Cuando Tazeeb Tazeeb llegó a Italia en 2021 tras huir de Pakistán —donde había sido amenazado por su trabajo de periodista— y atravesar a pie la ruta balcánica, pensó que había dejado atrás los problemas. Encontró trabajo en el campo, en la región del Véneto, junto a otros compatriotas, y aceptó un contrato que apenas entendía. “Aquí pone que tienes que hacer lo que yo diga”, le repetía el capataz que había ejercido de intermediario para conseguirle el empleo. Aquella fue la primera señal de alarma.

Durante meses, este hombre de 29 años se levantó a las cuatro de la mañana para trabajar en la vendimia y en otras labores agrícolas. En algunos periodos llegó a encadenar jornadas de 12 horas durante semanas. “No podías ponerte enfermo, no podías descansar. La única consigna era trabajar y callar. Siempre había alguien vigilándonos”, recuerda.

Compartía una vivienda proporcionada por el capataz, con colchones repartidos por el suelo: “Era una casa para cuatro personas y vivíamos allí 20”. Recogían la uva con las manos desnudas. “No nos daban guantes ni gafas ni botas. Cada trabajador tenía que comprar sus propias tijeras y el equipo de protección”, prosigue. Además, debían pagar cinco euros diarios por el transporte hasta los campos.

El salario prometido nunca llegaba. El intermediario les daba algo de comida y les recordaba que les estaba pagando el alojamiento. “Al principio nos pagaban tres o cuatro euros la hora. Después, durante ocho meses no nos pagaron nada. Descubrimos que el empresario ya había entregado nuestro salario al intermediario, pero nosotros seguíamos sin cobrar”, explica el jornalero.

Las amenazas formaban parte de la rutina. “Si no hacías lo que te pedían sin rechistar, te amenazaban con prenderte fuego”, asegura Tazeeb. Solo cuando él y otros compañeros acudieron al sindicato descubrieron el engaño: en el contrato figuraban apenas 10 horas de trabajo semanales.

Tazeeb Tazeeb, durante su etapa como periodista, frente a la embajada de la India en Atenas (Grecia), en febrero de 2020.
Tazeeb se convirtió en una de las muchas víctimas del llamado caporalato en Italia, el sistema ilegal de intermediación laboral mediante el que capataces o reclutadores suministran a empresas agrícolas mano de obra en condiciones de explotación. En este sistema, el caporal organiza el reclutamiento, el transporte, el alojamiento y hasta los pagos, quedándose a menudo con parte de los salarios, lo que le permite ejercer un enorme poder sobre los trabajadores.

Víctimas extranjeras
Aunque históricamente el fenómeno afectó también a numerosos trabajadores italianos, desde hace años la mayoría de las víctimas son extranjeros, especialmente procedentes de África, Asia y Europa del Este. Suelen encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad por las barreras lingüísticas, la precariedad administrativa y la falta de redes de apoyo. “Siempre buscan a quien no habla bien italiano y no conoce sus derechos. Se aprovechan de las personas que necesitan trabajar. Quien acaba de llegar a Italia termina casi siempre en la agricultura porque, sin papeles, no tiene otra opción”, resume Tazeeb.

Según el último informe del Observatorio Placido Rizzotto, vinculado al sindicato FLAI-CGIL, unas 240.000 personas están expuestas al caporalato y a otras formas de explotación laboral en la agricultura italiana, casi una cuarta parte de la mano de obra del sector. Más del 70% son empleados extracomunitarios y alrededor de 50.000 son mujeres.

Jean-René Bilongo, presidente del Observatorio, subraya: “El caporalato convierte a las personas en objetos y las tira cuando ya no son útiles. Es una forma de esclavitud moderna y supone una gravísima herida para la cultura del trabajo”.

Tazeeb fue uno de los primeros temporeros extranjeros en denunciar los abusos que sufría, hace casi cuatro años. Aunque la justicia le dio la razón y hoy cuenta con permiso de residencia, el proceso ha sido largo y tortuoso. Sigue trabajando en el campo, pero dirige a la vez una pequeña cooperativa agrícola, creada junto a varios compañeros: con ella ha sustituido la figura del intermediario o caporal e intenta conseguir para otros jornaleros las condiciones que él nunca tuvo.

Sin embargo, asegura que el sistema sigue persiguiéndole. Los precios que muchos empresarios están dispuestos a pagar apenas permiten cubrir salarios, impuestos y cotizaciones. “Si acepto esas condiciones, no puedo trabajar legalmente”, afirma. Tras años en los campos italianos, siente que aún no ha logrado escapar de la telaraña de precariedad y explotación que alimenta el caporalato: “Muchos empresarios me dicen que otros pakistaníes o indios aceptan trabajar por menos. Solo he encontrado una o dos personas que paguen de forma justa. Apenas he podido enviar dinero a mi familia una vez”, lamenta.

Cuando, el pasado 1 de junio, cuatro jornaleros migrantes fueron asesinados de forma brutal en Calabria, quemados vivos dentro de un coche, muchos volvieron a preguntarse cómo es posible que, en pleno 2026, la explotación laboral siga tan presente en los campos italianos. Sin embargo, quienes llevan años investigando el fenómeno sostienen que esa tragedia no fue una excepción, sino la manifestación más extrema de un sistema que continúa afectando a decenas de miles de personas.

Momento en el que uno de los presuntos homicidas bloquea las puertas del coche para impedir salir a los cuatro jornaleros de Calabria, en una imagen tomada por las cámaras de la gasolinera.
Agenzia Fotogramma/Zuma Press/EP
Para Marco Omizzolo, sociólogo de la Universidad La Sapienza, investigador de Eurispes y uno de los mayores expertos italianos en la materia, la razón principal por la que el caporalato sigue existiendo es tan sencilla como contundente: “Porque es conveniente. Es económicamente rentable”. A ello se suma, explica, una sensación generalizada de impunidad. “Muchos empresarios que explotan mano de obra migrante están convencidos de que nunca serán inspeccionados o de que los controles serán mínimos”, lamenta el investigador.

Omizzolo conoce esa realidad desde dentro. Tras más de dos décadas investigando el fenómeno, convivió durante casi dos años con jornaleros indios y llegó a infiltrarse como trabajador agrícola para documentar el sistema desde dentro. “Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día por salarios que en algunos casos apenas alcanzaban los 300 o 350 euros al mes”, recuerda.

Si hace una década el caporalato era más visible, hoy ha adoptado formas mucho más sofisticadas. “Ya no es el de 2011, pero ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación”, explica Yvan Sagnet, fundador de la organización No Cap y antiguo jornalero. Sagnet impulsó la histórica huelga de Nardò de aquel año, la primera gran protesta de jornaleros migrantes en Italia, un hito que situó el fenómeno en el centro del debate nacional y abrió el camino a las primeras reformas legales. “Hoy la explotación se esconde detrás de falsas cooperativas, subcontratas o mecanismos aparentemente legales. Ha disminuido la tolerancia social y han aumentado los controles, pero sigue ahí”, dice.

En Calabria, miles de trabajadores siguen viviendo en barracones, edificios abandonados o campamentos improvisados. Médicos por los Derechos Humanos (MEDU, por sus siglas en italiano), una de las organizaciones que asiste a trabajadores agrícolas migrantes en el sur de Italia, documenta regularmente la existencia de viviendas sin agua corriente, electricidad ni servicios sanitarios adecuados. En algunos casos, los residuos se queman al aire libre y los temporeros recorren varios kilómetros en bicicleta para llegar a los campos por carreteras sin iluminación.

Los equipos médicos encuentran habitualmente enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos, trastornos musculares y lesiones laborales que, en ocasiones, requieren hospitalización. “Es necesario dejar de tratar el caporalato como una emergencia permanente y asumir que es un problema estructural del sistema agrícola italiano, que se alimenta de la vulnerabilidad de miles de trabajadores. Hay que garantizar derechos, protección y condiciones de vida dignas a quienes sostienen uno de los principales sectores productivos del país”, señala Martina Castelli, coordinadora nacional de MEDU.

Omizzolo ha documentado además una realidad aún más extrema. Desde 2014 investiga sobre trabajadores agrícolas obligados a consumir opio, metanfetaminas y otros estimulantes para soportar jornadas extenuantes. Uno de ellos le explicó así su situación: “Sin esas sustancias no puedo trabajar. Si no puedo trabajar, no puedo comer. Si no puedo comer, no puedo mantener a mi familia. Estoy obligado a drogarme para sobrevivir”. “La sociedad se define como democrática y constitucional, pero produce al esclavo contemporáneo”, apunta el investigador.

Italia aprobó en 2016 una ley específica contra el caporalato que amplió las herramientas judiciales para combatir la explotación laboral. Aunque supuso un avance importante, sigue siendo insuficiente para erradicar el fenómeno. “Los controles son demasiado esporádicos”, sostiene Yvan Sagnet.

“Agromafias”
Las mafias han encontrado en el caporalato una fuente de negocio. Investigadores y sindicatos denuncian desde hace años que clanes locales e intermediarios criminales extranjeros trabajan de forma coordinada. El único superviviente de la matanza de Calabria, actualmente bajo protección policial, denunció ante los investigadores la existencia de una gran red mafiosa pakistaní detrás del control de la mano de obra agrícola.

Tazeeb comparte esa percepción y asegura haber oído a los intermediarios presumir de sus conexiones con los clanes locales y afirmar que las denuncias de los temporeros no les preocupaban. “Las mafias italianas y algunos intermediarios extranjeros trabajan juntos. Y, cuando trabajan juntos, quienes siempre salen perjudicados son los trabajadores”, remarca.

Manifestantes desfilan durante una protesta celebrada en Milán (Italia) por el asesinato de Soumailo Sacko en la llanura calabresa de Gioia Tauro, el 9 de junio de 2018.
Dino Fracchia (Alamy Stock Photo)
Según el último informe de Eurispes, uno de los principales institutos de investigación socioeconómica de Italia, las mafias infiltradas en el sector agroalimentario —conocidas como “agromafias”— mueven ya más de 25.000 millones de euros al año mediante actividades como el caporalato y los abusos laborales, el fraude alimentario, el control de la logística y el desvío de fondos públicos.

Omizzolo explica que, en determinadas zonas agrícolas, “el territorio está mejor controlado por las mafias que por el Estado”. En ese contexto, sostiene, para algunos empresarios resulta más útil “mantener una relación de favor con las mafias que una relación de derecho con el Estado” para explotar a los trabajadores con total impunidad.

Bilongo insiste en que la inmensa mayoría de los agricultores italianos cumplen la ley, pero advierte de que existe un núcleo de empresarios e intermediarios que se aprovecha de las grietas del sistema y de la vulnerabilidad de los empleados agrícolas para mantener viva esa práctica abusiva.

El asesinato de los cuatro jornaleros en Calabria ha vuelto a situar este fenómeno en el centro del debate político y social en Italia. La principal organización agraria del país, Coldiretti, ha pedido reforzar los controles, garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas para los temporeros y proteger a la inmensa mayoría de agricultores que cumplen la ley. Por su parte, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, ha prometido “tolerancia cero” contra quienes explotan a los trabajadores. “No son empresarios, son delincuentes”, ha afirmado y ha señalado que el caporalato constituye una forma de competencia desleal para los productores que respetan las normas. El Gobierno ha anunciado un refuerzo de las inspecciones contra los abusos laborales.