Carlos Mazón se convirtió en junio de 2023 en el primer barón del PP que firmaba con Vox un pacto de gobierno tras las elecciones autonómicas celebradas apenas unas semanas antes. El dirigente alicantino presentó entonces el acuerdo de investidura junto a quien era su mano derecha y había llevado las riendas de la negociación con los de Abascal. Aquel hombre era Juanfran Pérez Llorca, convertido hoy en presidente de la Generalitat tras la dimisión de Mazón por su actuación el día de la dana que dejó 231 muertos en Valencia. Tres años después, Llorca es el primer presidente autonómico en asumir la «prioridad nacional» de Vox en una ley.

Las Cortes Valencianas aprueban este miércoles la ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 gracias al nuevo pacto suscrito entre PP y Vox, que puso como condición a Llorca la referencia expresa a la «prioridad nacional» en unas cuentas públicas que ascienden a 33.305 millones de euros. El presidente valenciano logrará así la aprobación de los que son sus primeros presupuestos, tras salvar una investidura con Vox que ni siquiera requirió de un pacto por escrito.

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Llorca, de hecho, gobierna en minoría con el apoyo externo de Vox que, en el caso valenciano, rechazó entrar a formar parte del Ejecutivo autonómico. Pese a ello, la primera norma en España que contemple la «prioridad nacional» tendrá sello valenciano, pues hasta ahora el concepto no había pasado de figurar en los pactos de gobierno suscritos por ambos partidos tras el último ciclo electoral.

Todos los presidentes autonómicos que han salido de las urnas en los últimos meses (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) han tenido que ceder vicepresidencias y consejerías a Vox, pero también aceptar la «prioridad nacional» en sus acuerdos de gobernabilidad. Sin embargo, es la Comunidad Valenciana la que se adelanta al dar amparo legal a una de las principales banderas políticas de Vox.

Los de Abascal ya avanzaron su apoyo a las cuentas de Llorca sacando pecho de que serían las primeras en incluir el concepto de «prioridad nacional», algo que el propio PP se apresuró a negar. En la presentación del borrador de los presupuestos, el consejero valenciano de Hacienda, José Antonio Rovira, llegó a decir que dicha exigencia no tenía cabida en unas cuentas autonómicas. «No se puede recoger», dijo. La posterior negociación de las enmiendas a los presupuestos entre ambos partidos ha demostrado que Vox tenía razón.

El PP ha asumido el marco discursivo de Vox, pero los de Abascal han renunciado a que «prioridad nacional» se vincule a la nacionalidad española, es decir, al famoso «los españoles, primero». Desde que Vox colocó la «prioridad nacional» en la agenda y el debate públicos, los populares han tratado de acotarlo al concepto de arraigo para desvincularlo de la nacionalidad. Tras el pacto de gobierno en Extremadura, el PP presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a una moción de Vox que sirvió para fijar la «prioridad nacional» como el «arraigo real, duradero y verificable» que habría de tenerse en cuenta a la hora de conceder ayudas sociales. A partir de ahí, esta es la idea que se ha venido repitiendo en el resto de pactos y que se ha acabado trasladando formalmente a los presupuestos de la Generalitat.

En concreto, la «prioridad nacional» regirá para el acceso a una vivienda pública o a ayudas sociales como la renta valenciana de inclusión. El texto acordado por PP y Vox se refiere explícitamente al «principio de prioridad nacional», aunque «adecuado a la legalidad vigente». El matiz no es menor, pues el propio partido de Abascal ha tenido que admitir que, sobre el papel, no podrá excluirse a nadie en función de su nacionalidad. En este sentido, la adecuación a la legalidad pasa por que dicho principio «procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana». Con el objetivo, se añade, de «asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región».

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¿Y qué significará esto en la práctica? El mejor ejemplo es el de la renta valenciana de inclusión, la prestación social más importante que concede la Generalitat. Cuando el debate de la «prioridad nacional» apenas comenzaba a despuntar, PP y Vox ya acordaron endurecer el requisito del tiempo de empadronamiento previo para acceder a la ayuda. Se pasó de 12 a 15 meses, si bien ahora el objetivo es elevar el «arraigo» hasta los tres años, lo cual dificultará el acceso de los inmigrantes a la prestación.

El portavoz socialista en las Cortes, José Muñoz, ha denunciado que con estas cuentas valencianas se evidencia que «hay un partido que manda y otro que obedece, una extrema derecha que impone ese concepto de apartheid y un presidente de la Generalitat que va a ser el primero que normativiza en la asignación de los recursos públicos el concepto del racismo». La líder del PSPV-PSOE y candidata a la Generalitat, la también ministra Diana Morant, ya ha avanzado la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. «Nosotros podemos presumir de que tenemos un presidente que cumple frente a un presidente del Gobierno de España que solo promete», le ha respondido el PP valenciano.