A caballo entre Madrid y Barcelona, Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina, 1970) compagina su labor de diputado y portavoz de Comuns con una activa precampaña para las elecciones locales de 2027, en las que aspira a regresar al Gobierno municipal de la capital catalana, donde ya fue vicealcalde en el primer mandato de los comunes con Ada Colau (2015-2019).

Sumar es el socio minoritario del Gobierno y, en varias ocasiones, ha criticado públicamente algunas decisiones del Ejecutivo. ¿Qué balance hace de estos casi tres años de legislatura?
En este mandato se han producido cambios importantes como ya pasó en el anterior, cuando logramos que Pedro Sánchez, en vez de gobernar con Ciudadanos, entendiera que tenía que abrirse a alianzas plurinacionales, republicanas y con una fuerte mirada social. Eso explica, en gran medida, la ofensiva tan dura de algunos sectores del Poder Judicial siguiendo la consigna de ‘el que pueda hacer que haga’ de José María Aznar.
¿Los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE han hecho que se replanteen su alianza de gobierno?
Somos muy exigentes con la corrupción y también muy contundentes contra las operaciones de lawfare que se están llevando a cabo desde algunos sectores del Poder Judicial. Nacimos como una fuerza contundente con los casos de corrupción del PP y también lo somos con los del Partido Socialista. Sabemos que muchos de los ataques contra Sánchez y su entorno tienen como objetivo derrocar al Gobierno, pero eso no impide que este partido deba dar explicaciones sobre casos como los que afectan a José Luis Ábalos o lo que se está discutiendo sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
La figura del ex presidente gozaba de un cierto aura entre sectores de la izquierda. ¿Provoca eso que la decepción por las informaciones que siguen saliendo sea aún mayor?
Creo que Zapatero está siendo castigado judicialmente por el papel que desempeñó a la hora de facilitar un Gobierno en el que participaran las fuerzas izquierdas y colaborasen el PNV y Junts. Eso explica, además de sus posiciones en política exterior, que los casos judiciales que le afectan presenten muchas irregularidades desde el punto de vista procesal y de las pruebas comenzando por las que fueron directamente aportadas por el Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, las últimas explicaciones del ex presidente [ayer en TVE] sobre las joyas o sobre sus cobros como lobista sí generan decepción. Porque, incluso aunque no fueran ilegales, son inaceptables en términos éticos.
¿En este escenario, creen que la mejor opción es agotar la legislatura?
Veo a Alberto Núñez Feijóo muy ansioso por matar la legislatura, pero nosotros creemos que, mientras haya posibilidades de impulsar transformaciones sociales, tiene sentido seguir. La respuesta está, por ejemplo, en la persistencia del ministro Pablo Bustinduy hasta coneguir que, la semana pasada, el Congreso aprobara una reforma del sistema de dependencia con millones de euros que permitirán garantizar derechos de las familias. Si eso fue posible, también lo es, por ejemplo, la derogación de la ley mordaza que lesiona derechos democráticos básicos. Somos implacables con los cuestionamientos que se hacen sobre ciertas conductas del Partido Socialista, pero no vamos a hacer nada que aplane el camino para que un PP que, más que el de Feijóo, es el de Isabel Díaz Ayuso y Aznar sea arrastrado por Vox a políticas que supondrían incluso un desconocimiento de los fundamentos de la Constitución.
-Uno de los Ministerios del PSOE con los que ustedes más dicrepan es el de Vivienda. ¿Cree que las políticas de Isabel Rodríguez han sido poco ambiciosas?
Ha habido muchas insuficiencias y se ha actuado tarde. Compartimos con la ministra la necesidad de defender que el parque de vivienda pública no debe poder privatizarse, es importante, pero también creemos que hay medidas urgentes que han sido impulsadas más por el Ministerio de Bustinduy [Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030] que por la propia Rodríguez, como la prórroga de los contratos de alquiler.
¿Es partidario de un frente amplio de izquierdas como el que propone Gabriel Rufián, para las próximas elecciones generales, que vaya desde el actual Sumar hasta Podemos y partidos independentistas como ERC?
Comparto con Rufián el sentido de la urgencia frente a la posibilidad de que vivamos en un país indirectamente gobernado por Donald Trump, Peter Thiel, Elon Musk y Santiago Abascal, su vocero en España. Es un retroceso civilizatorio que ya estamos viendo en Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos donde Trump está colocando sus peones y, en parte, ya está ocurriendo en Europa. Soy un gran defensor de la máxima cooperación entre las fuerzas de izquierda e incluso de acuerdos democráticos con algunos partidos conservadores para evitar que el neofascismo nos lleve a la guerra, a genocidios y al enfrentamiento entre los sectores más vulnerables de la población.
Pese a esa urgencia que comenta, muchas veces las izquierdas hacen más evidentes sus divergencias que sus puntos de unión, como ha pasado con Sumar y Podemos. ¿A qué lo atribuye?
Sin duda, hemos cometido errores. Muchos de los que entramos a la política institucional después del 15-M nos hemos visto obligados a correr demasiado rápido. También fuimos objeto de ataques muy duros desde el punto de vista judicial, con operaciones impuestas por las cloacas del Estado, y eso deja heridas. Pero debemos hacer un gran esfuerzo de unidad pensando en las mujeres, los migrantes y la clase trabajadora. Algunas cuestiones básicas en materia de vivienda y de libertades democráticas pueden tener tranquilamente el apoyo no solo de los partidos de izquierdas, sino de fuerzas de centroderecha democráticas como el PNV o Junts. Esa mayoría plurinacional y republicana puede continuar siendo decisiva para evitar que el PP, prisionero de Vox, nos lleve a un escenario trumpista.
¿Cree que el papel de Junts, desde que rompió con el PSOE, contribuye a facilitar ese posible cambio de Gobierno?
Junts está en un momento hamletiano dudando de si debe acercarse a Aliança Catalana, de la misma manera que el PP ha acabado capturado por Vox, o si, por el contrario, debe formar parte de ese bloque más amplio con los grupos de izquierdas y el PNV, donde se puede negociar el alcance de determinadas medidas sociales, pero donde todos somos conscientes de que hay que preservar algunos cambios democráticos y una mirada descentralizadora del Estado que sería revertida si quien acaba dirigiendo la batuta es Abascal.
En esa mirada descentralizadora, ustedes proponen un modelo plurinacional. ¿Qué pasos conducen a esa forma de organización del Estado?
Ya hemos hecho aportaciones en ese sentido. Por primera vez en la historia de España, cuatro lenguas oficiales pueden hablarse con normalidad en el Congreso de los Diputados. Esto debería ser una adquisición definitiva, pero no tenemos ninguna garantía viendo lo que Vox impone al Partido Popular. La plurinacionalidad es una idea con la que el propio Feijóo llegó a flirtear en su momento, pero hoy es como si sintiera sobre su cuello la espada de Damocles que pendía sobre Pablo Casado. Yo hablo con gente de los sectores más liberales del PP y reconocen que ese camino hacia una cierta pluralidad, hacia la descentralización, hacia el otorgamiento de más competencias a los municipios es algo que todos podríamos compartir frente al modelo de recentralización en torno a Madrid, a sus grandes grupos mediáticos y a sus grandes centros de poder, que es lo que ha impulsado Ayuso. Es, en definitiva, la idea de Estado que encarnaba alguien como Miguel Herrero de Miñón, que venía de Alianza Popular, que fue padre de la Constitución y que, lamentablemente, se ha ido perdiendo en un retroceso preocupante. La diversidad que existe en el Estado debe estar expresada en la descentralización judicial, en el modelo de financiación, en la cultura…
Hablemos de Barcelona. ¿Qué ha impedido reeditar en este mandato la alianza de su partido con el PSC de Jaume Collboni?
Creo que nos equivocamos al facilitar la Alcaldía de Collboni sin contraprestaciones claras porque al Partido Socialista, si lo dejas actuar con discrecionalidad, lo que hace inmediatamente es mirar a los grandes poderes económicos y subordinar a los barrios populares. Por lo tanto, nuestro objetivo es volver a conseguir la dirección política como en 2015 y 2019.
¿La cohabitación con el PSC durante cinco años y medio les impidió desarrollar sus políticas?
Sin duda, hubiéramos querido tener otras mayorías que no son siempre fáciles cuando no te financian los bancos o cuando vienes de movimientos sociales, pero mientras mantuvimos la dirección política del Gobierno conseguimos que el PSC entendiera cuáles eran algunas de las prioridades. Aunque tengo que decir que muchas de las 20 querellas que nos pusieron por defender los ejes verdes del Eixample o la obligación del 30% de vivienda asequible en nuevas promociones tenían al PSC detrás. Cuando el lawfare se hace contra Sánchez y su familia, nosotros lo criticamos, pero no olvidamos que, en Barcelona, el PSC lo practicó.
En lo que va de año ha habido 11 homicidios en Barcelona y en el reciente barómetro del Ayuntamiento la inseguridad aparece como el segundo problema más grave para los ciudadanos. ¿Hay un problema de seguridad?
Es comprensible que los vecinos quieran vivir en paz, con tranquilidad y seguridad. Soy muy partidario de tomarse en serio las grandes causas de la inseguridad en Barcelona y creo que podemos señalar dos: la especulación inmobiliaria que está expulsando a miles de personas de la ciudad y algunas expresiones de crimen organizado que estamos viendo últimamente y que hay que enfrentar con determinación.No quiero una Barcelona con pistolas o navajas ni con fondos buitre expulsando a los vecinos del barrio. Hay que trabajar e invertir más en zonas desatendidas para garantizar cohesión social, servicios básicos, una Guardia Urbana de proximidad, iluminación…
Está previsto que en 2027 la Guardia Urbana de Barcelona pueda empezar a usar pistolas táser. El teniente de Alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, defiende que son “una herramienta necesaria”. ¿Por qué Barcelona en Comú está en contra?
Hay muchas otras herramientas, el trabajo de inteligencia de una Policía moderna, como la de Barcelona, puede desactivar y desarmar por otras vías a los grupos que puedan generar inseguridad en los barrios. Desde 2018 ha habido ocho muertos por descargas de táser en España. Por tanto, nos parece que es desproporcionado e innecesario que puedan llegar a usarse con chicos de 14 años.
¿Qué le parece que el Gobierno haya declarado Lugar de Memoria Democrática la Jefatura de Via Laietana pero mantenga su uso como sede policial?
Llega tarde y no entendemos que este reconocimiento tardío no haya venido de la mano de algo que hemos pedido y vamos a seguir exigiendo al ministro Fernando Grande-Marlaska, que eso se haga sin los usos policiales que existen ahora y que pueden trasladarse a otros lugares de la ciudad. La pedagogía que se pretende con esta declaración no es compatible con esos usos, creo que muchos de los policías que trabajan allí preferirían hacerlo en otro sitio y dejar que eso se convierta en un espacio de memoria.
¿Cuáles son sus principales críticas al Ejecutivo del PSC y qué alternativa propone?
El Gobierno de Collboni ha vivido de renta de algunas de las medidas más avanzadas que habíamos impulsado desde Barcelona en Comú en urbanismo, vivienda o ciencia, que luego se han replicado en Ámsterdam, París o en ciudades de Estados Unidos. Collboni ha demostrado ser un alcalde conservador que ha vivido de esa inercia y no ha impulsado ninguna política de vanguardia. En comparación con Sánchez o Salvador Illa, es mucho más difícil que podamos llegar a acuerdos con él porque es la versión más conservadora y menos dispuesta a pactar del Partido Socialista, y de ahí los problemas que tenemos con ellos. Nosotros queremos recuperar el nuevo impulso del municipalismo de alcaldes como Zohran Mamdani [Nueva York] o de ciudades como Saint-Denis (Francia). Frente a los relatos apocalípticos del mundo que se acaba, ofrecemos un futuro posible para las ciudades, más verde, justo y moderno tecnológicamente. Collboni ha dejado de invertir en vivienda pública, ha desarticulado prácticamente las unidades contra los desahucios dejando desprotegidas a muchísimas familias El alcalde no ha hecho prácticamente nada para contrarrestar un fenómeno como el de las personas sin hogar, que luego generan problemas de seguridad, como decíamos antes, y de convivencia.
-Varios sondeos vaticinan que Aliança Catalana entraría en el Consistorio y podría ser la cuarta fuerza. Esto se une a prospecciones electorales que sitúan a este partido peleando por la segunda plaza en el Parlament. ¿A qué atribuye esta tendencia?
Por un lado, hay algo de la frustración que se produjo por la salida que tuvo el procés. Me parece que es innegable. Y también que ha habido un giro a la derecha de sectores económicos en Cataluña. Más allá del discurso supuestamente catalanista que defiende Aliança, sus votos concretos en materia social, económica o migratoria acaban coincidiendo exactamente con lo que vota Vox. Por lo tanto, de la misma manera que hemos batallado en el Estado para que no se imponga un trumpismo liderado por Abascal y Ayuso, tampoco queremos que Cataluña o que Barcelona, que es una ciudad diversa y plural, se conviertan en un laboratorio de un nuevo trumpismo en el que Aliança Catalana y Vox puedan ir de la mano.
Usted se reivindica como nieto de republicanos andaluces y orgullosamente catalán y latinoamericano.
Sí, algo que no era tan relevante en 2015, como son mis orígenes, hoy lo son. En un momento en que se abren políticas racistas bajo la excusa de la prioridad nacional, para mí sí es importante ser el primer candidato a la Alcaldía de Barcelona de origen migrante con posibilidades de ganar. No solo por mí, sino por decenas de miles de barceloneses y barcelonesas que, no habiendo nacido aquí, se sienten parte de esta ciudad, la están construyendo y no van a pedir permiso para seguir así.