La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha criticado al Partido Popular por no acudir a la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada este jueves en Madrid. «Lo que hay que hacer es venir aquí y hablar, y si hay que pelar, se pelea uno aquí, y si hay que llamar la atención al Estado se hace fuera y dentro, pero hay que venir», remarcó Delgado tras el plante de los populares a la reunión en la que se iba a realizar un balance sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y, además, se iba a dar información sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, una de las peticiones elevadas por Canarias.

Por esa misma cuestión, la consejera autonómica solicitó reunirse, aún así, con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para poder plantearle las dudas que iba a trasladar en la reunión, suspendida por falta de cuórum.

En dicho encuentro, Delgado le trasladó a la ministra que la Delegación del Gobierno en Canarias le había enviado un requerimiento para exigir el nombramiento del representante de los menores, figura que introduce el pacto migratorio de la UE. Precisamente, una de las dudas que se iba a despejar en la conferencia sectorial era saber qué administración sería la encargada de nombrar a dicho responsable. Por ello, la consejera reprochó que se le hubiera enviado ese requerimiento, que tachó de «amenaza velada», porque «aún no está establecido por parte de los ministerios cómo se va a desarrollar ese protocolo y quién tiene que estar en ese triaje».

De esta forma, Delgado ‘arrancó’ el compromiso de la ministra de Inclusión de coordinarse con los ministerios de Interior e Infancia para definir ese protocolo de actuación. «No sé si yo misma tendré que reunirme con ellos, pero estamos a disposición porque Canarias, en todo momento, ha tenido esa actitud colaborativa», remarcó.

Además, las dos administraciones han acordado celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para despejar aquellas incógnitas sobre cuestiones «que no necesitan una respuesta inmediata».

Desplante del PP
La mayor parte de los gobiernos del PP decidieron no participar en la conferencia sectorial tras leer una declaración conjunta, en la que tacharon de «simulación» la reunión, acusaron al Gobierno de «deslealtad institucional» y recalcaron el rechazo de las autonomías del PP a avalar una «política migratoria opaca e irresponsable».

Según los consejeros del PP, el Gobierno ha ignorado todas las solicitudes de información de las autonomías y ni siquiera les ha entregado el acta y vídeo de la comisión sectorial previa.

Los consejeros han asegurado que no se les ha dado ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración en nuestro país, ni tampoco ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia.

Asimismo, no se ha atendido la solicitud de las comunidades de compartir la «documentación reservada» que existe sobre el proceso de regularización.

En su declaración, las regiones gobernadas por el PP afirman defender «una inmigración legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral».

«Una política migratoria que atienda al principio de afinidad cultural, el refuerzo de las fronteras, la coordinación entre las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo», añaden.

La consellera gallega de Política Social, Fabiola García, ha resumido la postura de sus compañeros en el rechazo a participar en «un paripé» ante la negativa del ministerio a facilitar la información solicitada.

El Gobierno pretendía abordar el balance del proceso de regularización extraordinaria, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 608.000 peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estos solicitantes tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000.

Entre los puntos del día también figuraban otros temas, como la evolución de la situación migratoria, el funcionamiento del sistema estatal de acogida y el desarrollo de las vías legales y ordenadas de migración.