La prioridad nacional ha pasado de ser un principio político plasmado en los acuerdos entre PP y Vox en cuatro autonomías (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) a una ley. Por vez primera en España, una norma con rango legal, los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, incluye este eslogan acuñado por la extrema derecha francesa de Le Pen. El presidente valenciano, Juan Francisco Perez Llorca, ha aceptado el 99% de las enmiendas de Vox para sacar adelante las cuentas de su gobierno, incluido el polémico principio, pese a que el consejero de Economía, José Antonio Rovira, lo descartó con el argumento de que no tenía cabida en un proyecto de “números y cuentas”.

Sin embargo, para evitar la flagrante ilegalidad que supondría la aplicación de la prioridad nacional, ―la Ley de Extranjería, de carácter orgánico, prohíbe discriminar por razón de nacionalidad en el acceso a los servicios y prestaciones sociales― PP y Vox han tenido que retorcer el concepto, travistiéndolo en el más digerible de arraigo. Así, una de las enmiendas aceptadas por el PP compromete al Gobierno valenciano a “facilitar el acceso a una vivienda pública, en régimen de propiedad o alquiler, inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Y enumera los requisitos que se tendrán en cuenta a la hora de conceder las ayudas: “Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España. Refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado que residen en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

Fuentes de Vox no ocultan que su propósito es que los españoles tengan preferencia en el acceso a la vivienda pública ―y, en general, a cualquier otra ayuda social, como las becas para guardería o comedor escolar― por lo que presionarán para que las bases de las convocatorias se redacten de tal forma que los extranjeros queden en la práctica relegados frente a los nacionales. Sin embargo, si el criterio del arraigo se plantea como excluyente o prima sobre los de carácter socio-económico (ingresos, números de hijos a cargo, personas dependientes) puede darse la paradoja de que un español más necesitado pierda la ayuda en favor de un extranjero más arraigado.

Incluso sin llegar a esta situación, algunos colectivos cuya profesión les obliga a una gran movilidad geográfica han recibido con preocupación las noticias sobre los requisitos que se exigirán a partir de ahora para obtener estas ayudas en comunidades gobernadas por PP y Vox. Ese es el caso de los militares. Los responsables de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Iñaki Unibaso, la Unión de Militares de Tropa (UMT), Francisco José Durán, y la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), Miquel Peñarroya, tres asociaciones reconocidas como representativas por el Ministerio de Defensa, advierten de que los militares están obligados por ley a residir en su localidad de destino y con frecuencia tienen que cambiar de ciudad cuando ascienden. Eso hace, explican, que les resulte muy difícil completar los cinco años de empadronamiento que exigen los pactos PP-Vox para acceder a las ayudas al alquiler y casi imposible llegar a los 10 requeridos para la compra de vivienda social. Defensa abona a los militares una ayuda para vivienda, pero su importe no cubre ni de lejos el alto precio de los alquileres y tiene una duración máxima de tres años.

Durán explica que no se trata de un problema teórico, ya que el Ejército de Tierra está construyendo un acuartelamiento en Monte la Reina (Zamora) donde se van a instalar unos 1.400 militares con sus familias, en su inmensa mayoría procedentes de fuera de Extremadura y sin arraigo alguno en la región. El mismo problema se da con la nueva base logística militar de Córdoba, “Hemos hablado con el Ayuntamiento de Zamora. Somos trabajadores públicos y queremos saber cómo van a afectarnos esos acuerdos”, explica Durán.

Aunque Vox lograra a medio plazo imponer su criterio de priorizar a los españoles dejando de lado el requisito del arraigo, no se resolvería el problema para las Fuerzas Armadas: en torno al 10% de los soldados de las unidades más operativas son extranjeros, casi en su totalidad de países latinoamericanos. Ello explica el alto tributo en sangre que han pagado: cuatro colombianos y un ecuatoriano fallecieron en las misiones de Líbano y Afganistán; entre ellos, la segunda militar muerta en combate, Niyireth Pineda. “Sería difícil de entender que se discrimine a quienes están dispuestos a dar su vida por nuestra Patria”, reflexiona Peñarroya.

Las consecuencias imprevistas de los pactos PP-Vox no se limitan a los militares: requisitos como acreditar “empadronamiento histórico” o tener familiares de primer grado residiendo en la comunidad donde se adjuque una vivienda, incluidos en los presupuestos valencianos por presión de Vox, podrían ser utilizados por sectores independentistas catalanes para dificultar que españoles procedentes de otras partes del Estado se instalen en sus municipios, en una especie de filtro de solicitudes en función del número de apellidos nativos.

Además, la aplicación del principio de prioridad nacional va más allá de la vivienda. Vox presume de que ha logrado introducir en los Presupuestos de Generalitat Valenciana una modificación del tiempo mínimo de residencia exigido para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que pasa de 12 meses a tres años, lo que dejará sin ayuda a muchas familias en riesgo de exclusión social. Además, la Oficina Valenciana de Inclusión se convierte en Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno y dedicará su presupuesto (915.000 euros este año) no a la integración de los inmigrantes sino a su retorno.

Para cerrar el círculo, Vox no solo ha impuesto al PP un aumento de los plazos de empadronamiento para acceder a ayudas sociales sino también un endurecimiento del empadronamiento en sí. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que debía dedicarse a prevenir catástrofes como la dana de 2024, incluirá ahora entre sus funciones “el refuerzo del control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda, incluyendo el fraude padronal, la ocupación ilegal y la sobreocupación”. Muchas de estas novedades se concretarán en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que las Cortes valencianas tienen previsto aprobar la próxima semana.