PEDRO MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ/

Aunque el titulo es una clara referencia al libro escrito por José L. Martín Vigil, el cual tuvo como lectores a gran parte de mi generación, cuando éramos adolescentes, no voy a referirme para nada a él. Simplemente, voy a tomarlo prestado como introducción a unas reflexiones sobre la caótica, nefasta, ineficaz, improvisada, incompetente y descoordinada política de inmigración del desgobierno socialista de Zapatero.

Cierto olor a podrido hay en la política socialista de inmigración y algo no huele bien en el Ministerio del Sr. Caldera, cuando éste, en plena crisis del drama humanitario de la masiva, incontrolada y deshumanizada invasión, de casi 19.000 ilegales, (en lo que va de año) a las costas canarias, ha estado totalmente desaparecido y como oculto, dando el más absoluto, irresponsable y vacío silencio, como única respuesta y solución al problema inmigratorio.

Cierto olor a podrido hay en la política socialista de inmigración y algo no huele bien en el ministerio del Sr. Caldera, cuando Coalición Canaria, con su presidente a la cabeza, Adán Martínez, y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) han pedido públicamente el cambio de la Ley de Extranjería, el cese inmediato de Caldera y Rumí, y ayuda urgente a UNICEF, ante la incompetencia e ineficacia de ambos en la aplicación de medidas eficaces, para controlar la llegada de ilegales, para coordinar su asistencia y facilitar su integración.

Cierto olor a podrido hay en la política socialista de inmigración y algo no huele bien en el ministerio del Sr. Caldera, cuando el Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, ante la invasión diaria de nuestras fronteras (por tierra, mar y aire) de miles y miles de ilegales desde la entrada en vigor de la nefasta e irresponsable regularización masiva de inmigrantes como consecuencia del ecuménico efecto llamada y de papeles para todos del ministro Caldera, ha tenido que salir (en contra del ministro, en todos los medios de comunicación) para afirmar y denunciar públicamente que «en España ya no hacen falta nuevos procesos masivos de regularizaciones de inmigrante, ya que lo que se necesita realmente es una labor eficaz, responsable y políticamente consensuada de integración de todos los inmigrantes honestos y trabajadores, al mismo tiempo que una labor de dura represión y de masiva expulsión de los inmigrantes vagos y maleantes».

Cierto olor a podrido hay en la política de inmigración del gobierno de Zapatero, cuando hacen oídos sordos ante la solicitud de Valcárcel, Camps y Aguirre, de una reunión urgente con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para abordar y tratar la asistencia a los inmigrantes, de una manera integral e integrada, mediante una coordinación, entre las respectivas administraciones, ágil, eficaz, eficiente y, sobre todo, políticamente consensuada.

Cierto olor a podrido hay en la política de inmigración del gobierno socialista de Zapatero, cuando éste (hace solamente unos días y tras reponerse de su agotadora y responsable agenda, en la residencia La Mareta de Lanzarote, con esas vacaciones pagadas por todos los españoles) anunciaba a bombo y platillo que España «exigiría nuevos y más compromisos» a la Unión Europea para frenar la inmigración irregular, mediante la visita de De la Vega a Finlandia, ignorando, desconociendo o ambas cosas a la vez, (como es habitual y nos tiene acostumbrados) las declaraciones, al respecto, del ministro de Exteriores finlandés; así como las explicaciones, dadas en Bruselas por el portavoz de la Comisión Europea para asuntos de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam quien dijo «comprender la frustración que sienten los ciudadanos y las autoridades de Canarias» ante las últimas avalanchas de cayucos con inmigrantes, pero que por el momento España «no había pedido nada ni al comisario Franco Frattini ni a Frontex» para complementar la misión actual en marcha.

Cierto olor a podrido hay en la política socialista de inmigración en Murcia, cuando el PSOE acusa al PP de «falsear la realidad» al denunciar públicamente, éste, que el número de inmigrantes ilegales en nuestra Región es ya de 165.000 y, que éstos representan el 13% de la población total, rozando incluso en algunos municipios casi el 20%, como es el caso de Fuente Álamo, Torre Pacheco, Mazarrón y Sotana. Igualmente han acusado al PP de alarmismo al querer saber cuántos ilegales están llegando y entrando a España, por sus fronteras naturales, en trenes, en autobuses, en barcos, en pateras, en cayucos y, últimamente, hasta en motos acuáticas, y cuántos de estos son deportados en aviones a nuestra Región, para ser luego abandonados a su suerte en nuestros municipios.

Cierto olor a podrido hay, asimismo, en la política socialista de inmigración, cuando se vuelve a acusar al gobierno de Valcárcel de practicar «una política de descalificación» y de «denuncia infundada» por afirmar que la política de inmigración que practica el PSOE en la Región de Murcia y la nueva forma de regularla, consiste exclusivamente «en el envío de inmigrantes (setecientos, en los últimos cinco meses) al aeropuerto de San Javier de forma imprevista, descoordinada y sin previo aviso, ni a las autoridades regionales competentes, ni a los ayuntamientos implicados y, es más, ni tan siquiera a las ONGs que vienen trabajando y cooperando con la Dirección General de Inmigración y la Policía Nacional en la integración social, laboral y cultural de estas personas».

Cierto olor a podrido hay en esta política de inmigración, cuando hasta el propio Delegado de Gobierno de Murcia, Ángel González, ha propuesto reciente y públicamente que «se frene la llegada de inmigrantes» porque «no puede ser que a Murcia llegue más contingente del que reciben otros».

Cierto olor a podrido hay en la política socialista de inmigración en la Región de Murcia, cuando Saura y sus muchachos siguen acusando, gratuitamente, al gobierno de Valcárcel de «estar asentado permanentemente en la bronca y en la confrontación», por afirmar, en el programa electoral del PP del 2003 y en el prólogo del Plan Regional para los inmigrantes de la Región de Murcia, que «… los inmigrantes constituyen per se un nuevo e importante valor social añadido; siendo éste imprescindible y eficaz para el desarrollo social, laboral, cultural y económico de nuestra Región, al contribuir enormemente al crecimiento del PIB, con sus aportaciones, cuando se incorporan al mercado regional de trabajo».

Cierto olor a podrido hay en el gobierno socialista de Zapatero, cuando con su política de laissez faire et laissez passer está permitiendo que, en inmigración, sean las mafias las que manejen y coordinen los flujos migratorios a su antojo, y la mayoría de las veces, en franca connivencia económica y policial con los gobiernos africanos de Marruecos y resto de países subsaharianos, exportadores de inmigrantes y alejados de los tratados y de las leyes del resto de países importantes de la Unión Europea, como Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania.

Pedro Manuel Hernández López es diputado regional del PP y secretario de la mesa de la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Regional.