

Para los socialistas, el pacto en la ley de acompañamiento supone “un paso más” en el “apartheid institucionalizado”, al extender “la mal llamada prioridad nacional” a leyes sociales valencianas y querer “convertir la discriminación en ley”, y para Compromís el PP “se arrastra ante Vox” y pacta medidas “que van contra los consensos más básicos”.

El PP no ha hecho declaraciones sobre las enmiendas pactadas que registró este viernes junto a Vox, partido que ha afirmado que valorará el acuerdo el lunes en la comisión parlamentaria de Presupuestos.

El pleno del viernes pondrá fin al curso parlamentario, que habitualmente acaba a principios de julio pero se ha ampliado para poder aprobar los presupuestos y su ley de acompañamiento, y comenzarán la vacaciones parlamentarias hasta que el 10 de septiembre empiece el nuevo periodo ordinario de sesiones.