Cualquier proyecto transformador choca con los intereses y valores institucionalizados en el Estado a través de su construcción histórica. Lo que llamamos “la derecha” no es sino la expresión política de lo ya existente, con su rastro de iniquidades. Por eso también se denominan “conservadores”. La evolución del poder en la sociedad, conforme determinados sectores intentan conformar las reglas del juego a sus intereses, conduce a conflictos de intensidad variable. El Estado de derecho es la regulación de esos conflictos en términos de reglas e instituciones para permitir la convivencia. Sin embargo, la dominación bien temperada no elimina el desequilibrio de poder consagrado en el propio Estado, en términos de clase, género, nacionalidad, etnia, territorio y valores.

Cuando las presiones sociales sobre el orden dominante se intensifican tienen lugar reformas negociadas que amplían el espacio de representación. Pero cuando las reformas afectan a la raíz del poder de actores influyentes que se benefician del Estado, se rebelan contra el cambio y bloquean la negociación. En casos extremos de forma violenta. Eso es un golpe de Estado.

Y también lo hacen más sutilmente mediante el incumplimiento de las reglas de convivencia a través de una gestión torticera de las instituciones democráticas. Tal práctica también es un golpe de Estado. Este es el movimiento de la historia, en el mundo y en España. Los actores de dichas contrarreformas son partidos llamados de derecha o de ultraderecha, según el grado de incumplimiento de las reglas. Actúan a través de actores situados en el propio Estado. Son la estructura judicial, las fuerzas de seguridad (no tanto las fuerzas armadas), la jerarquía católica y los cuerpos funcionariales. La subversión de los valores de convivencia se produce a través de la manipulación de la información y de la comunicación por grupos de negocios mediáticos y creadores de opinión en las redes sociales. Cualquier otra influencia contra proyectos de reforma, incluidos los poderes internacionales, procede a través de los mecanismos descritos, con el objetivo último de ganar la batalla de las mentes, la suya, por ejemplo, cuyos efectos se hacen sentir en elecciones y en emociones que socavan el sostén de las reformas.

Cada componente de esta confluencia reaccionaria añade sus propios objetivos. Los jueces defienden su poder corporativo frente al poder legislativo del que emana la soberanía popular. También sus intereses materiales. Tales como el control de complejas oposiciones cuya duración y costo limitan el acceso real de los sectores populares. Y los pingües beneficios que algunos obtienen como preparadores de oposiciones al tiempo que tejen sus redes clientelares. O los catedráticos de universidad, cuya organización mediante un cuerpo estatal limita el principio de la autonomía universitaria, ya recortado por la dominación de las administraciones autonómicas. Interventores, abogados del Estado, economistas del Estado y agrupaciones gremiales de todo tipo anidadas en un Estado unitario y centralista, perpetúan los grupos de intereses que dependen de un Estado que controlan, mande quien mande.

¡Y ay de quien les impida medrar!: los gobiernos pasan, la burocracia queda. Bendecida por una jerarquía eclesiástica en desfase con la sociedad que resiste la legitimidad de nuevos valores pese a los vientos de reforma que llegan del Vaticano. Un aquelarre estatal jaleado por algunos sectores mediáticos, sufragados y protegidos, que no toman prisioneros cuando se sienten amenazados en su miseria intelectual disfrazada de independencia. ¿Es posible una política reformista capaz de superar una tal oposición? Lo ha sido en tiempos y espacios distintos. Pero requiere proyectos que conecten con lo que hoy sienten muchos ciudadanos para pasar de la indignación a la esperanza.